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| Boletín N°. 4000 | Necesario fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para defender garantías básicas |
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18-08-2014.- El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Mejía Berdeja, se pronunció por fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y contar con un auténtico defensor de las garantías de la sociedad, en el contexto de la ratificación o renovación del titular de esta instancia el próximo mes de noviembre.
En la clausura del coloquio “Evaluación de la CNDH”, aclaró “no estar en contra de la institución, sino de su mala dirección”, y manifestó su deseo por que la Comisión cumpla cabalmente lo establecido en el artículo 102 de la Carta Magna.
Indicó que las ponencias del Coloquio son un diagnóstico de los derechos humanos en el país, e hizo una invitación al titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, a establecer un diálogo público con el Poder Legislativo y representantes de organizaciones no gubernamentales, para impulsar la instancia que encabeza.
En el tema “Desaparición forzada”, el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., (CMDPDH), José Antonio Guevara Bermúdez, mencionó que en México existe una “lacerante impunidad sobre los casos de desaparición forzada de personas, en donde la CNDH no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.
Declaró que en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y desaparición forzada de personas, la Secretaría de Gobernación refirió 27 mil víctimas entre 2006-2012, mientras que en fechas recientes se registraron 16 mil.
En tanto, dijo, la CNDH anunció 24 mil 800 casos de personas desaparecidas, “que no han encontrado en las autoridades una respuesta eficaz en su búsqueda y localización”; además de 2 mil 443 casos en donde hay indicios de una posible participación de agentes del Estado.
De estas, informó, sólo en 30 casos se documentó la participación de agentes del Estado, de las cuales la CNDH emitió 10 recomendaciones con 26 víctimas al respecto, pero no ha hecho ningún pronunciamiento general del fenómeno, cuando se habla de más de 2 mil víctimas.
En estas recomendaciones, subrayó, la CNDH pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional que iniciara averiguaciones previas en la Procuraduría de Justicia Militar, esto es algo inusitado, destacó, cuando México recibió desde el 2009, por parte de la Primer Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada de personas, los límites a la jurisdicción militar en estos casos.
Con el tema “Defensores de derechos humanos y periodistas” Aleida Calleja, coordinadora de Observacom (Advocacy de Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), centró su ponencia en la nula acción que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha mantenido en materia de leyes y accesos normativos en el ejercicio de la libertad de expresión.
Destacó tres leyes: la “bala”, “Borges” y de Movilidad Ciudadana, las cuales, indicó, tienen disposiciones poco claras y dejan un amplio margen de discrecionalidad. En ellas mencionó, la CNDH mantuvo una omisión, permitiendo normas que violentan los Derechos Humanos.
Por otro lado, subrayó que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tiene disposiciones que limitan el ejercicio de libertad de expresión, violan la protección de datos personales y que no existen mecanismos de transparencia ni de rendición de cuentas. Hay inacción de la comisión; por tanto, se está viviendo un serio retroceso, concluyó.
En su participación, Iván Báez, Oficial de protección de la organización Artículo 19, exhortó a la CNDH a mantener estrategias de rendición de cuentas y a difundir eventualmente la información, ya que ésta no es transparente ni proactiva.
Indicó que la percepción de la sociedad acerca de la Comisión es muy baja, pues no se reportan resultados y los mecanismos que actualmente tiene en marcha no garantizan la seguridad ni la libertad de expresión de los periodistas.
Durante la mesa “Transparencia y Rendición de Cuentas”, Jorge Carrasco Araizaga, periodista de la revista Proceso, mencionó que en la actualidad México cuenta con instrumentos jurídicos específicos para defender la libertad de expresión y de información; sin embargo en ocasiones las instancias encargadas no protegen a la víctima, por lo que se debe litigar en contra de quienes supuestamente son los defensores.
Por su parte, Miguel Moguel, investigador del Área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, Fundar, dijo que para que la CNDH funcione de manera equilibrada se requiere la participación ciudadana, a fin de vigilar a las autoridades y se fomente la rendición y transparencia.
En su turno, José Antonio Buendía Hegewish, periodista y director ejecutivo de la Fundación Prensa y Democracia México, A.C, indicó que a más de diez años de la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), aún se presentan casos de maltrato, autoritarismo y desigualdad en el proceso para acceder a la justicia.
Señaló que la ciudadanía no se siente identificada con las instituciones que están para defender sus derechos humanos, además que el ordenamiento jurídico no está apegado con la realidad, pues difícilmente se implementa. Manifestó que es fundamental que la CNDH esté de lado de los más vulnerables y no permitir que se negocie con la justicia.
En el panel “Igualdad de Género”, la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés, acusó las fallas en que ha incurrido la CNDH respecto a los casos de muerte materna y violencia obstétrica, donde ha emitido recomendaciones inadecuadas, además de que los procesos para resarcir daños, no han sido favorables para las víctimas.
Precisó que está en manos del Estado la reparación de los daños, lo cual es “muy complicado”, ya que “la víctima queda a merced de quien la violentó”. Asimismo, los agredidos no son protagonistas en la investigación que precede a la recomendación.
“Las víctimas hacen saber lo que necesitan, sin embargo esto no se toma en cuenta”, aunado a la falta de acceso a la información en la resolución de casos y la nula publicidad de las mismas por parte de la CNDH, agregó Regina Tamés.
Se pronunció porque la Comisión garantice medidas para que eviten la repetición de faltas en los casos de muerte materna y violencia obstétrica, ya que sólo se negocian sanciones y multas para los agresores.
En su turno, Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), urgió incorporar la perspectiva de género en la guía de la CNDH para emitir resoluciones cuando se trate de agresiones a periodistas, ya que en su redacción prevalecen “conceptos androcéntricos”.
Detalló entre 2012 a 2013, del 56 por ciento de los periodistas violentados la mayoría fueron mujeres, quienes tenían como fuente principal la política, y cuyo tema de investigación era la corrupción. Asimismo, 64 por ciento de los agresores fueron servidores públicos, y las entidades con mayor registro de violencia contra mujeres periodistas son el Distrito Federal, Veracruz y Morelos.
“Esto ha sido sólo un adéndum. Ni siquiera en las recomendaciones emitidas se ha incorporado la perspectiva de género. Se requiere desarrollar un mecanismo que identifique la discriminación y desatención de las mujeres para avanzar en la igualdad entre ellas y los hombres”, sostuvo.
“Pese a los programas y las visitadurías para atender las quejas de los colaboradores de los medios de comunicación, no se ha considerado este tema”, denunció.
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