Nota N°. 10998 Presenta Josefina Salazar iniciativa para que el Estado garantice el aprendizaje escolar en casos de contingencia sanitaria
  • La diputada del PAN señala que la propuesta plantea reformar el artículo 3 de la Constitución Política

 

Palacio Legislativo, 21-07-2021 (Notilegis).- A nombre del diputado Ricardo García Escalante (PAN), la diputada Josefina Salazar Báez (PAN) presentó una iniciativa de reforma al párrafo décimo del artículo 3 constitucional para que el Estado garantice el mayor aprendizaje en los niveles educativos en casos de contingencia sanitaria, y las herramientas digitales necesarias para recibir una educación de calidad.

 

La legisladora presentó la propuesta en tribuna, durante la sesión semipresencial de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la sede del Senado.

 

Indicó que actualmente alrededor de 30 millones de personas cursan la educación básica y media superior, y de ellos sólo el 20% de estudiantes de escuelas públicas cuenta con una computadora.

 

Refirió que de acuerdo con la Unesco, el 24.84% de los estudiantes en México no tiene acceso a internet, y el 4.47% no tiene televisión, por lo que les ha sido imposible tomar clases a distancia durante la pandemia.

 

Comentó que en el caso del nivel superior más de 300 mil alumnos desertaron entre abril y agosto de 2020.

 

En ese sentido, dijo, se propone que el párrafo décimo del artículo 3 constitucional quede de la siguiente manera:

 

“Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Cuando por razones de contingencia natural, sanitaria o de cualquier índole la educación deba ser desde casa, el Estado deberá otorgar las herramientas electrónicas necesarias para garantizar el mayor aprendizaje de los educandos en todos los niveles educativos”.

 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, con opinión de la Comisión de Educación.

 

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