• Enmienda las fallas, la impunidad y sus consecuencias que enfrenta el sistema penal vigente
• Se asegura el acceso a la justicia en un marco de respeto a los derechos humanos
• La entrada en vigor de este Código no deberá exceder el 18 de junio de 2016

05-02-2014.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 407 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, el dictamen a la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo propósito es enmendar las fallas, la impunidad y sus consecuencias que enfrenta el sistema penal vigente.

Con este instrumento se busca unificar procedimientos a nivel nacional y evitar espacios de impunidad argumentando situación de territorialidad o ámbitos de aplicación, y asegura el acceso a la justicia en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

El Código Nacional dispone un catálogo de principios y derechos en el procedimiento, lo que permite encauzar la actuación de las partes que intervienen en el procedimiento penal.

Tales principios permitirán a las partes involucradas hacer públicas las determinaciones judiciales; contradecir de forma directa a la contraparte frente a la autoridad que va a resolver la controversia presentada; dar continuidad a una diligencia de tal forma que se impida fraccionar una prueba, tanto en el conocimiento de su contenido como en el desarrollo de su obtención.

En el dictamen a la minuta se precisa que el propósito es cumplir con el mandato constitucional estipulado en la reforma penal de 2008 y transitar de un sistema de justicia inquisitorio a un modelo de corte acusatorio adversarial.

De esta manera, el Código establece nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y federales, tales como la regulación de juicios orales, los cuales se llevarán a cabo en audiencias públicas para que tanto las partes en conflicto como el público en general puedan presenciarlas.

Asimismo, el nuevo ordenamiento dispone que cuando el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas para la investigación, el titular de la Procuraduría General de la República o los servidores públicos facultados podrán solicitar al juez federal de control la autorización de esta medida.

En lo referente al descubrimiento probatorio a cargo del Ministerio Público, el dictamen subraya que éste consiste en la entrega material a la defensa de copia de los registros de la indagación, es decir, todos los documentos que integran la carpeta de investigación, así como fotografías, videos, grabaciones de voz, informes y pruebas periciales. Asimismo, se precisa que se debe dar acceso a la defensa respecto de las evidencias materiales recabadas.

Por su parte, el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa, consiste en la entrega del material al Ministerio Público de copia de los registros con los que cuente y pretenda ofrecer como medios de prueba para ser desahogados en el juicio.

El dictamen también incluye la posibilidad de que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video y, en general, por cualquier soporte que garantice su reproducción.

Se precisa que los legisladores deberán armonizar los criterios competenciales y jurisdiccionales que regirán los procedimientos en el orden federal y local, por lo que se establecen reglas generales de competencia y la facultad de atracción de la jurisdicción federal para aquellos delitos en los que la Carta Magna así lo mandata.

En cuanto a los procedimientos para miembros de las comunidades indígenas, se incluyeron mecanismos para el reconocimiento de decisiones de autoridades de las comunidades originarias, así como de sus efectos.

Se argumenta que debido a que se requiere de la adecuación de diversas estructuras, tanto normativas, reorganizacionales, de personal, de infraestructura y equipamiento, lo cual depende del fuero y la territorialidad de cada Distrito en la Federación y de cada entidad federativa, la entrada en vigor de este Código no deberá exceder el 18 de junio de 2016 y será gradual.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, expresó que el Código Nacional de Procedimientos Penales es ejemplo de la transformación sistémico-jurídica que ha emprendido esta legislatura, ya que no es obra de la casualidad sino respuesta a la realidad que enfrenta el país.

Resaltó que el Código deviene de la reforma constitucional del 2008, que mandata el cambio del Sistema de Justicia Penal Mexicano, “sin duda la causa del agotamiento, del agobio y de la inoperancia del sistema penal cerrado vigente”.

Este Código, dijo, prevé los principios que regirán al proceso: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como inclusión de principios tales como igualdad ante la ley y entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento.

Pacheco Rodríguez destacó que también prevé soluciones alternas en la aplicación de un acuerdo reparatorio, que puede ser desarrollado por mediación o conciliación, mismos que deberán ser regulados por leyes especiales.

De igual modo, añadió, contempla dentro de las soluciones alternas, la suspensión condicional del proceso, lo cual procederá a petición del Ministerio Público y del imputado, y su procedencia será hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral.

