03-01-2014 El diputado Marco Alonso Vela Reyes (PRI), secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, señaló que en los primeros siete meses del año la Profeco recibió 550 quejas contra escuelas particulares, por diferentes motivos, por lo que se pronunció por revisar las bases mínimas de información para la comercialización de estos servicios educativos.

Precisó que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las inconformidades registradas son contra instituciones educativas de todos los niveles escolares: preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Además, agregó, la variación de precios de uniformes y útiles escolares, puede ser de hasta 200 por ciento en supermercados, papelerías o tiendas minoristas, en relación con los que venden las instituciones educativas privadas.

De acuerdo con la Asociación Consultores Internacionales, las tarifas de los servicios educativos se incrementaron 10.98 por ciento durante el mes de julio en la Ciudad de México, en comparación con las de un año antes, indicó.

El legislador comentó que son millones de jóvenes que asisten a escuelas particulares y millones de familias que hacen esfuerzos extraordinarios para apoyar a sus hijos en su formación académica, “muchos incluso comprometiendo la economía familiar y su patrimonio al adquirir deudas para solventar los gastos que de ello se genera”.

Aseguró que es común y reiterada la denuncia de los padres de familia por los abusos en los que incurren los prestadores de esta educación, al elevar los pagos de colegiaturas y los costos por reinscripciones, servicios y trámites administrativos.

Refirió que ante las recurrencia de las denuncias de los padres de familia, el gobierno federal publicó el 10 de marzo de 1992, en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, en el que se instituyen diversas disposiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de la educación privada.

Enfatizó que dicho acuerdo no establece fecha de término, por lo que sus disposiciones continúan vigentes. No obstante, su positivismo, los hechos lo muestran como inoperante, ineficaz, desfasado de las circunstancias imperantes “ante los excesos y abusos que siguen cometiendo los prestadores del servicio educativo particular”, dijo.

El diputado Vela Reyes consideró que el acuerdo de referencia es un instrumento jurídico que desconocen los usuarios de los servicios de la educación privada y que no atienden los prestadores de dicho servicio. “Los abusos en los que incurren, en lugar de disminuir van en aumento”, enfatizó.

Por ello, impulsa un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Educación Pública y de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar, actualizar y hacer cumplir, el Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares.

Con ello, indicó, se busca que los particulares prestadores de servicios educativos se obliguen a no incrementar las colegiaturas durante el periodo escolar; no establecer cuotas o aportaciones extraordinarias, y que el concepto de cobro por reinscripción se realice anualmente o cada ciclo escolar.

Asimismo, que el incremento de colegiaturas se aplique con la referencia de la tasa inflacionaria promedio, entre la esperada para el año en que inicia el ciclo escolar y la del siguiente en que concluye, y que no penalice el pago extemporáneo por concepto de reinscripciones.

“Con este punto de acuerdo se fortalecerá el marco jurídico de protección y orientación del consumidor de bienes y servicios frente a los actos de comercio que obliguen a pagar precios excesivos”, puntualizó.

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