• El presidente del órgano legislativo señala la importancia de que la minuta que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia se discuta y ratifique en el actual periodo ordinario

Palacio Legislativo, 20-11-2021 (Notilegis).- La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, de la cual emana la Sección Instructora, trabaja para evitar que, por la existencia del fuero constitucional, haya casos de impunidad de servidores públicos, afirmó su presidente, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena).

En entrevista, el legislador señaló que hay un reclamo de la ciudadanía para que la inmunidad procesal de la que gozan algunos servidores públicos no se traduzca en impunidad, como solía suceder en el pasado.

“Afortunadamente la política y todos los movimientos han servido, y todos los partidos políticos en eso coincidimos, que tiene que haber una transformación importante”, externó.

Comentó que antaño, cuando algunos servidores o funcionarios públicos ya tenían una serie de acusaciones complejas por abusos de poder, corrupción o deshonestidad se les postulaba como diputados para darles el manto protector del fuero constitucional, y no se les tocaba.

Pérez Bernabe refirió que en más de 110 años en México sólo ha habido 15 casos de desafuero de servidores públicos, cuatro de los cuales ocurrieron en la pasada LXIV Legislatura.

“La corrupción y la impunidad fueron, por momentos, prácticamente el pan de cada día en la política, pero se ha venido agotando”, manifestó.

“A la ciudadanía podemos decirle que, al frente de esta Comisión Jurisdiccional, velaremos por la presunción de inocencia siempre, por las garantías de todas y de todos, y cero impunidad, cero acciones de cuates, de amigos como en su momento se hizo”, sostuvo.

Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia dará más garantía

Pérez Bernabé se refirió también a la minuta del Senado de la República que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de 1982.

El legislador afirmó que una vez que se apruebe esa legislación ésta dará más garantía a la ciudadanía, en el sentido de que a los servidores públicos que poseen fuero constitucional se les podrá retirar esa prerrogativa para ser procesados penalmente, sin importar que se trate del Presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o consejeros del INE, entre otros.

También señaló que la nueva legislación dará más herramientas a la Comisión Jurisdiccional y más certidumbre, ya que, por ejemplo, se establece que la Sección Instructora, que actualmente está conformada por cuatro integrantes, será integrada por cinco diputadas y diputados para evitar empates en las votaciones.

Comentó que al iniciar la LXV Legislatura, en septiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la nueva legislación, y el Senado hizo lo propio 15 días después, pero con 28 cambios, y devolvió el documento a su colegisladora.

El diputado indicó que la minuta actualmente se encuentra en la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, por lo que se pronunció por dictaminar y votar dicho documento en el actual periodo ordinario que concluye el próximo 15 de diciembre.

“Yo creo que el presidente de la Comisión de Gobernación es una persona que lleva una gran responsabilidad, y le diría a todos nuestros compañeros integrantes de esa Comisión que, dada la relevancia de esta nueva ley, es importante que en este periodo se diera el procesamiento de esta minuta”, externó.

Comisión Jurisdiccional, un órgano trascendental

Pérez Bernabé calificó a la Comisión que preside como trascendental por los temas que aborda, que son el retiro del fuero constitucional y el inicio de un juicio político, por parte de la Cámara de Diputados, para que no se dé pie a la impunidad.

La Comisión Jurisdiccional es el órgano legislativo responsable de desahogar los procedimientos de juicio político a los servidores públicos que sean considerados responsables de omisiones o conductas sancionables establecidas en la ley y en la Constitución.

De esta Comisión emana la Sección Instructora, un órgano colegiado que actualmente está conformado por cuatro diputadas y diputados, y el cual se encarga de resolver las solicitudes de declaración de procedencia (desafuero) y acusaciones contra servidores públicos.

El diputado explicó que la declaración de procedencia es simplemente quitarle al servidor público la inmunidad procesal, y el juicio político va más allá, pues en éste se establece una sanción, que puede ir hasta la inhabilitación para ser funcionario público. “Son dos cuestiones totalmente distintas, que parecieran similares, pero tienen rutas distintas”, finalizó.

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