19-01-2014 La diputada Frine Soraya Córdova Morán (PRI), integrante de la Comisión de Desarrollo Social, impulsa reformas a la ley en la materia para establecer un candado contra la discriminación, dilación y postergación en la ejecución de los programas de desarrollo social, y prohibir su condicionamiento y utilización proselitista.

Refirió que durante varios años ha habido denuncias de los “malos funcionarios que escamotean, limitan, dilatan o suspenden el otorgamiento de programas y acciones a los beneficiarios, en función de sus intereses en campañas y procesos electorales”.

Afirmó que con la utilización de los padrones de la Secretaría de Desarrollo Social en las 32 entidades federativas del país, “se ha amagado con que los programas desaparecerán si no se apoya a tal o cual partido, o se condiciona su entrega a los beneficiarios en la búsqueda de lucro proselitista”.

La legisladora recordó que para los procesos electorales federales y locales, la Cámara de Diputados y la de Senadores han conformado grupos de trabajo que vigilan el correcto otorgamiento de los programas públicos, en varias entidades del país, gobernadas por distintos institutos políticos.

Sin embargo, dijo, “la utilización de los programas públicos de desarrollo social para obtener un lucro partidista sigue siendo lamentable incitación para los malos servidores públicos”.

Córdova Morán refirió que de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, durante el 2012 el Programa Oportunidades alcanzó seis millones de beneficiarios; Liconsa atendió a nueve millones de personas; 65 y Más, a 2 millones 100 mil adultos mayores y Hábitat, a más de un millón.

Enfatizó que los beneficiados de los programas “son vistos como un botín electoral del que, ilegal o ilegítimamente, buscan apoderarse malos funcionarios, condicionando su entrega, amagando con su desaparición o retrasando los recursos que deben otorgar, en función de los calendarios electorales”.

Precisó que en la Ley General de Desarrollo Social aún no se ha establecido la prohibición del uso proselitista, condicionamiento, dilación en su entrega u otorgamiento selectivo de los programas y recursos públicos, en función de intereses electorales.

Por ello, consideró necesario reformar el artículo 2 de dicha ley para “imponer un candado expreso y claro de la prohibición del uso proselitista de los programas y recursos destinados para el desarrollo social”.

Asimismo, agregó, con este candado se darían más herramientas a estas y otras instancias, para inhibir y evitar el uso de los programas con fines personales, partidistas o electorales.

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