• Impiden reglas de operación uso de recursos de programas sociales destinados a economía social y cooperativismo

09-04-2014.- La presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD), señaló que, de acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2012, la mayoría de los programas vinculados al sector social de la economía y el cooperativismo no cumplieron los parámetros establecidos por la entidad fiscalizadora, en gran parte por fallas en el diseño de las reglas de operación que “impidieron el ejercicio de los recursos”.

En reunión de trabajo, donde se aprobó la opinión fundada de la comisión sobre el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012, la legisladora explicó que esta instancia legislativa hizo una revisión de los resultados de las auditorías practicadas a los programas relacionados con el cooperativismo y la economía social.

Dichos programas se encuentran a cargo de la Secretaría de Economía, como los del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), los fondos de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) y el Empresarial, así como el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y el de Nacional Financiera (Nafin).

Asimismo, los de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, entre ellos el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario.

Precisó que de las siete auditorías revisadas, cinco tuvieron una evaluación negativa por parte de la Auditoría y dos fueron abstenciones.

La legisladora mencionó que si bien las entidades fiscalizadas entregaron información a la Auditoría, eso no modificó la evaluación y la mayoría de los programas vinculados al sector social de la economía y el cooperativismo no cumplieron con los parámetros establecidos por la entidad fiscalizadora.

Bautista Bravo consideró que esta evaluación sirve, sobre todo, como argumento para promover la inclusión de un presupuesto transversal orientado a identificar los programas y recursos vinculados al sector social de la economía y el cooperativismo. Asimismo, a participar en el diseño de reglas de operación aplicables y con objetivos bien determinados.

Además, que todos los programas federales referentes a la economía social y el cooperativismo se puedan tener en un solo Anexo, ya que si están dispersos no se pueden aplicar o tomar como estrategias para tener el mejor rendimiento de estos recursos.

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