• El propósito es evitar la especulación de inmuebles y la construcción de zonas urbanas disfuncionales

20-02-2014.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 400 votos, reformas a la Ley de Vivienda, con el propósito de vincular la planeación del desarrollo urbano con las políticas federales, estatales y municipales en la materia.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas (PRI) , integrante de la Comisión de Vivienda, explicó que las modificaciones y adiciones que se proponen a la ley, dotan a los tres órdenes de gobierno de instrumentos para conformar una política integral de suelo urbano y reservas territoriales que eviten la especulación de inmuebles y los procesos de expansión anárquica de las ciudades.

Asimismo, tienen como objetivo armonizar los programas federales, estatales y municipales relacionados con el desarrollo de la infraestructura básica, la planeación urbana y la edificación de vivienda sustentable, lo que permitirá un mejor aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales, privilegiando el respeto al medio ambiente, explicó.

De igual manera, dijo, se pretende mejorar el diseño institucional de la organización administrativa encargada de la vivienda, para aspirar a un desarrollo con mayor equidad que corrija las diferencias regionales propiciadas por el crecimiento desordenado de las zonas urbanas.

Enfatizó que estas reformas fortalecen la presencia del Gobierno federal en los temas cruciales de la construcción de la infraestructura básica de las ciudades, y apuntalan la capacidad de planeación urbana y habitacional de los estados y municipios, a fin de hacer viable el desarrollo integral de la vivienda.

En tanto, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza) indicó que la nueva realidad demográfica obliga a tomar medidas para atender la demanda de vivienda, ya que se pasó de ser un país esencialmente rural conformado por 15.2 millones de habitantes en 1910, a uno urbano con 119 millones; ahora son las ciudades las que concentran el 78 por ciento de los población.

Sostuvo que de continuar con las tendencias actuales, para el año 2050 se estima que seamos más de 150 millones de habitantes, de los cuales únicamente el 15 por ciento vivirá en zonas rurales. Por ello, dijo, es necesario acciones eficaces, pues el reto radica en generar instrumentos normativos que permitan llevar a la práctica las condiciones que orienten el crecimiento ordenado de las ciudades, actuales y futuras.

En su turno, la diputada María del Carmen Martínez Santillán (PT) indicó que diversas problemáticas se acumulan en torno a los lugares de residencia de millones de personas, como el cambio total en el ritmo de vida por el incremento desmedido de los costos en la construcción de su vivienda, así como por el desplazamiento de sus lugares de origen hasta sus centros de trabajo.

Resaltó que el deterioro ambiental por el mayor uso de vehículos particulares y públicos, el daño a diversas zonas antes cubiertas por la vegetación y la ampliación de espacios urbanos, representan un alto costo económico para las poblaciones locales y para la sociedad en general. Hizo un llamado a conjugar esfuerzos de los gobiernos, federal y estatales, para lograr una mejor coordinación en las políticas aplicadas para el desarrollo urbano y regional en materia de vivienda.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Rodrigo Chávez Contreras enfatizó que el crecimiento desordenado de la vivienda en las ciudades ha llevado a construir zonas urbanas disfuncionales, que generan espacios marginados y en completa miseria.

La falta de planeación, dijo, ha traído también consecuencias económicas y sociales, como el abandono de más de cinco millones de viviendas, debido a la lejanía de su trabajo, falta de servicios básicos o por riesgos e inseguridad. Por ello, agregó, “es imprescindible una adecuada planificación, coordinar políticas y acciones en materia de uso de suelo”.

Por el PVEM, el diputado David Pérez Tejada Padilla señaló que los problemas en el desarrollo urbano están relacionados con la planificación de la ciudad, el deterioro y el efecto del desarrollo urbano en los ecosistemas, así como la expansión aleatoria derivada de la disponibilidad de tierras baratas que pueden conjuntar grandes números de viviendas.

Lo anterior, sumado con la falta de coordinación de los esfuerzos federales, estatales y municipales que fomenten el planeamiento apropiado de desarrollo comunitario y urbano, hacen que la labor de combatirlo sea aún más difícil, afirmó.

El diputado Pedro Porras Pérez (PRD) señaló que los programas de vivienda y las políticas públicas para el desarrollo habitacional no han contribuido a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, mucho menos a planear de manera adecuada la vivienda rural en las zonas más marginadas del país.

Consideró que el eminente crecimiento de la vivienda requiere de un enorme esfuerzo para satisfacer necesidades, particularmente de la población de menos ingresos. “Hoy más que nunca es prioritario que el sector público, privado y social establezcan un programa nacional de vivienda, con una visión sustentable que haga accesible a todos los ciudadanos el ejercicio de su derecho”.

El documento se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 25 de febrero, a las 11:00 horas.

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