• En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre, y ante el fallo de la SCJN, es momento de que todas las mujeres tengan derecho al aborto legal y seguro en México, asevera la diputada de Morena

Palacio Legislativo, 28-09-2021 (Notilegis).- La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) presentó una iniciativa que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para garantizar la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

En conferencia de prensa, acompañada de diputadas de su bancada, señaló que con las actuales reformas en Hidalgo y Veracruz, los antecedentes de Oaxaca y la Ciudad de México, que marcaron la referencia, y con los recientes fallos de la SCJN respecto a la despenalización del aborto y de la objeción de conciencia, es momento de que todas las mujeres tengan derecho al aborto legal y seguro en México.

En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre, resaltó la importancia de armonizar las leyes y cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, para garantizar su ratificación.

Recordó que el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización total del aborto, invalidando los artículos que castigan con cárcel a quien realice esta práctica.

Asimismo, subrayó, la Corte invalidó el precepto de la Ley General de Salud sobre objeción de conciencia, del personal médico y de enfermería, sin establecer las salvaguardas necesarias para garantizar el derecho a la salud.

“A partir de ahora se inicia una nueva ruita de libertad, claridad, dignidad y respeto a todas las mujeres. Es un paso más en lucha histórica de su igualdad, dignidad y el pleno ejercicio de sus derechos, como dijo el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar”, señaló.

En ese sentido, Rojas Martínez, apuntó que con estos dos históricos fallos de la SCJN, a las legisladoras y legisladores les corresponde adecuar el marco jurídico para garantizar la despenalización del aborto y el derecho a la objeción de conciencia, sin obstaculizar el derecho a la salud.

“El aborto legal no obliga a nadie a abortar, simplemente reconoce el derecho de las mujeres a decidir. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, expresó.

Destacó que es necesario legislar en la materia para que las mujeres de todas las entidades federativas del país tengan el derecho a decidir, pues las mayoría de las mujeres que se practican un aborto en la Ciudad de México son de Aguascalientes, 149; Baja California, 77, Chihuahua, 68; Coahuila, 51; Ciudad de México, 164 mil; Hidalgo, mil 317; del Estado de México, 64 mil 077; Puebla, mil 491; Querétaro, 655 y San Luis Potosí, 252; entre otros.

Además, indicó, acuden solamente quienes tiene los recursos económicos para trasladarse, hospedarse y pagar el tratamiento, mientras aquellas que no cuentan con los recursos, siguen muriendo al realizarse abortos clandestinos.

Expuso que al año ocurren en promedio 3 mil 340 nacimientos en mujeres menores de 19 años, “el Consejo Nacional de Población, registró un aumento del 30 por ciento de embarazos no deseados en adolescentes, durante el confinamiento derivado de la pandemia del Covid-19, lo que implica más de 29 mil nacimientos en 2021”.

“Parte de estos embarazos son forzados y consecuencia de la violencia sexual que las niñas y adolescentes viven dentro de sus hogares y comunidades”, precisó.

La diputada apuntó que prevenir este tipo de embarazos es una cuestión de derechos humanos, sexuales y reproductivos, para que vivan conforme a su edad, estudien y tengan mejores oportunidades durante su vida.

La diputada Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena) saludó la determinación de la SCJN en materia de interrupción legal del embarazo e informó que presentó también reformas a la Ley General de Salud para que los congresos locales armonicen sus leyes en la materia y se realice una campaña sobre la objeción de conciencia.

Además, se establezca que, cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una emergencia médica, o la necesidad de una intervención para interrumpir de forma legal un embarazo, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

La diputada María Clemente García (Morena) se congratuló de esta iniciativa y reconoció la lucha incansable de las mujeres por la igualdad sustantiva y sus derechos.

Resaltó que los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libre autodeterminación de los cuerpos sustentan jurídicamente el derecho de todas las mujeres a la interrupción legal del embarazo.

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