• La diputada del PRD plantea reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Palacio Legislativo, 24-02-2021 (Notilegis).- La diputada Mónica Almeida López (PRD) presentó una iniciativa para condicionar a resultados los programas sociales del Gobierno Federal, con el objetivo de impedir que se sigan creando programas electoreros que no ayudan a mejorar o cambiar la realidad de millones de mexicanos.

En un comunicado, informó que se busca reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer que en la planeación y presupuestación se deberá incorporar la integración de indicadores en los programas del ámbito social y su vinculación con derechos, de acuerdo con estructuras de medición y metodología que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Se integrarían indicadores que contengan medios de verificación y métodos de cálculo generados por el Coneval, Inegi o institutos internacionales, que realmente permitan proyectar y desarrollar los objetivos para los que fueron creados los programas, bajo criterios de claridad, relevancia, monitoreo, medios de verificación y metodologías de desempeño, para asegurar que los programas sociales tengan un efecto positivo en la población, y de no ser así se reestructuren o reorienten dichos recursos.

“Hoy vemos que programas sociales como ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ no generan empleo, el programa ‘Sembrando Vida’ tiene múltiples deficiencias y se han dado casos de corrupción y mal uso de dichos recursos y nulos resultados; por lo tanto, es necesario dar un andamiaje legal que obligue al gobierno a garantizar resultados y no desperdiciar el recurso de los mexicanos”, dijo.

Actualmente, mencionó que el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la proyección de indicadores, no cuentan con medios de verificación fiables respecto a la información.

Además, no tienen como principal sustento los resultados, no aportan información acerca de una problemática vinculada a los objetivos y su posible medición, y “lo más preocupante es que la información base de los indicadores, es generada por las propias instituciones responsables, por lo cual se presume una probable manipulación de la información”.

Tener en la ley la obligación de contar con indicadores que sean funcionales y aporten a contar con una verdadera medición y evaluación, tendrá además una articulación entre los programas presupuestarios y evitará gastar en duplicidad de funciones, contribuyendo así a realizar acciones concretas, planificar y, sobre todo, tomar decisiones fundamentadas en resultados y no en intuiciones o corazonadas electorales o morales.

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