08-04-2014 La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside la diputada Areli Madrid Tovilla (PRI), aprobó un dictamen que reforma el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con el objetivo modificar la regulación de los contratos celebrados entre órganos de la administración pública e impulsar la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos.

El dictamen busca que los contratos celebrados entre la administración pública que no se les aplique la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sean publicados en CompraNet, con independencia de cumplir con las disposiciones legales en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Esta reforma también establece como requisito que la dependencia o ente contratado tenga la obligación de acreditar ante el órgano interno de control de cada ente público, que dispone de los elementos documentales suficientes que garantizan las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico y generación de empleo.

También tendrán la obligación de informar a la Auditoria Superior de la Federación los contratos que se celebren entre los entes de la administración pública, a fin de que esta instancia fiscalizadora incluya por lo menos 10 por ciento de los mismos en sus programas de revisión de la Cuenta Pública Federal.

La diputada María del Rocío García Olmedo (PRI), secretaria de la comisión, mencionó que esta reforma permitiría aprovechar la plataforma de CompraNet para dar transparencia a los contratos celebrados en órganos de la administración pública, además de facilitar el acceso a la información tanto para los actores que participan en la licitación como para la población en general.

De igual manera, se garantizará el uso eficiente de los recursos de la administración pública federal y la rendición de cuentas en un marco de transparencia, eficiencia y eficacia sujeta a los principios de economía y legalidad, para que no se ponga en peligro el interés público y social.

También avalaron un dictamen que plantea reformas al artículo 3 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a fin de que este ordenamiento agregue el concepto de corrupción, con la intención de brindar un mejor panorama para su estudio, legislación y combate.

Las modificaciones proponen establecer que la corrupción se entenderá como los actos, omisiones, proposiciones e insinuaciones cometidas por cualquiera de los sujetos obligados de esta ley, en relación con la contratación de obras públicas, cuyo propósito fundamental sea obtener beneficios, ventajas y/o privilegios económicos, personales, familiares, laborales, o de cualquier otra índole, distintos a lo que legalmente les corresponde a lo establecido en el presente ordenamiento, así como en las demás leyes en la materia.

La diputada García Olmedo aclaró que con estas modificaciones no se pretende dar una definición de “corrupción” per se, sino para efectos de lo que debe entenderse en la ley en materia de contrataciones públicas, lo cual no limita la posibilidad de tipificar las conductas consideradas como corrupción a la luz de otras normas jurídicas.

Indicó que esta reforma otorga claridad y elimina el vacío jurídico en la ley de la materia, otorgando seguridad y certeza.

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