• La diputada Verónica Juárez, coordinadora de la bancada, asegura que no es suficiente que Arturo Zaldívar haya solicitado a los otros ministros pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del decreto

Palacio Legislativo, 15-06-2021 (Notilegis).- La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora de la bancada del PRD, respaldó la propuesta de interponer a la brevedad una acción de inconstitucionalidad contra el artículo décimo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el Poder Judicial de la Federación, que pretende prorrogar inconstitucionalmente por dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal.

Durante sus conclusiones del Seminario “Autonomía e Independencias Judiciales, División de Poderes y Democracia”, que organizó y moderó con legisladoras de otros grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, Juárez Piña coincidió en que no es suficiente que el propio presidente Zaldívar haya solicitado a los otros ministros pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del decreto, sino que es necesaria la presentación formal de la acción de inconstitucionalidad.

“Con independencia de la iniciativa del presidente Zaldívar, no dejemos de lado el medio jurisdiccional, que es el adecuado, y que no solamente se centre en el artículo décimo tercero, sino que también abarque otros puntos de la reforma”, precisó en un comunicado.

Coincidió en la necesidad de abarcar, en la reforma, otros aspectos del Poder Judicial de la Federación e incluso de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, como lo relativo a la independencia de sus contralorías.

Consideró que por el bien de todos, es necesario apoyar y defender desde la sociedad civil la autonomía e independencia del Poder Judicial, como se ha hecho desde los primeros años del Siglo XIX del México independiente.

“Desde la sociedad civil organizada, la autonomía del Poder Judicial resulta elemento fundamental en la defensa de los derechos de todas y todos los ciudadanos; la discusión respecto a las consecuencias que tiene la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, regulado por la Constitución, a través de un transitorio de un decreto que emite disposiciones legales, resulta de suma importancia”, concluyó.

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