• Avalan diputados dictamen para modernizar el sistema de justicia militar y lo remiten al Ejecutivo

30-04-2014.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que permite que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan un delito contra ciudadanos puedan ser juzgados en tribunales civiles, y lo mandó al Ejecutivo federal.

Con la unanimidad de 428 votos, se avaló el documento que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de los códigos de Justicia Militar y Federal de Procedimientos Penales, y modifica la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en materia de justicia militar.

El dictamen establece que en los supuestos en los que, conforme a la Constitución, se haya declarado la guerra, ley marcial o cualquier otro supuesto constitucional de suspensión o restricción de garantías, los delitos del orden común o federal que fueren cometidos por militares corresponderán a la jurisdicción militar, siempre y cuando el sujeto pasivo no tenga la condición de civil.

Crea la figura de jueces de ejecución de sentencias, con facultades para velar que el Sistema Penitenciario Militar se organice sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud, deporte y adiestramiento militar como medios para mantener al sentenciado apto para su reincorporación a las actividades militares y su reinserción a la sociedad.

Establece que el Ministerio Público Militar, en cuanto tenga conocimiento de que en la comisión de un delito se encuentre implicado un civil, deberá remitirlo a la justicia civil. Señala que los Tribunales Federales serán los competentes para conocer de los delitos en que concurran militares y civiles, en virtud de que los primeros son empleados de la Federación.

De igual modo, incorpora al Sistema de Justicia Penal Militar el principio de presunción de inocencia, en congruencia con el contenido del artículo 20 Constitucional. Instituye que los militares sujetos a prisión preventiva o que hayan sido sentenciados, podrán hacerlo en prisiones militares.

Además, reemplaza el nombre de pena corporal, por el de pena privativa de libertad, y el de reo por los de acusado, procesado y sentenciado; actualiza el nombre de Policía Judicial Militar por Policía Ministerial Militar; sustituye el concepto de Secretaría de Marina y Guerra, por los actuales nombres de las dependencias administrativas: Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

Resalta que con estos cambios se logra la armonización del fuero de guerra con las reformas constitucionales respecto a la presunción de inocencia y protección de los derechos humanos, estableciendo los límites de dicha jurisdicción, en términos del artículo 13 de la Constitución Política.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, diputado José Ignacio Duarte Murillo (PRI), resaltó que el objetivo es acotar el fuero de guerra, armonizar el sistema de justicia penal militar al nuevo sistema penal de corte acusatorio, adversarial y oral, así como actualizar conceptos al nuevo sistema penal y de protección de los derechos humanos.

Con las reformas, dijo, se logra un equilibrio entre las restricciones del fuero de guerra en términos del artículo 13 constitucional, prohibiendo de forma expresa que los tribunales militares conozcan de asuntos en los que estén implicados un civil y estableciendo la disposición militar como el bien jurídico aglutinador de los valores militares.

Puntualizó que se moderniza el sistema de justicia militar y amplia el espectro normativo respecto a los derechos humanos. Además, expuso, es medular que la reforma permita que cuando un militar sujeto a prisión preventiva o que sea sentenciado con pena preventiva de libertad, lo hagan en prisiones militares, a fin de garantizar su seguridad.

Bajo ese esquema, dijo, es relevante que en los hechos delictuosos cometidos por un menor de 18 años, que esté presentando su servicio en Fuerzas Armadas conforme a lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, será remitido a las autoridades encargadas al sistema de justicia para adolecentes.

En los posicionamientos, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) indicó que con estas reformas se da cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y es obligación ineludible del país acatar las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Precisó que es impostergable actualizar el andamiaje jurídico a la nueva visión de Estado, donde los valores, los derechos inherentes al ser humano y sus valores fundamentales se vean reflejados en el quehacer legislativo. “Seremos vigilantes de que se respeten y protejan esas garantías”.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño resaltó que con estos cambios, se establece que los militares que cometan cualquier delito que afecte a ciudadanos, deberán ser procesados por la justicia civil y no por tribunales castrenses como ocurre actualmente.

