04-12-2014.-La Cámara de Diputados conoció el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para dar mayor calidad técnica a la selección, ejecución y evaluación de proyectos, así como mayor transparencia y certeza jurídica a los procesos de licitación y contratación.

El documento, que será discutido y votado en próxima sesión, señala que la modificación legislativa fortalecerá los procesos institucionales de planeación en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ya que reduce costos de operación e incrementa la competencia equitativa entre las empresas dedicadas a este sector.

Con ello, continúa, se permitirá la creación de infraestructura de mejor calidad, que coadyuvará a impulsar un mayor crecimiento económico, desarrollo sustentable e igualdad de oportunidades entre la población, incrementando con ello el bienestar social de los habitantes del país.

Además, toma en consideración los conocimientos y las mejores prácticas de contratación de sectores público y privados, e incorpora nuevas figuras jurídicas que brindarán mayores y mejores elementos al Estado, para que la obra pública se lleve a cabo bajo las mejores prácticas.

La reforma, señala, contribuye con eficiencia, eficacia y transparencia a la contratación y ejecución de obras públicas, cuya contratación debe realizarse en su totalidad mediante el sistema CompraNet. A través de ese medio se promueve la transición tecnológica, dando certeza jurídica y promoviendo la competencia entre los proveedores, y se disminuyen gastos administrativos, tanto para el gobierno federal como para los contratistas.

Menciona que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, CompraNet es el sistema de compras públicas más avanzado y una de sus principales ventajas es que permite la realización de licitaciones públicas 100 por ciento electrónicas y en igualdad de condiciones para todos los participantes.

Incluir concepto de conservación en ley de turismo

A la Comisión de Turismo, se mandó una iniciativa de la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM) que reforma los artículos 4 y 7 de la Ley General de Turismo, para incorporar el concepto de “conservación” y así armonizar esta norma con la Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que ordena considerar de utilidad pública, la conservación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y las zonas de monumentos.

Su objetivo es que el Ejecutivo haga una conservación de los bienes turísticos, pues es de suma importancia considerarla dado que son riquezas inestimables, únicas e irremplazables. En consecuencia, la pérdida de uno representa el empobrecimiento del patrimonio mundial, y desde luego del nacional.

Derechos humanos

El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) propuso reformas al artículo 1 Bis de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con la finalidad de establecer el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas, tanto en las actividades propias e internas de la acción militar como en las que se deriven de su participación en cumplimiento de sus funciones con la sociedad y las instituciones mexicanas.

Destaca que actualmente dicho artículo no integra categorías y conceptos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos; por ello, la importancia de que se “haga explícito que, durante las acciones del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana con la sociedad, éstas deben darse en el marco del pleno respeto a los derechos humanos de las personas, y así establecer mayor certeza jurídica”. Se remitió a la Comisión de Defensa Nacional.

Mantener vigente declaratoria de patrimonio de la humanidad

Fue canalizada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, una iniciativa de la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM) que modifica la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Su objetivo es que la Secretaría de Educación Pública, los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes, así como los demás centros culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realicen las políticas públicas, programas y acciones conducentes a efecto cumplimentar los requisitos solicitados por los organismos internacionales, en la idea de mantener vigente las declaratoria de “patrimonio de la humanidad” en cualquiera de sus categorías.

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