• La ley beneficia a quienes otorgan créditos, no a las y los trabajadores que adquieran un crédito; “No hay nada bueno en este dictamen. Es falso que beneficie a los trabajadores, beneficia a quienes venden bienes a crédito. Ponen los ingresos de los más pobres en las manos de los más ricos”: Salvador Caro

Palacio Legislativo, 17-03-2022 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario de MC rechazó el dictamen de cobranza delegada, por ser una ley a la medida de entidades crediticias que venden bienes a crédito, en detrimento de derechos laborales y que violenta la Constitución.

A través de un comunicado, la bancada señaló que el dictamen aprobado por Morena y aliados da certeza jurídica solamente a quienes otorgan créditos y embarga de facto el salario de las y los trabajadores.

Asimismo, abre la puerta a que el salario de las y los trabajadores sea disminuido por adquirir algún crédito sin oportunidad de determinar el margen de descuento, ya que solamente el empleador y la entidad crediticia podrían acordar el porcentaje salarial que será detenido.

Su intención es acceder a la retención del 45 por ciento. Tampoco se fija cuál será la tasa de interés de los créditos, abriendo la puerta al crecimiento incontrolable de deuda.

La aprobación viola los artículos 5, 28 y 123 constitucionales y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que permite embargar sólo hasta el 30 por ciento del excedente salarial. Vulnera el carácter inembargable del salario establecido en la Constitución y fomenta prácticas de usura y cobros excesivos por parte de los bancos. Lo peor, no da ninguna herramienta de protección para la o el trabajador.

En tribuna, el diputado Salvador Caro Cabrera, integrante de la Comisión de Hacienda, denunció que el dictamen va en contra de las personas más desfavorecidas, puesto que al adquirir un crédito la ley los deja sin protección, al no garantizar que reciban su salario íntegro para cumplir con sus necesidades básicas.

El Grupo Parlamentario de MC rechaza este dictamen porque va en contra de ampliar las opciones de financiamiento para sectores desfavorecidos que buscan adquirir bienes o servicios a través de opciones de crédito. Esta ley va por las nóminas del país y pone en riesgo el patrimonio de quienes adquieran un crédito.

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