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| Boletín N°. 3395 | No denunciar y castigar pederastia en la Iglesia Católica, nos convertiría en cómplices |
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Legisladores federales se pronunciaron por dar fin a los actos de pederastia en la Iglesia Católica mediante la denuncia, sanción y castigo de los responsables.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), afirmó que no hacerlo “nos convertiría en cómplices” de un ilícito que se ha prolongado durante muchos años y aumentado en México como en otras naciones.
En el foro internacional “El Significado del Informe del Comité de los Derechos del Niño a la Santa Sede y las Implicaciones para México”, subrayó que el Vaticano, como estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de responder a los abusos sexuales que significaron vivencias traumáticas a menores y “no tuvieron un final feliz”.
Juárez Piña sostuvo que durante muchos años, y pese a las denuncias de pederastia, no existió la voluntad para que las autoridades intervinieran, ni acciones para acercarse a ellos a fin de resarcir el daño moral y físico al que fueron sometidos niños y adolescentes.
Dado que la infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas, añadió, “es menester el compromiso, firme y decidido, de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, para trabajar en conjunto y materializar el objetivo de combatir estas problemáticas”.
En coincidencia, Sara Oviedo García, vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de la ONU y una de las responsables del informe emitido a la Santa Sede, acusó que los Estados aceptan y firman tratados internacionales para vigilar las garantías de la infancia; sin embargo, estos se han puesto del lado de la iglesia, y no de sus ciudadanos, para cuidar de los violadores.
“El Estado no se mete en nada, pese a que es un territorio para actuar. Si no participa para resolver el problema, si no entran los congresos y no hay una definición para defender y responder a los intereses de las víctimas, no va a pasar nada”, sentenció.
En tanto, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN), vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que aún existen muchos retos por superar, ya que en México niños y adolescentes son presas de la violencia en espacios donde deberían recibir protección, afecto y estimulo para su desarrollo integral.
Recordó que el Poder Legislativo hizo reformas en materia de derechos humanos y para elevar a rango constitucional el interés superior de los derechos del niño; no obstante, “aun falta que México ratifique el tercer Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, para fortalecer las normas que permitan a los menores informar sobre la violación de sus derechos”.
Ante este y otros pendientes que facilitarían la denuncia de abusos sexuales por parte de sacerdotes, instó a trabajar coordinadamente para lograr que los niños “sean sujetos de derecho y no sólo de protección”, y se garantice su dignidad.
Por su parte, Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, calificó como histórica la elaboración del informe en el que participó Sara Oviedo Fierro, pues contiene recomendaciones importantes para que la Iglesia Católica garantice la recuperación de las victimas de pederastia.
Esto es algo que “mucho aplaudimos, pues el interés superior del niño, está por encima del interés propio de cualquier Estado”.
Asimismo, Javier Esteban Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, instó a los diputados a velar por la reivindicación y redignificación de las víctimas de abuso sexual, así como para cerrar filas en torno a las responsabilidades de autoridades y el Estado, para restituir su dignidad.
“El tema siempre resulta interesante, pero es necesario romper el círculo de impunidad donde no se tiene a personas que den cuenta de lo que hicieron y respondan y paguen por sus crímenes”, precisó.
A los pedófilos se les debe aplicar la justicia común
En su conferencia magistral, Sara Oviedo Fierro expuso que el informe y las recomendaciones respecto a los casos de pederastia que se emitieron a la Iglesia, constituyeron un acto de valentía, algo que “no salió del bolsillo, sino que es un trabajo serio de investigación y compromiso que marca una ruta para la Santa Sede”.
Destacó que con este documento, la Organización de las Naciones Unidas reconoció la existencia de las violaciones y denuncias de abuso sexual, dando un respiro tranquilo a las víctimas y a la humanidad que adolecía esta herida, e hizo consciente al mismo Vaticano.
Señaló que la Iglesia Católica no ha tenido en cuenta el interés superior de los derechos del niño, piedra que dificulta el proceso de su protección y de denuncia a los infractores.
Esto se nota en el hecho de que la Santa Sede no obliga castigar penalmente los abusos sexuales de curas, únicamente implementa procedimientos confidenciales que dejan impunes a los culpables, como las transferencias de sacerdotes de una parroquia a otra y el soborno a las víctimas a cambio de silencio, factores que “han permitido seguir con los abusos”.
Explicó que la dificultad en la que se encuentra la Santa Sede no fue asunto que las victimas ni los denunciantes buscaron, pues, dijo, se pensó que la iglesia tomaría cartas en el asunto, empero, permitió que esto siguiera creciendo.
