• Las diputadas Verónica Juárez y Azucena Rodríguez plantean “blindar” más de 40 apoyos a diversos grupos, en el PEF 2021

Palacio Legislativo, 10-11-2020 (Notilegis).- Las diputadas del PRD Verónica Juárez Piña y Azucena Rodríguez Zamora propusieron incluir un “Acuerdo de Blindaje Electoral” en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2021, para evitar manipular la pobreza a través de programas sociales en comicios de junio próximo.

Mediante un comunicado, señalaron que propusieron incorporar a dicho decreto el artículo 30-Bis, en el cual se precisa que la Federación y las entidades federativas deberán instalar una “Mesa Nacional del Acuerdo de Blindaje Electoral”, a más tardar el 30 de enero próximo.

Dicha mesa deberán integrarla el o la titular de la Secretaría de Gobernación, de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y de la Fiscalía de Delitos Electorales, un representante del Instituto Nacional Electoral (INE) y de cada uno de los partidos políticos nacionales.

Asimismo, que a más tardar el 7 de febrero de 2021 se instale en cada entidad federativa, una “Mesa Estatal” similar con el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo y representantes del gobernador, la Junta Ejecutiva Local del INE, de la Fiscalía de Delitos Electorales, de cada partido político nacional y de cada partido con registro estatal.

Ambos tipos de mesas -puntualiza la propuesta de las legisladoras perredistas- garantizarán cumplir el acuerdo, y adoptarán las medidas necesarias para tal efecto en sesiones semanales, hasta la conclusión de los cómputos electorales federales y locales.

Las legisladoras por Jalisco y Veracruz, señalaron que la propuesta del Ejecutivo sobre el PEF no incluye este artículo 30-Bis y en el 30 -inscrito en el Capítulo II (De Los Criterios Específicos Para la Operación de los Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20 Bienestar) plantea convenios entre Federación y entidades federativas sólo para programas del Ramo 20, para los cuales se prevé una erogación por 189 mil 970 millones de pesos, en el 2021.

La propuesta de las diputadas Juárez y Rodríguez es para esos seis programas, pero también para todos los demás incluidos en el Anexo 25 (todos los sujetos a Reglas de Operación) que, junto con los de Bienestar, suman siete de Agricultura y Desarrollo Rural; uno de Economía; nueve de Educación Pública; tres de Salud; uno de Trabajo y Previsión Social; cuatro de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; cuatro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; uno del IMSS-Bienestar; dos de Ciencia y Tecnología; tres de Cultura, y tres de Entidades No Sectorizadas.

Por otra parte, el Ejecutivo plantea en el tercer párrafo del artículo 30 de su Proyecto de Presupuesto que la Federación, a través de la Secretaría del Bienestar, deberá establecer convenios con las entidades federativas para impulsar “el trabajo corresponsable en materia de superación de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación” y para promover “el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo”.

La propuesta de las diputadas perredistas es que la Secretaría de Gobernación encabece esos convenios, pero prevé fechas, periodos y mecanismos precisos de actuación con otros entes involucrados.

Así, por ejemplo, sugieren que el “Acuerdo de Blindaje Electoral” incluya que no se suspenderá la entrega de apoyos a los beneficiarios, pero sí la propaganda gubernamental de todo tipo a partir del inicio de las campañas electorales federales, o antes, si la legislación local así lo dicta.

Se prohíba a los servidores públicos que operan los programas sociales, usar indumentaria o documentación alusiva a cualquier nombre, frase, color o símbolo que los relacione con candidato o partido político alguno, y también que se suspendan los eventos masivos de entrega de apoyos a partir del inicio de precampañas.

Los ejecutores de los programas, a su vez, deben informar a las Mesas sobre la operación, calendario y forma de entrega de los apoyos, padrón de beneficiarios y montos de apoyos correspondientes a su territorio.

Obliga a todo funcionario, incluidos los llamados Servidores de la Nación y a los beneficiarios, a denunciar ante las autoridades electorales y la Fiscalía de Delitos Electorales cualquier condicionamiento del voto; invitación a apoyar eventos de campaña, partidos o candidatos, o cualquier medida de presión contra la libertad del sufragio con motivo de dichos programas sociales.

-0-