• La diputada de Morena y expertas señalan que se deben proponer soluciones para la participación laboral de las mujeres y el trabajo de los cuidados

Palacio Legislativo, 02-12-2021 (Notilegis).- La diputada Judith Celina Tánori Córdova (Morena) afirmó que es fundamental crear una política pública que ponga en el centro los salarios iguales entre hombres y mujeres, se sancione la discriminación en los espacios de trabajo, y se reconozca y proponga soluciones para la participación laboral de las mujeres y el trabajo de los cuidados.

Durante el foro “Avances y retos en materia económica con perspectiva de género”, la diputada indicó que a través de los foros “surgió una pregunta clave sobre en qué aspectos tenemos que poner especial atención quienes buscamos legislar para prevenir la violencia de género en el país; una respuesta obvia es la autonomía económica de las mujeres”.

Tánori Córdova refirió que de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, México ocupa el penúltimo lugar de participación laboral femenina en América Latina, “un dato impactante es que el 83 por ciento de las personas que no generan ningún tipo de ingresos propios son las mujeres”.

“Esto pone a las mujeres en una grave situación de vulnerabilidad porque las vuelve dependientes de otros generando un contexto adverso donde se encuentran vulnerables en la aparición de violencia económica o patrimonial”, añadió.

Comentó que actualmente las mujeres invierten 39 horas a la semana en trabajos domésticos y de cuidados, mientras que los hombres solamente invierten 14 horas a la semana. “Tenemos que reconocer que estas labores nos competen a todas y a todos por lo que se tiene que redistribuir entre ambos géneros”.

Señaló que es fundamental que el Estado asuma la responsabilidad que tiene con los cuidados, que tome en cuenta la necesidad de tener estancias de cuidado infantil “que sean verdaderas estancias de desarrollo integral y que no sean subrogadas, sino que el gobierno sea quien las opere con responsabilidad y una lógica de bienestar social”.

Consideró que se necesitan licencias de paternidad en los trabajos para que los hombres se involucren desde los primeros días en el cuidado de los hijos e hijas y, “el Estado también es quien debe responsabilizar a los patrones de generar dinámicas laborales que se puedan compaginar con la vida familiar”.

Dijo que, en el marco de los 16 días de activismo por el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en contra de las mujeres, la recuperación económica familiar en México tiene que priorizar el acceso de las mujeres a trabajos remunerados, con seguridad social y prestaciones que marca la ley.

Agregó que se requiere también que se promueva el acceso a créditos para mujeres, activos financieros para las mujeres y que tome en cuenta las necesidades de nuestro género.

“Necesitamos un feminismo que se concentre en lo político a partir de la representación de mujeres tomando en cuenta la perspectiva de género en lo cultural del reconocimiento de las y en lo redistributivo que escuche y responda a las exigencias de las mujeres de todos los estratos sociales”, abundó.

Por su parte, la diputada Julieta Vences Valencia (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que para que el país avance se necesita que las mujeres estén en la actividad laboral y perciban recurso económico para poder transformar el país.

Apuntó que la diferencia entre mujeres y hombres de horas trabajadas sin remuneración es más o menos de 20 horas a la semana, lo cual lleva a que las mujeres vivamos con una brecha salarial enorme.

Mencionó que muchas mujeres estudian a nivel medio superior y superior, sin embargo, dijo que cuando salen a la vida laboral por lo menos cuatro de 10 mujeres no encuentran como incorporarse al ámbito laboral por este tema de cuidados.

“Vivimos en una sociedad donde el tema de los roles que se ha generado para las mujeres siempre se cree que las mujeres somos las que debemos de llevar la carga de cuidados en la casa y ser las únicas que se encargan de desarrollar este tipo de actividades”, dijo.

Sostuvo que la desigualdad entre mujeres y hombres es un tipo de violencia económica en contra de las mujeres y que, al limitar sus ingresos, otorgar salarios menores, reducir las oportunidades laborales y recargar los trabajos de cuidados no remunerados reduce la capacidad de actuar de las mujeres y en consecuencia generan dependencia de género para el ejercicio de sus derechos plenos.

En sus participaciones, Ana Heuberger y Guadalupe Moreno Quintanar, analistas de datos con perspectiva de género, consideraron que se necesita generar una cultura social desde casa que permita equilibrar la balanza entre hombres y mujeres en el sector doméstico de trabajadoras y en el comercio en establecimientos, para que el salario lo definan la calidad y el desempeño.

