• “Las condonaciones deben ser para los sectores más afectados, para los contribuyentes más pobres, no para las empresas de los amigos del Presidente”, señala la diputada del PRD

Palacio Legislativo, 01-02-2021 (Notilegis).– La diputada Mónica Almeida López (PRD) exigió la renuncia de Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tras revelarse que la actual administración condonó 7 millones 572 mil pesos a Epigmenio Ibarra y Carlos Payán a través del Grupo Argos.

“Una vez más la 4T vuelve a incumplir sus promesas y de paso con la ley, no dan una para cuadrar su discurso con sus acciones y cada vez son más evidentes sus errores, a sabiendas de que el presidente los protege; sin embargo, si existe algo de congruencia en la titular del SAT, debería presentar su renuncia ante la condonación a amigos del presidente”, indicó en un comunicado.

La legisladora recordó que la estrecha amistad entre el productor y el presidente va mucho más allá del documental y entrevistas que le ha realizado, pues desde hace años han demostrado y externado públicamente su amistosa relación.

Exhortó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a indagar más en el hecho, ya que existen otras empresas bajo esta condición, resaltando que la mayor parte de éstas se encuentran constituidas y operando en Tabasco, con cifras que ascienden a más de 700 millones de pesos.

Almeida López mencionó que hace varios meses presentó una iniciativa que buscaba evitar discrecionalidad presidencial, pero a su vez impulsar o rescatar sectores económicos afectados por alguna situación específica.

“Las condonaciones deben ser para los sectores más afectados, para los contribuyentes más pobres, no para las empresas de los amigos del presidente, es un acto de mezquindad, de traición, pero sobre todo de insensibilidad hacia quienes menos tienen, ya que todos seguimos pagando impuestos a pesar de las condiciones económicas que imperan hoy en día”

Propuso que, para poder condonar impuestos, se deberá contar con una justificación técnica y de impacto social, para que pueda ser evaluada por el Sistema Nacional Anticorrupción y la SFP, y sujetarse a la normatividad existente en materia de transparencia, cuando esto represente un beneficio social y evitar los compadrazgos que imperan en la Cuarta Transformación.

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