• Avalan diputados prisión de cuatro a siete años a quienes desvíen los recursos

28-04-2014.- La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud, para fortalecer la transparencia, supervisión, control y fiscalización de los recursos de los Sistemas de Protección Social en Salud.

El documento, avalado con 373 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones y remitido al Ejecutivo federal, fomenta una mayor eficiencia en los servicios estatales de salud y asegura que los recursos que se transfieran a los sistemas, se utilicen de la mejor manera y para los fines que fueron transferidos.

De igual modo, establece la separación de funciones entre el financiamiento que se debe realizar por conducto de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y la prestación de servicios. Además, fortalece los mecanismos de información y los marcos de rendición de cuentas.

La minuta, devuelta por el Senado de la República y que había sido aprobado por los diputados el 22 de octubre de 2013, sanciona con prisión de cuatro a siete años y con multa de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente, a la persona que desvíe los recursos del objeto para el cual fueron entregados.

El dictamen considera viable la modificación al artículo 77 bis 6 que hizo el Senado, para agregar la frase "tomando en consideración la opinión de las entidades federativas", ya que dará oportunidad a los estados de que expresen sus particularidades, evitando así que las decisiones sean exclusivamente del poder central.

También, coincide con la reforma al artículo 77 Bis 15 fracción III, en donde se adicionan dos párrafos, con la finalidad de dar certeza e inclusión a las entidades federativas en cuanto a los precios de referencia que deberán ser establecidos por la Secretará de Salud y a los recursos que se transfieran en especie, para dar mayor transparencia.

La Comisión de Salud argumenta que con estas adiciones se evitará la discrecionalidad en cuanto a los fondos canalizados en especie y a los precios de las transferencias de medicamentos a las entidades federativas.

Respecto a la modificación del artículo 77 bis 16, concuerda con en la adición: "sin que se suspendan, parcial o totalmente los servicios de salud a la persona", garantizando con esto el otorgamiento de éstos a los derechohabientes.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Salud, diputado Mario Alberto Dávila Delgado (PAN) expresó que con este dictamen la Secretaría de Salud se consolida como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud y define a los regímenes estatales de protección social en salud, ya que anteriormente se confundía.

Destacó que el derecho a la protección de la salud es para todos y no solo en lo laboral, por lo cual “tenemos la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo de acuerdo con los principios de universalidad”.

Con las reformas, mencionó, la transferencia de los recursos federales podrá hacerse en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención.

Además, desaparece la figura del Consejo Nacional de Protección en Salud, a fin de no duplicar instancias de coordinación con los servicios estatales, toda vez que el día de hoy existe el Consejo Nacional de Salud como el mecanismo de coordinación de acciones con las entidades federativas en la materia.

En los posicionamientos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza) resaltó que con este dictamen se garantiza la coordinación eficiente entre la federación y las entidades federativas, es decir, financiar y coordinar oportuna y sistemáticamente la prestación de servicios de salud, ya que de lo contrario serían del todo ineficaces.

Urgió a la construcción de un verdadero sistema universal de salud basado no sólo en el acceso de las personas a las instituciones públicas, sino en la calidad en la gestión de los servicios y la mejora de la atención médica clínica. “Sólo de esta forma podemos hacer frente al reto de garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos”.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano) resaltó que esta reforma no ataca el verdadero problema de corrupción en la compra de medicamentos. “Se deben transparentar las transacciones, las licitaciones y operaciones del sector; muy en concreto, el destino de los recursos al abasto de medicinas, equipos y otros insumos para la salud en los hospitales públicos”.

Indicó que se está tomando una medida centralista, y “nos preocupa, porque sabemos que a través de su aplicación, no se podrán extinguir las prácticas de corrupción que existen hasta estos momentos en el sector salud del país”.

Del PVEM, el diputado Ernesto Núñez Aguilar precisó que este dictamen evita que se continúe con los desvíos en el Seguro Popular, y da mayor certeza respecto al pago por prestación de servicios de salud que se brinden en entidades federativas y los que se otorgan por las instituciones federales.

Afirmó que estas reformas permitirán que los recursos otorgados al sistema sean aplicados y se les dé un uso eficiente, dando certeza jurídica y protección financiera en salud a la población y al Estado.

La diputada Eva Diego Cruz (PRD) puntualizó que estas reformas norman la forma en que se deberán realizar las transferencias de recursos del gobierno federal a las entidades federativas por concepto de cuota social y de aportaciones solidarias, indicando la sanción en caso de no destinarlas a estos fines.

“Tenemos que frenar la corrupción que ha habido en materia de salud. Requerimos un marco jurídico que promueva la transparencia, la supervisión, la fiscalización de los recursos públicos que van encaminados a la salud de los mexicanos”, abundó.

Por el PRI, el diputado José Enrique Doger Guerrero manifestó que la reforma impacta de manera profunda en el diseño del sistema de protección social, con el fin de generar dispositivos para que su funcionamiento pueda ser supervisado, controlado y fiscalizado de manera más eficiente, logrando con ello que sus beneficios sean más efectivos frente a la población.

Relató que el propósito es evitar duplicidades funcionales; lograr que los recursos sean destinados a los fines que son dispuestos; sancionar con mayor severidad las faltas y crear mecanismos para que los montos lleguen con oportunidad, es decir, “buscamos una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos de salud, hacerlos más eficientes para el abasto de medicamentos e insumos y que la atención médica sea permanente y con calidad y calidez”.

Al hablar en contra, los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, manifestaron que estas reformas no combaten el problema de la corrupción en el sector salud y tienen una eminente intención centralista de acaparar el control de la adquisición de medicinas y su distribución en los estados a cargo del gobierno federal.

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