• Vulnera a este sector y sólo tiene fines recaudatorios: Francisco Javier Borrego

Palacio Legislativo, 15-03-2022 (Notilegis).- Diputados de Morena, PT y PVEM, encabezados por el diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena), respaldaron la exigencia de transportistas de no aprobar, en sus términos, el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto para crear la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobado en comisiones, ya que se vulnera a este sector y sólo tiene fines recaudatorios.

En rueda de prensa, pidieron respetar que sea la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) la encargada de expedir el permiso a las personas físicas o morales que desean prestar los servicios de autotransporte federal y no los estados, municipios o alcaldías como se propone en dicho dictamen.

Borrego Adame cuestionó la urgencia de la Comisión de Movilidad de avalar esta minuta del Senado, sin antes haber escuchado las demandas de los transportistas, y dijo que se trata de un tema recaudatorio.

Aclaró que no están en contra de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, “lo único que solicitan es que escuchen la opinión de los sectores que transitan todos los días en las carreteras nacionales y que tienen que atravesar por algún motivo estados y municipios”.

El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (PVEM) consideró que “pagar un permiso no cambia el hecho de que ya no hay accidentes, aquí es algo recaudatorio que le va a permitir a los ayuntamientos poder cobrar un permiso para poder transitar por los municipios o por las alcaldías en la Ciudad de México”.

Aseguró que hay legisladores que están tratando de modificar los artículos de dicha ley que perjudican al transporte público, al transporte de bienes y mercancías, y también al de pasaje.

Por su parte el diputado Francisco Favela Peñuñuri (PT), secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, manifestó su solidaridad con el gremio afectado.

El vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), José Refugio Muñoz López, ratificó su apoyo a la promulgación de dicha normatividad que se desprende del derecho constitucional a la seguridad vial; sin embargo, esa Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tal y como llegó a la Cámara de Diputados del Senado “es susceptible y debe de ser reformada”.

Alertó que de “un plumazo” pretenden eliminar a los más de 150 mil permisionarios, registrados en la SICT, los cuales generan más de 6 millones de empleos directos e indirectos. Además, el 82 por ciento de las importaciones entre México y Estados Unidos se mueven vía terrestre.

Pidió que el Pleno de la Cámara de Diputados modifique el artículo 3 del citado dictamen, que es “donde establece que las entidades federativas, en coordinación con los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, otorguen permisos o autorizaciones para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas, los bienes y las mercancías”.

“Esta ley define el servicio de transporte sólo a aquellos permisionarios que son autorizados por los gobiernos de los estados o municipios, y de un plumazo está condenado a desaparecer a los más de 150 mil permisionarios que hoy por hoy estamos registrados ante la SICT”, argumentó.

El representante de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (Conatram), Claudio Gallegos, dijo que “esta ley hay que considerarla como estaba propuesta originalmente, no como viene de una minuta amañada dolosamente del Senado la República”.

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