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| Boletín N°. 3029 | Diputados y ASF coinciden en modernizar sistema nacional de fiscalización |
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20-02-2014.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibió del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, el informe correspondiente al Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012, el cual establece que se determinaron 9 mil 56 observaciones y se derivaron 10 mil 911 acciones, de las que 6 mil 564 fueron preventivas, 4 mil 347 correctivas y se presentaron 147 denuncias de hechos. En la entrega recepción del informe, los diputados y el titular de la ASF reconocieron la necesidad de modernizar el sistema de fiscalización. Coincidieron en que se debe crear un Tribunal de Sanciones y un Sistema Nacional de Fiscalización, ya que si bien la ASF cuenta con facultades para promover sanciones en el ámbito penal y administrativo, el modelo está concebido con una orientación primordialmente resarcitoria. Portal Martínez se pronunció por la construcción de una política más completa, articulada y coherente de rendición de cuentas, así como por la creación de un órgano jurisdiccional para desahogar las responsabilidades administrativas. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, mencionó que México requiere de un tribunal sancionador, independiente, tanto de las partes fiscalizadas como de quien las audita, en este caso, la Auditoría Superior de la Federación. Por eso, dijo, “es fundamental la aprobación de la Comisión Nacional Anticorrupción”. Mencionó que el dictamen que contempla esta figura ya fue aprobado en el Senado de la República y la minuta se encuentra en la Cámara de Diputados, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. El diputado Anaya Cortés propuso que, con seriedad y audacia, se dé ese paso histórico, dotando a la Comisión Nacional Anticorrupción de plena autonomía constitucional para tener un órgano independiente, responsable de determinar y de aplicar sanciones a quienes no ejercen correctamente los recursos públicos en los tres niveles de gobierno. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Silvano Aureoles Conejo, reconoció que el sistema de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas del país, debe fortalecerse. Señaló que aún con los avances logrados, son insuficientes los resultados, lo cual se refleja con una mayor demanda de transparencia y rendición de cuentas por parte de la ciudadanía. “Vemos a través de los años, grandes inversiones en distintos ámbitos y espacios: carreteras, obras hidráulicas, monumentos, que generan escándalos, criticas y debates, pero que difícilmente pasan de ahí. Son miles y miles de observaciones las que se acumulan, pero no hemos acabado de construir el mecanismo para que eso se traduzca en sanciones a quienes hagan mal uso de los recursos públicos”, aseguró. Aceptó también que se debe crear un Sistema Nacional de Fiscalización de los recursos públicos y que se dé pie a los instrumentos legales que deriven en las sanciones correspondientes. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria (PRD), de igual forma consideró necesario un Sistema Nacional de Fiscalización con capacidad técnica, infraestructura, procesos de fiscalización modernos y cuadros técnicos-profesionales para tener una efectiva relación de políticas públicas y de rendición de cuentas. “Valoremos en su justa dimensión el trabajo realizado por la Auditoria Superior de la Federación y fortalezcámosla, así como a las entidades de fiscalización locales que aportan elementos para el ejercicio de un buen gobierno”, dijo. El diputado Kamel Athie Flores (PRI) confió en que el Sistema Nacional de Fiscalización mejore la rendición de cuentas en el país y combata la corrupción, luego de que se ha “echado andar una gran maquinaria humana, normativa y presupuestal. Indicó que el PRI confía que en el contenido del informe de resultados, la ASF cubra sus atribuciones en forma, cabal y objetiva. En su oportunidad, el legislador Julio Cesar Lorenzini Rangel (PAN) enfatizó que fomentar una cultura de rendición de cuentas debe pasar de ser “un mero recurso retórico a una acción constante de todo el aparato gubernamental”. Aseguró que la ciudadanía demanda que la rendición de cuentas y transparencia vaya en aumento. La diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD) expresó que sería de gran valía que los legisladores contaran con los resultados tan pronto como vayan concluyendo una a una, para apoyar la toma de decisiones en el Legislativo. “Las obras iniciadas con motivo del Bicentenario son caras, mal planeadas, inútiles y derroche de recursos”, dijo. En su momento, Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM) señaló que su bancada parlamentaria promoverá “las piezas faltantes” para concretar un andamiaje jurídico que mejore y fortalezca el proceso de fiscalización. También la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) expresó su compromiso para impulsar medidas legislativas que mejoren la fiscalización superior del país, así como revisar los resultados del informe con la convicción de que el trinomio: transparencia, rendición de cuentas y fiscalización superior, constituyan un eje toral del Estado de derecho para legitimar el actuar de los servidores públicos. Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, consideró que México vive una gran paradoja “porque mientras más recursos se destinan a la fiscalización, prevalece aun más la corrupción”, por lo que indicó que su bancada evitará que los entes fiscalizadores sólo cubran formas y “los corruptos sigan haciendo de las suyas”. El legislador José Alberto Benavides Castañeda (PT) expresó su confianza en que el informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2012 arroje resultados efectivos en la aplicación de recursos y apoye a los legisladores a determinar la incidencia de éstos en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos. En su mensaje, el auditor superior, Juan Manuel Portal Martínez, destacó que la fiscalización se llevó a cabo en 127 dependencias y entidades, correspondientes a los tres Poderes de la Unión, a cuatro organismos constitucionalmente autónomos, a 19 universidades públicas y a los 32 gobiernos de las entidades federativas; además de que se auditaron los fondos federales en 190 gobiernos municipales, y en 7 demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Indicó que para la Cuenta Pública 2012 se determinaron recuperaciones por 13 mil 674.2 millones de pesos, las cuales se materializaron en el transcurso de las revisiones correspondientes. Denunció que durante la revisión anual a la Cuenta Pública Federal, se ha observado, de manera constante, que los proyectos de infraestructura han presentado modificaciones y diferimientos en los procesos de contratación, ejecución y puesta en marcha, así como incrementos sustanciales en sus costos. Se refirió también al tema de las pensiones y jubilaciones, del que, dijo, constituye uno de los mayores riesgos para la sustentabilidad de las finanzas públicas, ya que los regímenes de beneficio definido han generado pasivos laborales que ascienden al 40.6 por ciento del PIB; a pesar del avance observado en el Poder Ejecutivo Federal en la consolidación del Sistema Nacional de Pensiones. En tal sentido, la ASF consideró necesario legislar sobre la homologación de las variables actuariales para la determinación de las obligaciones laborales contingentes. Por otra parte, mencionó que la problemática del gasto federalizado se ha visto influenciada por la debilidad de las finanzas de las entidades federativas y municipios, lo que deriva en un pretexto para que se utilicen recursos de los fondos y programas federales, con fines diferentes de los previstos por la norma. Aunado a estas condiciones, señaló, los precarios contrapesos existentes para la rendición de cuentas estatales generan espacios para utilizar indistintamente los recursos locales o federales, sin tomar en cuenta el objetivo para el cual fueron asignados. “Eso demanda una fiscalización efectiva y coordinada tanto a nivel local como federal, como lo promueve el Sistema Nacional de Fiscalización”, apuntó. El titular de la ASF indicó que pese a que la institución cuenta con facultades para promover sanciones en el ámbito penal y administrativo, el modelo de fiscalización está concebido con una orientación primordialmente resarcitoria. Comentó que aunque ha habido avances en materia de transparencia, evaluación y fiscalización de los recursos públicos, todavía no existe un sistema articulado de rendición de cuentas, ello, porque los esfuerzos que se hacen, son de manera aislada para mejorar la calidad, la eficacia y la probidad de la administración pública en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes de la Unión. Portal Martínez se pronunció por la construcción de una política más completa, articulada y coherente de rendición de cuentas, que mejore las condiciones de legitimidad de la democracia. Señaló que la creación de un órgano jurisdiccional para desahogar las responsabilidades administrativas, sería una primera propuesta para eliminar la fragmentación que hoy existe en la materia. “Esta idea es similar a la que se discute en el Poder Legislativo, pero sería conveniente que la Cámara de Diputados considerara la posibilidad de la figura de un Tribunal de Sanciones, cuya creación no significará una minimización de la importancia de las actividades de auditoría interna y promoción del control al interior de la Administración Pública Federal”, subrayó. Asimismo, consideró necesario un Sistema Nacional de Fiscalización, el cual ayudaría a consolidar las acciones de mejora en la gestión gubernamental, además de propiciar una mayor transparencia mediante la planeación y programación de auditorías. La rendición de cuentas en México, afirmó, responde a una arquitectura nacional heterogénea, fragmentada y por tanto ineficaz para combatir la corrupción. “Tampoco existen esfuerzos para modificar las percepciones públicas generalizadas sobre la corrupción, la simulación y la impunidad”, concluyó. -- ooOoo -- |
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