Mencionó que la presencia en las calles de Fuerzas Armadas ha tenido impacto en la protección de los derechos humanos, y una de los principales obstáculos que impiden poner a los responsables de violaciones a garantías individuales a disposición judicial, es el hecho de que hasta ahora todos los casos en que hay militares implicados en servicio activo, se han tratado dentro del sistema de justicia militar en vez de la vía civil.

El diputado Mario Francisco Guillén Guillén (PVEM) dijo que con su aprobación, se estará dando un paso más hacia la consolidación de una nación con un régimen realmente democrático, con un adecuado sistema de impartición de justicia y que respeta los derechos humanos.

Sostuvo que a partir de ahora la justicia militar se moderniza logrando un equilibrio entre respeto a los derechos humanos, a la disciplina y a la institución militar. “Votamos a favor, en afán de seguir mejorando nuestro orden jurídico para que éste se encuentre en mayor concordancia con los estándares internacionales en el respeto a los derechos humanos”.

A su vez, el legislador Víctor Manuel Manríquez González (PRD) puntualizó que el dictamen es un avance sustancial en la limitación del fuero militar, pues ahora todas las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles serán del conocimiento de las autoridades federales.

Destacó que estos cambios han generado amplias expectativas entre la sociedad civil organizada, ya que las organizaciones internacionales de derechos humanos hacen votos para que esta Legislatura no deje de impulsar una agenda que apuntale la rendición de cuentas de las fuerzas armadas en la lógica democrática.

La diputada Adriana González Carrillo (PAN) afirmó que estas reformas están fundamentadas en la nueva realidad, como son las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y la armonización con las reformas constitucionales, para acotar de manera expresa la Ley la Jurisdicción Militar, las de carácter procesal en el mismo tema, y de actualización de conceptos y reformas para armonizar el proceso penal.

Resaltó que se busca incorporar en la legislación el respeto a los derechos humanos y la dignidad humana y reconoció a las Fuerzas Armadas (Defensa, Marina y Fuerza Aérea), por su servicio a México y su compromiso en la consolidación del Estado democrático del México del siglo XXI.

Por el PRI, el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios detalló que el dictamen resulta de la mayor envergadura, toda vez que adecúa y perfecciona el marco jurídico, dotándolo de congruencia para alinearlo a lo dispuesto por la Constitución y los instrumentos signados y ratificados por México en la materia.

Manifestó que cuando se vulneran los derechos humanos de los ciudadanos, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar, pues ésta busca tutelar bienes jurídicos diferentes a los relacionados con los hechos perpetrados.

En la discusión, la diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) expresó que es indispensable poner fin al mantenimiento del fuero militar, para evitar sistemáticas violaciones de derechos humanos, que derivan de la existencia del mismo y rompe con el principio de igualdad que debe de prevalecer entre todos los mexicanos.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja añadió que estas reformas son normas que vienen a hacer vigente los mandatos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. “Es urgente y prioritaria para los derechos humanos en México y entraña el cumplimiento de obligaciones de carácter internacional”.

A su vez, el legislador Carlos de Jesús Alejandro (PRD) precisó que esta propuesta representa una victoria para todas aquellas personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y que con esa experiencia traumática se vieron obligados a exigir justicia en tribunales internacionales.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD) celebró que el Poder Legislativo dé un paso fundamental para cumplir con las obligaciones del Estado hacia los derechos humanos, pues “esta propuesta avanza en el acceso a la justicia, ya que los delitos cometidos por elementos militares contra ciudadanos, invariablemente serán del conocimiento de las autoridades civiles, incluso en situaciones de excepción”.

Comunicaciones

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación remitió informes: El resumen ejecutivo de “El derecho a una educación de calidad 2014”, y de actividades y del ejercicio del gasto 2013. Se enviaron a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió a un punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la cita de comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del gobernador del Banco de México.

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