25-01-2014 La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (PAN), integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, propuso una reforma a la Constitución Política para que el Poder Ejecutivo federal no pueda conceder el indulto por delitos de lesa humanidad.

Refirió que el titular del Ejecutivo puede conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común del Distrito Federal “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada” y las autoridades determinen que “no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas”.

Vargas Martín del Campo explicó que los crímenes de lesa humanidad, de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, son las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso; tortura, violación, prostitución, esterilización forzadas, y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos y de orientación sexual.

Asimismo, la desaparición forzada, el secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los padece, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho agravio.

A través de una iniciativa, la legisladora propuso reformar el artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política para que de esta forma el indulto esté impedido para delincuentes cuyos delitos graves sean de alto impacto.

Además, dijo, se armonizaría con las disposiciones constitucionales donde se señala la obligación del Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

De esta manera, queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales, genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas, enfatizó.

La legisladora aclaró que con esta propuesta, la figura del indulto continuaría constituyendo una prerrogativa discrecional del presidente de la República, sólo que en pleno apego a las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, sin una redacción que pueda consentir una contradicción.

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