Este Código, resaltó, pretende en un ejercicio de transparencia, cercanía, oralidad y expedités, salvaguardar como lo manda la Constitución, los derechos de todos los mexicanos en la eventualidad de que hayan de participar en un procedimiento penal.

Ricardo Fidel Pacheco argumentó que el proceso de implementación del nuevo sistema penal está en marcha, por lo que la aprobación de este Código será oxígeno para atender a los tiempos que la Constitución otorgó para la vigencia plena de este nuevo modelo. “Este Código es inacabado y perfectible. Coincidamos con la idea de que es indispensable esta legislación penal y su puesta en marcha es impostergable”, abundó.

Posicionamientos

Al iniciar los posicionamientos, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza) afirmó que este dictamen busca dar orden a los procesos penales, así como frenar el abuso del poder y la corrupción. “Un Estado de derecho funcional es garantía de paz y crecimiento”, aseguró.

Señaló que desde 1934 no se había tendido una reforma tan trascendental. “El dictamen que hoy se vota tiene los elementos para combatir la corrupción, la opacidad y abatir la injusticia; las ventajas son muchas”.

Indicó que con este cambio se concede mayor certeza jurídica, tanto para el imputado como para la víctima, ya que “se busca que se castigue al culpable y se le haga justicia al inocente”.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) calificó al actual sistema penal como débil, lento y con vicios, ya que, según cifras de la ONU y del CIDAC, sólo el 25 por ciento de crímenes es reportado; el 20 es seguido por el Ministerio Público; el 10 termina en un arresto, el 5 llega a un juez y sólo el uno por ciento se castiga.

“La impunidad en este país es del 95 y el 98 por ciento. Además entre el 50 y 70 por ciento de jueces se considera que son corruptos”, agregó.

Destacó que el sistema penal México ocupa el lugar 63 de 66 naciones. “Este es un buen inicio porque este nuevo sistema pone en el centro a la persona”, afirmó.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Monreal Ávila advirtió que la propuesta contiene diversas lagunas en temas de prisión preventiva; allanamiento de morada; presencia y defensa del imputado en audiencia; intérprete para miembros de pueblos indígenas, y comunicaciones intervenidas, entre otras.

“Son cosas trascendentes que no se pueden admitir en un régimen democrático y que la izquierda no puede, ni por confusión ni por desviación ideológica, opinar favorablemente, menos apoyar estos instrumentos perniciosos”, sostuvo.

Aseguró que aunque la transición al Sistema Penal Acusatorio tiene entre sus fines principales disminuir el margen de indefensión en el que estaba sujeto el inculpado o la víctima, aún existirá una opacidad y una completa ausencia de transparencia en el manejo del expediente y las diligencias por parte del Ministerio Público.

En tanto, el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) expresó que la aprobación del nuevo Código es el camino hacia la seguridad jurídica de las personas a partir de la impartición de justicia en la rama más sensible para la población: la defensa de su persona ante la criminalidad.

Subrayó que con el principio de oralidad se fomentará la inmediatez y la relación directa entre el juez y el desahogo científico de las pruebas. “Habrá transparencia y se erradicará la corrupción que hasta la fecha se da en los procesos penales”.

“A través de la oralidad habrá una agilización del proceso penal; justicia tardada no es justicia, deben tenerse sentencia dictadas de forma expedita y pronta”, declaró.

Del PRD, el diputado Catalino Duarte Ortuño afirmó que la minuta es de gran relevancia, ya que es un cuerpo normativo novedoso, que en gran medida cubre el vacío de la reforma del artículo 73 de la Constitución.

Relató que el Código tiene cosas positivas; por ejemplo, en los casos de delitos no graves, en todo momento se podrá conciliar a petición de las partes y da la posibilidad de que no se dé la privación de la libertad como actualmente sucede en el sistema; solo en delitos de carácter graves se podrá detener a la persona. Además, permite de manera pública no sólo conocer los alegatos de las partes sino grabarlos.

“El problema no es el perfeccionamiento de las leyes. La visión que tiene la izquierda es que tenemos que trabajar seriamente en los valores, en la cultura de la legalidad. Tenemos que ir a fondo en el tema de la corrupción. Eso es lo que afecta seriamente la procuración y administración de justicia en este país”, afirmó.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (PAN) argumentó que con este Código se otorgará mayor certeza, inmediatez y transparencia; dará una verdadera justicia, en donde se reconocen principios como la publicidad, pues ahora se podrá acudir a las audiencias y conocer de manera directa e inmediata lo que ahí se trata.

