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| Boletín N°. 3060 | Editores y productores obligados a hacer depósito digitalizado de sus publicaciones |
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25-02-2014.- El Pleno camaral aprobó, con la unanimidad de 436 votos, el decreto que dispone la obligación de los editores de hacer depósito legal digitalizado de sus publicaciones, a fin de contribuir a la integración del patrimonio escrito de la nación.
Los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales deberán entregar a la Biblioteca Nacional de México, a la Hemeroteca Nacional de México, al Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, y a las bibliotecas de los congresos de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ejemplares en versión digital e impresa de cada publicación.
El dictamen remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que los editores y productores que no cumplan con esta obligación se harán acreedores a una multa equivalente a diez veces el precio de venta al público de los materiales no entregados.
Para las obras de distribución gratuita, la multa será por una cantidad no menor de diez ni mayor de veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Además, la aplicación de la sanción no excusará al infractor de cumplir con la entrega de los materiales, resalta.
No serán objeto de depósito legal las reimpresiones de una obra ya depositada previamente que no ha sufrido modificaciones. En ese sentido, el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión especificará, a los depositantes, a través del Diario Oficial de la Federación en el mes de diciembre de cada año, los materiales objeto de depósito legal que no serán susceptibles de recibirse.
Subraya que corresponderá a la Biblioteca Nacional de México y Hemeroteca Nacional de México elaborar y publicar la bibliografía nacional, conservar los acervos impresos y digitales, así como elaborar las estadísticas de las ediciones nacionales.
Asimismo, el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión tendrá que articular y organizar las normas y procedimientos para la consulta de los acervos integrados por depósito legal, contando con la facultad de entregar los ejemplares y materiales pertinentes a los sistemas de bibliotecas especializadas.
De igual modo, establecer las medidas necesarias para la debida organización de los materiales, la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública; publicar anualmente la información estadística de los materiales recibidos, y elaborar los lineamientos para la debida distribución de las obras.
Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputada María Guadalupe Mondragón González (PAN), expresó que se debe superar el rezago en la configuración de las bibliotecas respecto a las tecnologías digitales.
Mencionó que se busca garantizar la debida integración de la producción editorial al patrimonio cultural de la nación, así como adecuar el sistema de bibliotecas del Congreso de la Unión a los adelantos tecnológicos en el marco de la digitalización.
“La intención es propiciar la interconexión de nuestras bibliotecas con sus similares de México y del extranjero. Por ello, se propone un formato electrónico por parte de los editores de todo tipo de publicaciones, para crear así el depósito legal digital, además del impreso”, afirmó.
En los posicionamientos, la diputada Dora María Talamante Lemas (Nueva Alianza) expuso que con este decreto se generan importantes beneficios como la creación de una colección nacional digital del material publicado en los diferentes formatos, garantiza el control bibliográfico y permite el acceso a las colecciones.
Dijo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2010 existían 13 mil 104 bibliotecas en el país. Además, en 2011 se editaron 26 mil 836 obras nuevas, sin incluir las revistas, y de acuerdo con esta producción mil 709 correspondieron a libros digitales, según la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
Por el PT, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo resaltó que la digitalización de los distintos textos que se publican permite garantizar el acceso universal equitativo de la información, y la figura del depósito legal ha sido integrada de manera exitosa a los ordenamientos jurídicos de distintos países como Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Suecia, entre otros.
Sostuvo que el depósito legal digitalizado genera una obligación de gran importancia para la sistematización de la información de las bibliotecas del Congreso de la Unión, de los congresos locales, de la Biblioteca Nacional de México y Hemeroteca Nacional de México, y recordó que el impacto económico que podría generar tiene por sustentabilidad los recursos financieros derivados por multas.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (Movimiento Ciudadano) argumentó que la digitalización de libros es una tendencia mundial, la cual garantiza un acceso universal a los textos publicados y genera una evolución en el conocimiento de una sociedad.
Mencionó que en diferentes países ya se cuenta con bibliotecas públicas digitales para mejorar el acceso a los documentos, brindar información al usuario y aumentar la concurrencia en estos espacios, así como conservar los documentos. “Con este dictamen se da un avance en tecnología y acceso a la información para los mexicanos”, dijo.
A su vez, la diputada Judit Magdalena Guerrero López (PVEM) explicó que con premura se demandan cambios en las estrategias de gestión en la administración y conducción de las bibliotecas que vayan desde la forma de catalogar y recuperar la información hasta el depósito legal electrónico por parte de los editores.
“Coincidimos en la necesidad de ponernos al día con los avances tecnológicos que permitan quitar o minimizar las barreras físicas para lograr una mayor participación en la investigación como base fundamental del progreso en materia de educación”, afirmó.
Del PRD, la diputada Roxana Luna Porquillo señaló que este decreto significa un importante paso en la consolidación del derecho humano al acceso de información en el país, y estas medidas permiten actualizar el decreto de 1991, pues el problema de la falta de lectura en el país es notable, ya que en México sólo existe una biblioteca por cada 15 mil habitantes.
Puntualizó que con este dictamen no sólo se garantiza y agiliza la información, sino se crean los mecanismos que fomentan la lectura al facilitar la cultura con ejemplares a distancia, reduciendo los tiempos y garantizando el acceso universal. “Es decir, todas las publicaciones, como los libros y revistas, estarán disponibles de forma equitativa y general”.
El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (PRI) resaltó que con esta medida se mantiene la obligación de los editores y los productores de toda clase de publicaciones, a entregar ejemplares de sus impresiones en papel y, por primera ocasión, la amplía a las ediciones en toda clase de formatos electrónicos.
También incluye como obligatorio el depósito de un ejemplar de las publicaciones que se hagan públicas por medio del sistema de trasmisión de información a distancia, cuando el origen sea el territorio nacional. “Esto quiere decir que quienes comercian con materiales bibliográficos o documentales o los diseminen haciendo descargas por pago o gratuitas desde territorio mexicano, deben depositar en las instituciones bibliotecarias una copia de lo que venden o distribuyen”, abundó.
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