Nota N°. 9589 Históricamente el PRD ha impulsado despenalización de marihuana; política prohibicionista ha generado escalada de violencia: Verónica Juárez

Palacio Legislativo, 10-03-2021 (Notilegis).- El PRD históricamente ha impulsado la despenalización de la marihuana, con el objeto no sólo de respetar los derechos humanos, sino porque la construcción de una política prohibicionista, a partir de una visión de seguridad pública militarizada y persecutoria, ha generado una escalada de violencia en nuestro país, con miles de muertos en México, afirmó la coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez Piña.

 

En tribuna, al hablar en pro del dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, la diputada explicó que el dictamen prohíbe que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a esta sustancia.

 

Precisó que las sentencias que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la que se discute el dictamen, contienen elementos científicos respecto a las condiciones del consumo, el daño que se genera en los usuarios y las consecuencias que tiene para la seguridad.

 

“Éste es un tema por el que el PRD ha luchado desde hace varios lustros. Nos encontramos convencidas y convencidos de que la criminalización en el uso de las drogas no contribuye a la construcción de una ciudadanía responsable ni disminuye los efectos del narcotráfico en la seguridad pública”.

 

Dijo que su partido ha coincidido con las organizaciones de la sociedad civil que, por la vía judicial, han presionado a la SCJN, la cual, con altura de miras, se pronunció por el respeto a los derechos humanos de las y los consumidores y ordenó al Congreso legislar al respecto, “lo cual, desde nuestra perspectiva, no se cumple con lo contenido en este dictamen”.

 

Aseveró que el dictamen “deja mucho que desear”, ya que señala que se despenaliza el consumo personal, pero autoriza la posesión hasta por 28 gramos, estableciendo una gradación de sanciones administrativas y delitos del fuero común, siempre que no haya indicios de que se encuentre vinculado a delitos de delincuencia organizada, en cuyo caso, se considerará como delito.

 

*