11-12-2014.- La Cámara de Diputados aprobó con 373 votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones, el dictamen que modifica las leyes de Ciencia y Tecnología y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con la finalidad de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país al incentivar la creación de instancias de gestión para transferencia tecnológica y vinculación en todas las instituciones con actividades en la materia.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Alejandro Rangel Segovia (PRI) secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, destacó que con esta reforma, los servidores públicos de las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y las entidades de la administración pública federal, dedicados a la investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica, podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social y recibir beneficios.

Dichas actividades, agregó, podrán ser como socios, accionistas de empresas de base tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual, perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda.

Sin embargo, aclaró, mediante la modificación a la fracción XII del artículo 8o de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dichos investigadores, al ser considerados como servidores públicos, incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o cualquier otro concepto, sin respetar la normatividad institucional.

Asimismo, abundó, otras instancias que se dedican a la investigación y desarrollo tecnológico podrán crear unidades especializadas de vinculación y transferencia que les permitan interactuar con el sector privado usando sus desarrollos y con la participación de los propios investigadores.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI) señaló que mediante la reforma, los académicos y científicos podrán realizar o conformar empresas de base tecnológica y comercializar los derechos de propiedad intelectual e industrial de las instituciones, centros y entidades que a ello se dediquen.

Además, agregó, se ponen candados para evitar que los académicos incurran en conflictos de interés y se motiva a que la investigación básica sea el motor fundamental de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Juan Pablo Adame Alemán (PAN) coincidió en que la modificación quitará las cadenas a los investigadores para que su conocimiento o investigaciones financiadas con recursos públicos puedan aprovecharse para beneficio de todos los mexicanos.

“Debemos quitar de nuestra mente la idea de que los investigadores tienen que estar solo en las aulas o en el laboratorio, y no desarrollando conocimiento en el sector privado”, puntualizó.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta (PRD) comentó que la enmienda a la Ley de Ciencia y Tecnología obliga a los investigadores a publicar con detalle los experimentos y sus resultados para que puedan ser replicados por otros investigadores y así tener la certeza de su validez y puedan entonces ser considerados como ciencia.

El uso particular de esos resultados, añadió, se contrapone con el principio de hacerlos del dominio público, además, el Estado financia la investigación científica por la característica democrática que tienen su método y sus resultados, por lo que usufructuarlos de manera particular se contrapone con el espíritu del financiamiento público, que busca el beneficio social; de ahí que se debe reconocer que la reforma es favorable.

Mónica García de la Fuente (PVEM) dijo que los descubrimientos científicos y su aplicación en el desarrollo de nuevas tecnologías tienen un impacto importante en la economía de los países, al estimular la productividad y por ende, la generación de ingresos, por lo que es necesario promover una mayor inversión por parte del sector privado.

Esta reforma que se discute, aseguró, facilita y proporciona mayor certeza en la transferencia de tecnologías entre las instancias educativas y de investigación al sector empresarial.

José Soto Martínez (MC) consideró necesario que México dé la importancia debida a la ciencia y tecnología para dejar de depender y comenzar a mostrarle al mundo la capacidad, capital científico, intelectual y tecnológico con que cuenta.

“De no ser así seguiremos dependiendo de la tecnología extranjera y seguiremos teniendo fugas de capital científico e intelectual. En la etapa actual de la economía del conocimiento, el papel que juega la ciencia, la tecnología y la innovación, es vital y cada vez más relevante para el verdadero desarrollo de México”, concluyó.

María del Carmen Martínez Santillán (PT) dijo que la reforma permite a los investigadores vincularse con terceros para la realización de actividades de investigación, así como participar en asociaciones, alianzas y otras figuras que tienen como finalidad la vinculación universidad-empresa-sociedad.

Sin embargo, aseveró, la cuestión de los derechos de propiedad sigue siendo la problemática central en torno a los procesos de vinculación, en este caso, respecto a la participación de funcionarios públicos en dichos procesos de vinculación.

Rubén Benjamín Félix Hays (NA) aseguró que hoy se marca un precedente en el sector de la ciencia, la tecnología e innovación gracias a esta reforma, cuyo objetivo es eliminar el impedimento que tienen los investigadores para participar en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico con el sector privado.

Actualmente, informó, México importa alrededor del 95 por ciento de la tecnología que utiliza en sus equipos, infraestructura empresarial, desarrollo del campo, pesca y seguridad pública, por lo que la enmienda es trascendental ya no es únicamente para beneficio del sector científico, sino de México.

El dictamen aprobado, que reforma los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, fue enviado al Senado de la República para su trámite constitucional.

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