• Reflexionan en foro sobre los retos de la agenda contra la violencia hacia las mujeres y señalan la importancia de que el sistema de justicia trabaje con perspectiva de género

Palacio Legislativo, 07-12-2021 (Notilegis).- Diputadas de Morena y activistas acusaron que a 20 años del caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el Estado siga siendo omiso y las jóvenes víctimas de estos feminicidios y sus familias no tengan acceso a la justicia.

Señalaron la urgencia que las fiscalías y todo el sistema de justicia investiguen y sanciones con perspectiva de género y apliquen la ley desde y para los derechos de las mujeres niñas y adolescentes.

Lo anterior en el foro “A 20 años de caso Campo Algodonero”, desarrollado en el marco de los 16 días activismo por la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia contra el Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.

Al inaugurar el foro, la diputada Julieta Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que la inacción del Estado en este y muchos casos más que ocurren en el país, visibilizan y hacen evidente la discriminación de las mujeres en el acceso a la justicia.

Apuntó que la impunidad de esta clase de delitos brinda un mensaje confuso para la sociedad: la tolerancia y aceptación social de la violencia en contra de las mujeres; no obstante, dijo, que no se puede permitir porque de lo contrario no se podrá alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, la paz y la seguridad.

En ese sentido, subrayó la importancia de que el Ministerio Público y el sistema de impartición y procuración de justicia investiguen y castiguen bajo una perspectiva de género.

Asimismo, indicó, se deben atender las causas estructurales que fomentan la violencia de género como la pobreza y hacer cambios culturales políticos y sociales profundos aún y en contra de toda resistencia machista.

“Desde la Comisión de Igualdad de Género queremos una agenda legislativa con las mujeres al frente, los derechos al centro y los violentadores fuera de todo espacio de poder y toma de decisión. Por las mujeres de Juárez; las niñas y adolescentes de México, por todas, decimos: Ni una menos”, expresó.

La diputada Andrea Chávez Treviño (Morena) reconoció la labor de los activistas que representan el dolor de muchas víctimas, la historia de proyectos de vida, de anhelos, de deseos de muchas mujeres jóvenes en todas las entidades del país y que luchan y trabajan por conseguir una vida más libre y más digna para las mujeres.

Recordó que la sentencia de la CIDH hacia el Estado se dio por la falta de medidas de protección a las víctimas y de prevención de estos crímenes pese a su conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que privaba de la vida a cientos de mujeres y niñas desde los años 90, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Asimismo, por la falta de dirigencia en las investigaciones de los asesinatos y de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas de este caso, así como de la reparación adecuada, simbólica, económica del daño y sobre todo por la falta de acceso a la verdad.

La vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez Ruiz, sostuvo que desde la Cámara de Diputados también se debe atender la sentencia de la CIDH y sus implicaciones jurídicas relacionadas con el caso del campo algodonero, comenzando por la Constitución Política e incluyendo la perspectiva de género en todos los procesos judiciales, una demanda que secundan muchas voces.

“Campo Algodonero nos mandata una serie de adecuaciones en las leyes y en la Constitución para evitar que se repitan estos hechos, sobre todo en materia del trato hacia las mujeres en el Ministerio Público o en un proceso penal”, asentó.

Recordó que pese a los avances como lograr la tipificación del feminicidio en las 32 entidades federativas y reconocer la violencia feminicida como un fenómeno derivado de la violencia cultural, histórica, social, política y simbólica, aún falta mucho por hacer desde esta legislatura y el Estado, que tiene una gran deuda y reto.

Expuso que está pendiente atender la violencia social contra las niñas, las mujeres indígenas, migrantes o en mayores niveles de vulnerabilidad y la violencia obstétrica, así como realizar una profunda revisión a los sistemas de impartición y procuración de justicia, que siguen siendo un eslabón en esta cadena de impunidad sistemática.

Sonja Perkic-Krempl, directora general de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información, de la Comisión Nacional de Búsqueda, sostuvo que la violencia contra las mujeres en todas sus formas está relacionada con su desaparición ligada con la explotación sexual o laboral.

Apuntó que la sentencia de la CIDH obliga a la sociedad a reflexionar acerca de la normalización de la violencia de género y al Estado mexicano a generar políticas públicas y protocolos de procuración de justicia bajo una perspectiva de género, así como realizar la búsqueda de personas sin dilación, priorizando áreas donde existe más posibilidad de localizarlas.

Teresa Incháustegui, integrante del Comité de Expertas del mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, planteó la importancia de trabajar en la implementación de un sistema de identificación genética de víctimas de feminicidio eficaz, ya que México está muy atrasado en esta materia y eso dificulta la búsqueda y localización de los cuerpos.

Además, dijo, es preciso dejar de visualizar la violencia de género como fenómeno local y verlo a nivel regional, incluyendo Norteamérica, pues muchas de las víctimas de desaparición son ubicadas en otros países, al ser utilizadas con fines de explotación sexual y laboral.

"Necesitamos propuestas bien articuladas dirigidas a las áreas de seguridad federal y estatales, para atender mejor el tema de feminicidio", externó.

David Peña, integrante del equipo jurídico en el caso Campo Algodonero ante la CIDH acusó que la condena de la CIDH generó que hubiera cambios a las leyes y la implementación de políticas públicas para combatir y erradicar la violencia de género contra las mujeres; sin embargo, no se logró garantizar el acceso a la justicia.

“La sentencia de la CIDH es emblemática, pero el factor esencial de la impunidad sigue siendo un problema estructural de impartición y procuración de justicia en México, en servicios periciales, en investigación y en falta de capacitación en materia de perspectiva de género, porque la práctica sigue siendo la misma”, aseveró David Peña.

Frida Guerrera, activista por los derechos de las mujeres, lamentó que la cifra de feminicidios crezca día con día, especialmente en contra de las niñas y mujeres adultas, por lo que demandó a los diputados trabajar en reformas históricas en materia de procuración de justicia para atender los delitos por razones de género.

Alfredo Limas, codirector del Observatorio de Violencia Social y de Género de Ciudad Juárez, pidió a los diputados hacer un llamado al gobierno de Chihuahua y a la Fiscalía General de esa entidad para que los resolutivos más sencillos sean atendidos y haya acceso a la información de las personas desaparecidas.

“No aparece en la página de la Fiscalía no aparece los recortes con las fotografías de las niñas, niños y jóvenes desaparecidos de antes y después del caso de campo algodonero. Pedimos que mínimamente estén pesquisas y fotos de estas personas, porque no hay acceso a la información”, denunció.

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