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| Boletín N°. 3714 | Violencia contra mujeres, ofensa que la nación no puede seguir tolerando: González Morfín |
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09-06-2014.- En México, a pesar de que cada día millones de mujeres aportan su talento y trabajo en todos los ámbitos de la vida nacional, todavía hay prejuicios y actitudes que frenan su desarrollo, pues muchas siguen siendo ignoradas o discriminadas y, lo más doloroso e indignante, continúan siendo objeto de agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales, aseguró el diputado José González Morfín.
Al inaugurar el Seminario Taller “Convención de Belém do Pará, 20 años; Cedaw, 35 años”, el presidente de la Cámara de Diputados resaltó que de acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), casi la mitad de las mexicanas, entre 15 y 55 años, declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su relación con su última pareja.
Indicó que según la Encuesta Nacional de Relaciones en los Hogares, 14 por ciento de las mujeres en el país ha sufrido agresión física y 7 por ciento ha padecido violencia sexual y, conforme al INEGI, una de cada 5 mujeres ha sufrido algún incidente de discriminación laboral.
En el salón “Legisladores de la República”, del Palacio Legislativo de San Lázaro, González Morfín destacó que estas cifras son verdaderamente alarmantes. “Es una situación ofensiva que no se puede seguir tolerando como nación”, sostuvo.
Mencionó que para construir un México justo y libre, la lucha por los derechos de las mujeres debe ser una tarea permanente, lo que exige cambios en muchos niveles: en el Legislativo, como los que se han impulsado en la Cámara de Diputados; en las instituciones de justicia, para evitar que la impunidad siga multiplicando la violencia al no ejercer la ley contra quienes abusan de las mujeres y, lo más importante, cambios en la sociedad.
“Debemos educar a nuestros hijos en una cultura de equidad entre los géneros y rechazo a la violencia; sólo con una profunda transformación cultural construiremos la nación más igualitaria que todos queremos”, afirmó.
El diputado José González Morfín explicó que con este seminario la Cámara de Diputados conmemora 20 años de la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujeres Belém do Pará, así como 35 años de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
Hizo votos para que las conclusiones que se obtengan en los tres días del seminario, ayuden a impulsar los cambios legislativos que permitan a las mujeres vivir una vida tranquila, productiva y feliz; una vida libre de la sombra de la violencia y el maltrato.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Silvano Aureoles Conejo (PRD), destacó que el problema de violencia contra las mujeres y las niñas sigue vigente y latente, pues este fenómeno tiene que ver con una serie de variables que se mezclan, como cultura machista, poca atención de las autoridades responsables para hacer frente y acabar con un problema que, sin duda, lesiona y lastima a la sociedad en su conjunto.
Subrayó que el problema de la violencia de género no sólo afecta a las mujeres o niñas sino atenta contra la sociedad. “Si no erradicamos este terrible fenómeno, difícilmente podríamos aspirar a una población igualitaria, donde haya equidad, se abatan los niveles de injusticia, se alcance la democracia plena y haya pleno respeto a los derechos humanos”.
A 20 años de la Convención de Belém do Pará, expresó, ha habido avances, pues en esta Cámara, el número de diputadas ya asciende al 37 por ciento del total. “Es un paso significativo, así como la reciente reforma constitucional para alcanzar la paridad de género en las elecciones”, abundó.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), subrayó que a pesar de que estos dos instrumentos internacionales han sido la carta de navegación para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y otorgarles justicia, todavía hay juezas y jueces que los ignoran y no son capaces de invocarlos en un dictamen o sentencia para prevenir la violencia contra el género femenino.
Precisó que en 25 artículos, la Convención de Belém Do Pará establece el deber de los estados de incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas para que la violencia contra las mujeres deje de ser un estilo de vida de una sociedad misógina y machista.
“Se cubre de tristeza el país si siguen aumentando los feminicidios, si persiste la violencia contra las mujeres y los gobiernos continúan poniéndose una venda en los ojos. No vamos permitir que ningún gobierno siga permitiéndola”, afirmó.
A su vez, la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena (PAN) apuntó que esas dos herramientas son base no sólo para generar políticas públicas sino leyes para poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres.
“Si vemos 35 o 20 años atrás podemos darnos cuenta de los grandes avances que se han dado, pero todavía hay retos importantes, como el empoderamiento económico, la participación política y, sobre todo, eliminar la violencia hacia las mujeres y niñas en todas sus formas y niveles”, puntualizó.
Opinó que de nada sirve tener muchas leyes si son letra muerta y adelantó que se impulsarán reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de tener una sociedad más humana.
El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, coincidió en que hay avances, pero “es necesario redoblar esfuerzos para garantizarles a las mujeres una vida plena, libre de violencia y sin discriminación, pues las cifras escandalizan, ya que en 2010 eran asesinadas al día 6.4 mujeres, y en la actualidad, 7.1”.
Se tienen, dijo, desafíos en materia legislativa sobre todo a nivel local, y rezagos que discriminan los derechos de las mujeres, ya que 14 entidades federativas prohíben a las divorciadas contraer nuevas nupcias, toda vez que se les impone una espera de 300 días, lo que no sucede con los hombres.
Además, es ineludible revisar la legislación en 26 entidades, que hoy por desgracia sanciona con mayor severidad el abigeato que la violencia sexual contra las mujeres, y uno de los grandes retos es establecer la homologación de la edad mínima para contraer matrimonio, que debería ser de 18 años, pues actualmente en 9 entidades es de 16 años, y en otras 5, las menores de 14 años pueden casarse.
La representante en México de ONU Mujeres, Ana Güezmes García, precisó que para las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación a los derechos humanos más extendida en el mundo, y tiene los más altos grados de impunidad.
Recordó que 187 naciones han ratificado la Cedaw y el reto para México es lograr la armonización legislativa, ya que los avances logrados no son profundos en materia violencia de mujeres, feminicidios, trata de personas, participación política y garantías para las defensoras de derechos humanos, a pesar de que “esta actividad en México y en la región es de mucha peligrosidad”.
“Comprometámonos no sólo a poner fin a la discriminación, sino a la violencia contra las mujeres y niñas; la inversión en la igualdad de género no sólo es urgente sino parte de las políticas públicas y es necesaria para el desarrollo sostenible; el desafío es garantizar resultados y hechos”, abundó.
En tanto, la directora del organismo civil “Fortaleciendo el Poder Colectivo de las Mujeres-Jass”, Marusia López Cruz, destacó que ambos documentos son hojas de ruta para todas las instituciones del Estado y la sociedad, que indican no sólo cuáles son los derechos que tienen las mujeres para vivir con plenitud, en igualdad y aportar en la democracia y desarrollo, sino define las obligaciones del Estado para hacer exigibles y justiciables todos estos derechos.
Indicó que conocer a profundidad estas obligaciones y cómo las instituciones deben llevar a cabo su implementación, es fundamental para la promoción de los derechos de las mujeres, pues estas convenciones fueron impulsadas por muchas defensoras, las cuales hoy en día son agredidas.
Puntualizó que en México las defensoras de derechos humanos laboran en un contexto de alta violencia, y prueba de ello es que en 2012 se registraron 119 agresiones contra defensoras y, en 2013, la cifra creció a 242. “Protejamos a las mujeres que han impulsado legislaciones y trabajan a favor de la erradicación de la violencia”, añadió.
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