 |
|
| Boletín N°. 4014 | Insta Mesa Directiva a dictaminar iniciativa que plantea redefinir naturaleza jurídica del Distrito Federal |
 |
|
La presidencia de la Cámara de Diputados emitió prevención a la Comisión de Puntos Constitucionales a efecto de dictaminar la iniciativa de reforma a la Constitución Política que plantea redefinir la naturaleza jurídica del Distrito Federal y darle una nueva organización política y administrativa.
El llamado, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se fundamenta en el numeral 2 del artículo 88 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que especifica la prevención a diez días antes de que venza el plazo prorrogado para que la comisión o comisiones dictaminen los asuntos turnados.
Presentada el pasado mes de diciembre por el diputado secretario de la Comisión del Distrito Federal, Fernando Rodríguez Doval (PAN), la propuesta subraya la necesidad de dotar a esta demarcación de un nuevo ordenamiento legal, tomando en cuenta su carácter sui generis como sede de los tres Poderes de la Unión.
Plantea suprimir del texto constitucional la denominación “Distrito Federal”, para sustituirla por la de “Ciudad de México”, conservando su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Las denominaciones de Jefe de Gobierno y Delegación, cambiarían a “Gobernador de la Ciudad de México” y “Alcaldías”, respectivamente.
Precisa que la Ciudad de México, sin tener el carácter de un estado de la República, sería reconocida como parte integrante de la Federación, en términos del artículo 43 de la Constitución. Conservaría las atribuciones que actualmente tiene conforme a su característica única en el país, y sus órganos de gobierno serían transformados en auténticos poderes.
Como integrante de la Federación, gozaría en adelante del derecho de ser considerada parte del Constituyente Permanente, y sería equiparada a una Legislatura local para el efecto de votar y computar las reformas a la Constitución.
Propone que después de la Carta Magna, el más importante ordenamiento jurídico en la Ciudad de México sería el “Estatuto Constitucional de la Ciudad de México”.
Este sería creado por la actual Legislatura del Congreso de la Unión, conforme se dispone en el artículo 72 de la Constitución, procurando garantizar que su contenido refleje la composición pluricultural y la diversidad política del Distrito Federal.
El Gobernador de la Ciudad de México nombraría y removería al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, pero su aprobación ya no correría a cargo del Ejecutivo Federal, sino de la “Asamblea Legislativa de la Ciudad de México”.
Esta última instancia, tendría el derecho de iniciar leyes federales ante el Congreso de la Unión, en los términos del artículo 71 de la Constitución.
La ALCM funcionaría como lo hacen sus equivalentes en las Cámaras del Congreso de la Unión, rotando anualmente las presidencias de la Mase Directiva y la Comisión de Gobierno.
Por otra parte, se sustituiría a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa por la “Auditoría Superior de la Ciudad de México”, dotada de autonomía y cuyo titular sería electo por dos terceras partes de los diputados.
En afán de descentralizar las tareas de las demarcaciones del DF, las Alcaldías de la Ciudad de México gozarían de personalidad jurídica y patrimonio propio. Para garantizar la gobernabilidad de estas y dar un contrapeso a los Alcaldes, se crearía un cuerpo de carácter edilicio denominado “Concejo de la Alcaldía” que incorpore de manera proporcional la representación política.
Asimismo, anota la iniciativa, se precisa un diseño institucional responsable y viable que permita la toma de decisiones con autoridad sobre temas compartidos entre las entidades que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.
Por tanto, propone establecer, con facultad del Congreso de la Unión, la declaratoria de zonas metropolitanas, obligando a los congresos locales, la ALDF y los municipios o alcaldías involucradas a crear entidades de gestión metropolitana.
En el documento que sustenta la iniciativa, Rodríguez Doval afirma que la dinámica institucional y política de la Ciudad de México cada vez más intensa, participativa y democrática -combinada con la existencia de problemas estructurales y necesidades urbanas cada vez más complejas-, “demanda al Constituyente Permanente el análisis profundo de su actual organización jurídico-política”.
Lo anterior, “a fin de realizar los ajustes y adecuaciones que se juzguen necesarias para otorgar mayor fuerza y certeza a la labor de gobierno, a la vez de ampliar la representación y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas”, destaca.
-- ooOoo – |
|