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| Boletín N°. 3685 | Anuncian diagnóstico de la reforma constitucional de derechos humanos |
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05-06-2014.-La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Miriam Cárdenas Cantú, anunció que el próximo 10 de junio será presentado el Diagnóstico de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, a tres años de su promulgación, documento elaborado por los tres Poderes de la Federación, con el fin de evaluar los avances y retos de este nuevo marco jurídico.
En reunión de trabajo de la instancia legislativa con representantes de los tres Poderes, precisó que el documento será dado a conocer en la antigua sede del Senado; tiene el objetivo de “dar a la sociedad una herramienta de escrutinio, análisis y debate para impulsar sus garantías individuales”.
“A tres años de la entrada en vigor de esta reforma, es tiempo para evaluar las políticas implementadas, de conocer sobre los aciertos institucionales y también sobre lo que aún está pendiente por hacerse”, abundó.
Afirmó que a partir de 2011, con las reformas en esta materia se inauguró una nueva forma de interpretar y aplicar las garantías ciudadanas, y México se colocó a la altura de las democracias modernas, cuya Carta Magna sustenta el modelo de los derechos humanos.
Este diagnóstico, desarrollado a partir de octubre del año pasado por el Poder Legislativo, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evalúa los avances y retos que tiene México en el rubro de derechos humanos e identifica los obstáculos que han impedido su pleno respeto.
Destacó que actualmente, gracias a las enmiendas en la materia, se reconocen los derechos inherentes a las personas en la Constitución, quedando atrás aquellas normas a través de las cuales el Estado simulaba otorgarlas, y se asegura que todas las instancias gubernamentales deben orientar sus tareas en esta dirección.
Sostuvo que la preocupación en el tema debe ser compartida por los servidores públicos “quienes estamos obligados a buscar respuestas para que los ciudadanos puedan disfrutar de garantías sociales, económicas y culturales”.
Por tanto, los derechos humanos tienen que estar inmersos en las políticas públicas. No pueden separarse, pues un buen gobierno es aquel que hace realidad las circunstancias que permitan a las personas desarrollarse, sostuvo.
Asimismo, se comprometió a atender las propuestas de leyes secundarias para impedir que se reviertan los avances en el rubro, y a tomar en cuenta las iniciativas de la sociedad civil para respaldar esta tarea.
Al participar, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, apuntó que el diagnóstico será la base de una evaluación formal para conocer lo que se ha cumplido, lo que falta y debe hacerse para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, a través de las leyes secundarias y de políticas públicas transversales en los tres niveles de gobierno.
La modificación a once artículos de la Constitución en esta materia significa grandes retos para conocer en qué ha cambiado la vida y en qué situación se encuentran los grupos sociales que deben ser beneficiados. Propuso crear una plataforma en las cámaras de Diputados y de Senadores, para que las organizaciones no gubernamentales presenten sus propuestas y preocupaciones.
Destacó la importancia de conocer el desempeño del Poder Judicial para respetar el marco jurídico de derechos humanos. Este diagnóstico, dijo, es el primer paso formal para evaluar una reforma estructural a tres años de su vigencia y “medir su cumplimiento e impacto en la sociedad para ver los beneficios de la reforma en la vida de cada ciudadano”, eso no es demagógico, si es una utopía, y ese es el reto, por lo que convocó a alcanzar dicha utopía.
Por su parte, Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública de Derechos Humanos, de la Segob, asumió que no existe un “triunfalismo” sobre los avances que se han dado en las disposiciones legales; persiste la preocupación de cómo la reforma va a combatir la violación a los derechos humanos en todos los ámbitos.
Destacó que es la primera vez que los tres Poderes de la Federación hacen una evaluación para discutir el rumbo de los acuerdos alcanzados. “Esto se había hecho de manera aislada en otras ocasiones, sin que se puedan hacer planteamientos de metodología, indicadores, expectativas, todo lo que a través de este ejercicio queremos propiciar”, precisó.
Respecto a las enmiendas, “están diseñadas para que no haya retrocesos legislativos. Nos da la garantía para que cualquier tratado, ley o reglamento, contrario a los derechos humanos, quede sin valor”, dijo, y van a funcionar “siempre y cuando la propia sociedad la utilice y la lleve a la práctica. Si esta se vuelve una sociedad de derechos que exija debidamente, entonces la autoridad avanzará”, añadió.
A nombre del Poder Judicial, el doctor Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que uno de los retos es afianzar y consolidar el cambio cultural sobre el respeto a los derechos humanos y garantizar su reparación plena, en caso de haberse lesionado.
“No es una moda pasajera”, aseguró. Otro reto, es continuar acercando al Poder Judicial de la Federación a la sociedad con el objetivo de recuperar la confianza, condición imprescindible para restaurar el tejido social.
Aseveró que la reforma constitucional en derechos humanos se vincula para bien, con la penal de 2008, relativa al amparo, con lo que se construye un nuevo sistema judicial.
El nuevo paradigma exige entender que las garantías humanas son transversales en toda la materia jurídica; los jueces y magistrados están comprometidos en proteger estos derechos y consolidarse como los reparadores integrales de violaciones a los derechos humanos. “El gran reto es lograr que los jueces federales y locales asuman ese nuevo rol de forma plena sin cortapisas y sin regateos”, sostuvo.
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