Palacio Legislativo, 28-04-2021 (Notilegis).- La diputada Gloria Romero León (PAN) expuso que reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas tienen como objetivo central generar una guía sobre cómo se debe manejar el servidor público frente a un conflicto de interés y cómo se debe resolver.

Lo anterior, a través de la plataforma digital Zoom, al fundamentar el dictamen que reforma la fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Detalló que se pretende especificar los diferentes tipos y definiciones de conflicto de interés que puedan generarse, ya que el concepto genérico de conflicto de interés tal y como está establecido en la Ley actual resulta insuficiente y confuso.

Dicha situación impide al operador jurídico correspondiente contar con todos los elementos necesarios de juicio para alcanzar una decisión apegada a justicia y derecho.

Detalló que queda establecido que los intereses personales serán aquellos que, cuando con motivo de sus funciones, el servidor público deba tramitar, atender o resolver un asunto del que pueda derivarse algún beneficio o evitarse un perjuicio para el propio servidor.

Consideró indispensable que desde el Gobierno Federal se instrumenten las políticas públicas acordes con los más altos principios de gobierno abierto, que contribuye a la prevención y disuasión de conductas que fomenten actos de corrupción.

A fin de que cuando los servidores públicos, de cualquier jerarquía y nivel de gobierno, lleven a cabo un acto que implique conflictos de interés, puedan ser sancionados ejemplarmente.

“Sólo así con hechos y buena voluntad a batiremos y reduciremos con éxito los actos de corrupción en México, tanto en el sector público como del sector privado”, abundó.

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