• La bancada condena el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, en Colima

Palacio Legislativo, 17-06-2020 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del PRD, que coordina la diputada Verónica Juárez Piña, llamó al Consejo de la Judicatura Federal a revisar y reforzar, en coordinación con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, las medidas de seguridad de todos los impartidores de justicia, luego del asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, en Colima.

“Estas medidas deben ser implementadas, de manera urgente para aquellas y aquellos funcionarios que, en ejercicio de sus encomiendas, vean amenazadas su integridad y su vida, así como la de sus familias”, indicó la bancada en un comunicado.

Ayer lunes, el juez Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, fueron asesinados a las puertas de su domicilio, en la ciudad de Colima.

La fracción parlamentaria perredista condenó el doble crimen y expresó “su más alta solidaridad para con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, así como su más profundo rechazo a cualquier forma de violencia, principalmente aquella que tiene como objeto la coacción de funcionarios, desvirtuar la procuración e impartición de justicia o favorecer a la delincuencia organizada de cualquier forma”.

Asimismo, manifestó “su plena disposición para que, desde el ámbito legislativo, puedan ser aprobadas reformas destinadas a la protección de las y los juzgadores que, en ejercicio de sus funciones, puedan ser objeto de estos actos intimidatorios, medidas tales como los jueces sin rostro y otras que, en la experiencia internacional, han servido para garantizar la impartición de justicia en estos casos”.

Las y los diputados perredistas subrayaron que “en estos momentos resulta de vital importancia el alineamiento de los esfuerzos institucionales para contrarrestar la acción de quienes, por medio de la violencia, buscan debilitar a las instituciones de nuestro Estado. Por lo anterior, reiteramos la necesidad de que, dentro de la discusión de las reformas planteadas por el Poder Judicial, se contemplen medidas que protejan prioritariamente la vida de las y los juzgadores”.

“Hacemos un llamado urgente e inaplazable a la sociedad para rechazar cualquier acción que tenga como objetivo final generar desconcierto, temor o intimidación y favorecer, consecuentemente, la impunidad de quienes, amparados por la violencia, lesionan a nuestro país”, concluyeron.

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