• El dictamen coadyuvará a atender demandas de los trabajadores subcontratados a una vivienda digna y decorosa

11-02-2014.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 441 votos, un dictamen que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de que cuando un intermediario laboral, contratista y subcontratista, participen en la contratación de mano de obra para un patrón, sean responsables del cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicha norma, entre ellas el recaudar aportaciones para la obtención de una vivienda.

El dictamen que adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del Infonavit, señala que no serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas contratistas que presten servicios con sus trabajadores a otras, a fin de cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones laborales, en los términos de la Ley Federal del Trabajo, específicamente los artículos 12, 13, 14, 15, 15-A y 15-B.

Al argumentar el dictamen que se envió al Senado para sus efectos constituciones, el diputado Ossiel Omar Niaves López (PRI) precisó que el objetivo es dotar al Infonavit de un mecanismo para recaudar las aportaciones de vivienda de los trabajadores que prestan sus servicios bajo la figura de la subcontratación.

Con ello, destacó, se cumplirá con lo establecido en nuestra Carta Magna y la Ley Federal del Trabajo, en lo relativo al derecho a una vivienda digna.

Asimismo, el dictamen señala que los patrones que se benefician de este tipo de servicios de intermediarios o de una empresa outsourcing, deben cumplir solidariamente con el pago de las aportaciones del Fondo Nacional de Vivienda, toda vez que en muchas ocasiones no las reportan, pues la Ley del Infonavit no lo establece como una obligación.

Otro de sus objetivos, continuó, es procurar una mejora recaudatoria, así como sistematizar el procedimiento de facultades de comprobación del acopio de información que los patrones deben rendir al Infonavit, como actualmente sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La adición de este artículo, puntualizó, coadyuvará a atender las demandas de los trabajadores a una vivienda digna y decorosa, la cual representa un derecho humano, y fortalecerá el carácter social del Infonavit; además, mejorará sus finanzas al obtener mayor recaudación derivadas de las aportaciones de los sujetos obligados y asegurará la constitución de las cuentas individuales de miles de trabajadores subcontratados.

Recordó que en la LX Legislatura, el diputado Patricio Flores Sandoval, presentó una iniciativa para establecer la obligación solidaria en la Ley del Seguro Social, para efecto de que las empresas que contrataran los servicios de “outsourcing”, respondieran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Gracias a esta iniciativa, dijo, se reformó el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, por la cual quedó instituida la obligación solidaria de los patrones que utilizan los servicios subordinados de otra persona, obligándolos a registrarse ante el IMSS como su patrón y al mismo tiempo como su trabajador.

Pero no ha sido el mismo caso en el derecho a una vivienda digna, abundó, ya que si bien la Ley del Seguro Social reconoce ya la obligación solidaria de los beneficiarios de la tercerización de servicios, este vínculo no está presente en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De Nueva Alianza, la diputada María Sanjuana Cerda Franco expresó que la Reforma Laboral del 2012 otorgó certeza jurídica a los trabajadores, al considerar que las empresas en donde presten sus servicios, aunque no fueran sus patrones sino subcontratistas, son responsables solidarios en materia del registro ante el IMSS; sin embargo, otras prestaciones como el Fondo para la Vivienda no se contemplaron, vulnerando así sus derechos, relaciones laborales y el patrimonio de sus familias.

Recordó que el derecho a la vivienda quedó consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo 123 desde 1983, al establecer que toda familia tiene derecho a disfrutar de una casa digna y decorosa.

En tanto, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT), acotó que en la actualidad la Ley del Infonavit no cuenta con los mecanismos legales que permitan hacer que las empresas con carácter de responsables solidarias y sujeto obligado otorguen la prestación de créditos para vivienda a sus trabajadores.

Ante ello, apuntó, el propósito de este dictamen es dotar a este Instituto de todas las formas legales e instrumentos informativos para que fiscalmente se logre dar garantías de comprobación a favor de los trabajadores.

“De esta manera será posible obligar a los intermediarios y patrones subcontratistas a enterar de los contratos y servicios prestados a otras empresas, al abrir la posibilidad para imponer las obligaciones relativas al pago de aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores”.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Rodrigo Chávez Contreras resaltó que cada mes se dan de baja en el IMSS más de 944 mil trabajadores y vuelven a darse de alta el mismo día, es decir, casi un millón de trabajadores firman su despido y nuevo contrato por mes.

Lo anterior, explicó, además de generar gastos para el Infonavit, desvirtúa y sesga el auténtico número de nuevos registros del seguro social y crea una falsa idea de la generación de nuevos empleos.

Resaltó que 2.7 millones de mexicanos en edad de trabajar no cuentan con un empleo formal que garantice el respeto a sus derechos, generando un círculo vicioso de recontrataciones. Así, las empresas evaden obligaciones laborales con sus trabajadores, entre los que destacan la cuota de vivienda al Infonavit.

El diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM) subrayó que, según cifras oficiales, en México existe un déficit de 14 millones 600 mil casas, lo que exige redoblar esfuerzos por parte de las instituciones públicas y los organismos de vivienda a trabajar de manera coordinada y revertir esta situación.

Para ello, precisó, es necesario el financiamiento de soluciones habitacionales, el diseño de nuevos esquemas de renta, el otorgamiento de créditos para la mejora y la atención a nuevos segmentos de la población. De ahí la importancia del dictamen que establece el carácter de sujeto obligado ante el Infonavit en materia de aportaciones para la vivienda a los trabajadores, expresó.

En su turno, la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del PRD, comentó que la reforma pretende normar la situación laboral de las personas que trabajan bajo este régimen, con el fin de conseguir un hogar para sus familias.

“El dictamen resolverá problemas que a la fecha están latentes, ya que muchos ciudadanos desean tener una vivienda digna y no la pueden adquirir”, puntualizó.

El documento precisa que las empresas contratantes y contratistas deberán comunicar trimestralmente ante la delegación de recaudación correspondiente, el domicilio del patrón o sujeto obligado, en relación con los contratos celebrados. Asimismo, incorporará por cada uno de sus trabajadores, el nombre del beneficiario de los servicios o trabajos en el sistema de cómputo autorizado por el Instituto.

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