Manifestó que ahora se establece el principio de contradicción, ya que se van a confrontar las pruebas entre una parte y la otra enfrente del juzgador. La audiencia se hará de manera continua, sucesiva y secuencial; habrá una verdadera presunción de inocencia, y contempla la posibilidad de crear acuerdos.

“No se trata de decir lo malo que tenga el Código que hoy aprobaremos, sino de los grandes beneficios que éste traerá en cuanto a la implementación de la justicia, a la certeza que tendrán las víctimas y que todos estemos conscientes que lo que se determine en un juzgado no sea otra cosa que justicia”, resaltó.

A su vez, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) recordó que 13 estados han implementado el nuevo sistema de justicia penal acusatorio de tipo adversarial, 12 están trabajando para su implementación y algunos más lo estarán haciendo antes de junio de 2016.

Destacó que con este Código, se construye una herramienta indispensable y base del nuevo sistema penal acusatorio cuya principal característica es la oralidad, y se crean los mecanismos alternos de solución de controversia, es decir resolverla en el menor tiempo posible y sin gastos para el ciudadano.

Este sistema, indicó, es garantista, pues pone por encima el concepto del debido proceso y la presunción de inocencia. Además, privilegia absoluta y totalmente los tratados internacionales en materia de derechos humanos. “Los mexicanos ya no piden un nuevo sistema, nos lo están exigiendo”, señaló.

Hablaron en contra del dictamen, los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, Zuleyma Huidobro González, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Ávila, así como Loretta Ortiz Ahlf (PT), quienes coincidieron en que el Código Nacional de Procedimientos Penales es contrario a lo establecido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. También se pronunciaron porque se graben los juicios orales.

La diputada del PRD, Martha Lucía Micher Camarena, también se manifestó en contra, porque el Código contiene un lenguaje sexista, no se refiere a las mujeres que representan más de la mitad de la población, y más de un millón de ellas sufren delitos graves como la violación sexual, “crimen más extendido y repetido que los demás delitos”.

Destacó la necesidad de la privacidad del delito, para que las víctimas de una violación sexual no relaten públicamente los detalles del abuso de que fueron objeto, ya que “es violatorio de los derechos humanos contenidos en la Constitución”.

A favor se pronunciaron los diputados del PRD, Alfa Eliana González Magallanes y Fernando Belaunzarán Méndez, quienes consideraron que este Código Nacional es el inicio para cambiar el sistema caduco de impartición de justicia penal en el país, y es un instrumento para darle certeza, donde “el gran ausente es la justicia”.

Destacaron que serán vigilantes de que en su aplicación se respeten los derechos humanos, que el debate probatorio se verifique ante el juez, volviéndose expedito a través de la oralidad, y que la prisión preventiva deje ser la regla y se convierta en excepción.

También a favor, la diputada Luisa María Alcalde Luján (Movimiento Ciudadano), sostuvo que este Código es un paso adelante, pero existen muchos desafíos que tienen que atenderse como los reglamentos de comportamiento de los policías y las leyes de seguridad pública y orgánica de las procuradurías.

Asimismo, la diputada del PRI, Cristina González Cruz, y Tomás Torres Mercado, del PVEM, destacaron la importancia de transitar hacia un sistema de justicia más lógico y transparente, en el que no prevalezcan los vicios de corrupción y deficiencias y en el que los jueces y magistrados tengan rostros.

El legislador del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, apuntó que este nuevo marco jurídico penal “reducirá los abusos de poder y la violación de derechos humanos”. Hizo votos porque se aplique con ética y profesionalismo.

Para su discusión en lo particular, la Secretaría de la Mesa Directiva dio lectura de las reservas a los artículos 3, 4, 10, 13, 15, 17, 19, 45, 55, 56, 58, 64, 66, 86, 108, 109, 113, 114, 117, 128, 131, 132, 137, 141, 146, 147, 150, 152, 155, 157, 158, 165, 167, 183, 187, 201, 202, 205, 208, 211, 249, 250, 251, 256, 265, 290, 291, 293, 297, 301, 303, 305, 322, 337, 338, 355, 366, 380, 397, 398, 486, 489 y 490.

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