“A los pedófilos se les debe aplicar la justicia común, son los responsables únicos. La Iglesia, como institución, propició el debate y las hipótesis al no denunciarlos. Salió en su defensa y protección, por lo que se habla de complicidad y encubrimiento”, destacó.
Por tanto, consideró que la institución religiosa puede recuperar su liderazgo moral si asume el reto que le corresponde y encabeza las denuncias a los criminales. “Es una oportunidad, este delito se da en todos lados, pero la iglesia fue quien se involucró”, reiteró.
Oviedo Fierro expresó dudas en torno a las acciones que pueda llevar a cabo la iglesia para combatir la pedofilia, dado que hay muchos intereses de poder, muchos años en los que no se ha dado respuesta, lo que “ha complicado el problema”.
Sostuvo que como Comité de Derechos del Niño de la ONU ha cumplido rol que le compete y “seguiremos atentos a los mandatos, preguntando a los gobiernos qué han hecho respecto a las denuncias de pederastia”; sin embargo, el cambio debe venir de la coordinación entre asociaciones civiles y los poderes de gobierno.
Es necesario, explicó, entrar en otro nivel de respuesta, metiendo a actores como las asambleas, los congresos, el gobierno local en conjunto con las asociaciones, para lograr que las demandas de estas últimas se instale en las agendas políticas para coordinar a nivel global un frente común.
Por otro lado, instó a dar seguimiento a la Comisión creada por el Vaticano para resolver los casos de pederastia, para comprometerla y respaldarla en sus decisiones, y que sienta por igual que hay ojos mirándola en todo el mundo y mucha esperanza de cambio.
De este punto, aclaró que a la comisión “no se le puede dejar sola o desconocerla, sabiendo que está en juego la vida de cientos de miles de niños. Debemos reaccionar maduramente y dar voto de confianza a las funciones que le corresponden y señalar errores cuando sea necesario”.
Asimismo, invitó a los asistentes, a difundir las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU, en todos los medios, “pues sólo conocerlas es ya algo importante”, y a vigilar que las decisiones de la Santa Sede respecto a la denuncia de padres pederastas se han cumplido.
Testimonios de víctimas de pederastia
El representante de la Red de Sobrevivientes de Abusados porción Sacerdotes (SNAP), México, José Barba Martín, exhortó a la sociedad mexicana a “seguir luchando para la preservación de la cordura del espíritu y hasta la salud mental, en determinados rincones del interior de la iglesia católica”.
“Nosotros, a pesar de los muchos defectos personales que podemos tener como hombres, algo que hemos aprendido algunos es que es posible trabajar dentro de un sistema para corregir al sistema. Yo viví la guerra de Vietnam como profesor de los Estados Unidos y aprendí a trabajar dentro del sistema para derrotar los malos aspectos de éste”, dijo.
Por lo anterior, enfatizó que se debe seguir luchando para que hombres y mujeres secunden el propósito de la búsqueda de la verdad y que se imponga la justicia en contra de los abusos de los eclesiásticos contra los menores de edad.
Laura Hernández, representante de la Organización Colectiva, Mujer y Salud de República Dominicana, indicó que la relación del estado dominicano con el Vaticano se basa en el contrato conocido como “concordato”, el cual perjudica los derechos humanos porque establece que los eclesiásticos gocen de protección especial por parte del Estado.
“De 2003 a 2013 han salido a relucir casos de abusos sexuales perpetrados contra menores de edad a mano de autoridades de la iglesia católica que sumergen al pueblo dominicano en la incertidumbre y en la certeza de que estas autoridades eclesiales gozan de una impunidad que les permite continuar libremente su vida y no sufrir el peso de la ley”, dijo.
La abogada y activista de los derechos humanos en República Dominicana, destacó que la pederastia no se encuentra tipificada en el Código Penal de su país, por lo que actualmente esos delitos son juzgados sólo como violaciones sexuales.
El comisionado de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón, se comprometió a incluir en el programa nacional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) un apartado específico para combatir, prevenir y reparar los delitos de pederastia.
“Asumo el compromiso de que la Comisión no será cómplice del silencio, no será cómplice las violaciones de los derechos humanos, no será cómplice del delito”, indicó.
Señaló que el apartado para combatir el delito de pederastia que incluirá en el CEAV será integral y el espíritu de éste será tener presente que las niñas y los niños son personas con todos los derechos y no por ser infantes son mini personas con mini derechos.
“Habrá una atención especial al combate y prevención de la pederastia como un acto de violencia sexual de gravísimas consecuencias, e incluso como un acto de tortura, por lo que asumo por parte de la Comisión el compromiso de generar políticas públicas en la materia”, dijo el también titular del Comité Contra la Violencia Sexual del CEAV.
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