• La obligación del Estado es salvaguardar el interés superior de la niñez; si Ejecutivo Federal aplica el decreto de austeridad, violaría la Constitución Política, tratados internacionales y derechos de niños y niñas, en especial los de primera infancia

Palacio Legislativo, 16-07-2020 (Notilegis).- La diputada María Ester Alonzo Morales (PRI) afirmó que los recursos públicos destinados a atender a la primera infancia han sido afectados por medidas de austeridad emitidas por el Ejecutivo Federal, aunado al impacto negativo del Covid-19 en las finanzas mexicanas.

Mediante un comunicado, sostuvo que el Ejecutivo estableció que no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros, lo que podría afectar los recursos orientados a la infancia.

“Este decreto se ha venido aplicando de manera indiscriminada a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, perjudicando a diferentes sectores de la población; existe una gran incertidumbre en el tema de las niñas y niños, ya que este decreto, también puede ser aplicado a programas que les benefician, los cuales están orientados a vacunación, salud materna, sexual y reproductiva”, puntualizó.

La legisladora solicitó al titular del Ejecutivo no aplicar el decreto que establece las medidas de austeridad que afectarán a diversas dependencias, así como programas destinados a la primera infancia, a fin de no vulnerar los derechos humanos de este importante sector.

“La obligación del Estado es salvaguardar el interés superior de la niñez, por ende, si el Ejecutivo Federal aplica este decreto, violaría la Constitución Política, tratados internacionales y los derechos de los niños y niñas, en especial los de primera infancia”, dijo Alonso Morales.

Pese a que el Estado tiene la obligación de garantizar el principio de interés superior de la niñez, la realidad es que ha ejercido acciones en contra de lo que dispone la Constitución; ya que, respecto a la política pública implementada en el país, los recursos públicos orientados a la primera infancia se han visto afectados por reducciones de hasta un 30 por ciento, esto solo en el periodo 2019 a 2020.

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