• Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, prioridad legislativa en el país: Julieta Vences

• Revisión del marco jurídico procurará una relación más cordial y benévola entre autoridades migratorias y migrantes: Rocío Barrera

Palacio Legislativo, 29-09-2020 (Notilegis).- Las diputadas de Morena, Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, y Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, reconocieron la construcción desde el Legislativo de un marco jurídico donde el Estado mexicano actúe para proteger los derechos humanos y poner en el centro el interés superior de la niñez a la infancia migrante.

En un comunicado, la legisladora Julieta Kristal Vences Valencia manifestó que con la aprobación las reformas a la Ley de Migración y de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de infancia migrante, se marcará la pauta para la participación coordinada entre instituciones, y se da en cumplimiento con la libertad de menores por motivos migratorios.

Argumentó que cada año medio millón de indocumentados recorren el territorio mexicano a bordo de “La Bestia”, con la intención de poder llegar a Estados Unidos. Dentro de esa cifra, un importante porcentaje está constituido por niñas, niños y adolescentes, a quienes la vida norteamericana les promete un mejor futuro.

“Por desgracia, la llegada de las niñas, niños y adolescentes con o sin la compañía de un adulto o un familiar, provoca que se encuentren en un grado mayor de vulnerabilidad, motivo por el cual el Estado mexicano debe actuar para poder proteger sus derechos y poner en el centro el interés superior de la niñez”, dijo.

La diputada federal por Puebla señaló la preocupación de atender los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes, mismos que se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad, la combinación entre edad y condición migratoria demanda una protección específica y adecuada de sus derechos por parte del Estado de origen, de tránsito, destino y retorno, y de otros actores involucrados.

“Las medidas o ausencia de los gobiernos tienen repercusiones mucho más graves sobre la infancia que sobre cualquier otro grupo social, prácticamente todas las esferas de acción política del gobierno, por ejemplo, la educación y la salud pública, afectan a la infancia de alguna manera”, refirió.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios reiteró que se plantea el reconocimiento de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes como una prioridad legislativa en el país, razón por la cual el actual marco jurídico nacional debe protegerlos.

Por su parte, la diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, señaló que la propuesta legislativa es profundamente garantista para las personas migrantes, que históricamente han sufrido de la indolencia, pues migrar debe ser un derecho y no una necesidad.

Explicó que uno de los compromisos que el actual gobierno ha asumido, en conjunto con la LXIV Legislatura, es la revisión del marco jurídico para procurar una relación más cordial y benévola entre las autoridades migratorias y las personas migrantes, en especial, en lo que hace a las niñas, niños y adolescentes.

Aclaró que las reformas asumidas en el Legislativo atiende al llamado de organismos internacionales que con suma experiencia y autoridad moral, se ha revisado con profundidad y detenimiento entre órganos legislativos y diversas organizaciones.

“Sus cualidades son múltiples, pues dan mayor certeza en los procesos, y su motivación es muy clara: la necesidad de establecer canales seguros de tránsito, condiciones efectivas de certeza jurídica y garantía de seguridad física, jurídica y sanitaria, no sólo en el plano personal, sino familiar e incluso patrimonial”, indicó.

Anotó que se atiende la imperiosa necesidad de velar por el interés superior de la niñez, propiciando, entre otras cosas, que personas menores de edad no puedan ser detenidas en estaciones migratorias o cualquier otro centro de detención habilitado como tal, encomendando al sistema de Desarrollo Integral de las Familias su protección y estableciendo un nuevo modelo alternativo a la detención, con pleno respeto a los derechos humanos y apego al interés superior de la niñez.

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