Refirieron que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el último trimestre de este año, las mujeres ganaban 18.5 por ciento menos que los hombres; las principales ocupaciones de las mujeres.

Comentaron que según la encuesta el nivel de escolaridad es un factor importante para determinar el ingreso y esto se ve reflejado en los datos a mayor grado de estudios se tiene mayor ingreso, sin embargo, observamos que las mujeres presentan mayor nivel de preparación en cada uno de los intervalos salariales.

Mencionaron que los estados donde hay una mayor brecha salarial son Hidalgo, Jalisco y Campeche; y los estados con menor brecha salarial son Chiapas, San Luis Potosí y Michoacán.

Destacaron que es importante la generación de datos con perspectiva de género para poder realizar predicciones para poder monitorear y mejorar la toma de decisiones.

Por su parte, Denisse Vélez, economista feminista, expuso que la incorporación de la economía feminista en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, ha sido invisibilizado, ya que no pasa por el mercado, sin embargo “es ese trabajo el que sostiene al resto del sistema económico y que está marcada por la división sexual del trabajo”.

Señaló que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres que muchas veces se suele naturalizar, pero “es una organización social y económica desigual en la cual a través de ella y reforzada por la división sexual del trabajo se ha posibilitado la extracción del valor y el tiempo de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres en particular”, abundó.

Consideró que si las políticas públicas de empleo y mercado laboral se orientaran y tuvieran esta perspectiva de no disociar las relaciones monetarias y no monetarias se estima que por cada dólar en el mundo gastado en cuidado se estarían generando alrededor de tres empleos.

Por lo anterior, sostuvo que hablar de cuidados es un asunto de justicia y de una política de redistribución de la riqueza, “se deben generar políticas fiscales expansivas, sobre todo en estos momentos de crisis, redistributivas a través de impuestos progresivos no podemos pensarlo de manera aislada”.

A su vez, María Teresa Cortés Fiesco, economista y maestra de estudios regionales, directora de desarrollo económico en la Secretaría de Igualdad de Género en el Gobierno de Chiapas, expuso que la economía solidaria recoge los planteamientos de la economía feminista en la que una de sus propuestas centrales es la eliminación de la división sexual del trabajo; que se valorice de igual forma el trabajo productivo y reproductivo.

Asimismo, que tenga la misma valorización de los bienes de uso y de cambio, pero también la necesidad de fomentar el cuidado de la vida.

Por último, Aleida Hernández Cervantes, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que los temas centrales del tratado son la promoción de la igualdad de las mujeres en el centro del trabajo, la no discriminación en el empleo y ocupación; la atención de la violencia de género en el ejercicio de derechos laborales y cooperación en el tema de género, trabajo y el empleo entre los socios comerciales.

Por lo anterior, dijo que las obligaciones y protocolos que se debe someter México se establecen el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en el apartado 31, “ahí es donde se debe de poner énfasis para que las empresas impulsen los protocolos y ver cómo lo están haciendo, y si cumplen con los estándares”.

Comentó que la igualdad de género y los derechos de las mujeres trabajadores según el T-MEC son: la asimetría de poder, la brecha salarial, la discriminación y la violencia hacia las mujeres sigue siendo una constante en el mundo laboral.

Hernández Cervantes señaló que las mujeres dedican más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados y del hogar “solo el 44 por ciento de las mujeres mexicanas en edad de trabajar participan en el mercado laboral mientras que el 88 por ciento son hombres”.

Asimismo, las mujeres mexicanas tienen cuatro veces más probabilidad de ser excluidas del mercado laboral respecto a los hombres; de las que trabajan fuera del hogar, casi el 60 por ciento tienen trabajos informales.

Mencionó que la tasa de sindicalización nacional en México es apenas del 13.64 por ciento, en el caso de las mujeres es del 16 por ciento, pero ello no refleja la calidad de la prestación sindical o sobre las prestaciones a las que acceden

Explicó que las obligaciones de México para evitar la discriminación laboral y la igualdad de género en el marco del T-MEC son: proteger a los trabajadores en contra de la discriminación en el empleo basada en el sexo, embarazo, orientación sexual, identidad de género y responsabilidades de cuidado.

Así como proporcionar licencias de trabajo para el nacimiento o la adopción de infantes y el cuidado de los miembros de la familia; proteger contra la discriminación salarial y obligaciones de no discriminación y atención a la violencia contra las mujeres por parte de los empleadores y de los sindicatos y sus miembros.

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