• Con la modificación, Hacienda entregaría la Cuenta Pública el 30 de enero, en lugar del 30 de abril: Salcedo Aquino
• Así, los legisladores recibirían el presupuesto del año siguiente y la fiscalización del año anterior, y tomarían decisiones

11-06-2014.-El auditor especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Roberto Salcedo Aquino, consideró que el informe de fiscalización, debido a que se presenta a destiempo, no aporta los elementos para que la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) sea con base en lo que lograron las dependencias federales y todo aquel órgano que utiliza recursos públicos.

Explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó la Cuenta Pública 2013 el 30 de abril del 2014, y el informe de resultado de la ASF “o sea nuestra revisión, la entregaremos a más tardar el 20 de febrero de 2015. Para esta fecha, ya se habrá aprobado el presupuesto 2014, y, además, el del 2015, sin ninguna posibilidad de que el informe de fiscalización pueda aportar los elementos para la discusión presupuestal. No hay esa posibilidad”.

Por ello, continuó, es necesario que SHCP adelante la fecha de entrega de la Cuenta Pública, a fin de que los diputados cuenten oportunamente con los elementos suficientes de la fiscalización de la ASF para asignar o no recursos a los programas que están o no funcionando.

Durante su conferencia magistral “Marco Normativo y avance en la metodología de las auditorías de desempeño”, presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro y organizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Salcedo Aquino explicó que el calendario actual del proceso de fiscalización de las auditorías de desempeño no permite aprovechar los resultados.

En este sentido, propuso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregue a la ASF la Cuenta Pública el 30 de enero y no el 30 de abril.

“Si ese paso se diera, la ASF podría reducir de 9.5 a 8 meses el tiempo de fiscalización y entregar el informe de la revisión de la Cuenta Pública el 30 de septiembre del mismo año. La Cámara de Diputados, entonces recibiría el presupuesto del año siguiente y también la fiscalización del año anterior”, detalló.

Con ello, resaltó, la Cámara de Diputados tendría ambos informes y, además, de acuerdo con las normas, contaría con los meses de septiembre y octubre para la dictaminación de la Cuenta Pública.

El auditor aseguró que cambiando las fechas, los diputados tendrían tres tareas: recibir el presupuesto, recibir el informe de la ASF y dictaminar la Cuenta Pública, “y como el presupuesto se aprueba hasta el 15 de noviembre, pues tendría septiembre, octubre y la mitad de noviembre para una discusión más a fondo del mandato”.

Agregó que si el propósito del proceso de fiscalización es mejorar cada nuevo ciclo, que se haga de esa manera, “pero así como está el calendario y el problema de la dictaminación, no tenemos los resultados que deseamos”, dijo.

Explicó que si los presupuestos se elaborarán con base en resultados, la fiscalización también estaría basada en resultados y se sabría en qué se gastaron y qué lograron las dependencias federales y todo aquel órgano que utilice recursos públicos.

Aseguró que con el cambio de fechas, todos modificarían para bien sus programas, quedarían perfectamente articulados para el beneficio de la rendición de cuentas, la fiscalización superior y la dictaminación.

Salcedo Aquino afirmó que los indicadores de desempeño no reportan si los proyectos cumplen con los objetivos; por ejemplo, dijo, en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció proteger y conservar el patrimonio cultural y al rendir cuentas la Secretaría de Educación Pública (SEP). Presentó únicamente el indicador denominado: Público asistente a sitios históricos y arqueológicos, el cual no confirma si el patrimonio estuvo correctamente protegido.

Por otra parte, lamentó que los diputados no hayan concluido la revisión y dictaminación de siete cuentas públicas (2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012).

Aseguró que la discusión en la Cámara de Diputados para emitir un dictamen sobre la rendición de cuentas y la fiscalización conlleva dos temores. El primero, que la opinión esté politizada más por contiendas partidistas coyunturales que por objetividad de la forma en que se ejecutó el mandato y, el segundo, que los ejecutores sean evaluados con base en resultados.

“Porque pueden haberse gastado los recursos correctamente, pero no obtener ningún resultado”, señaló.

“El informe de la ASF es para que tomen conciencia si estamos logrando los resultados que deseamos y cuando se discuta el siguiente presupuesto tengan los elementos de la fiscalización y puedan asignar o no asignar recursos a los programas que están o no están funcionando”, recalcó.

A pregunta expresa respecto a si la ASF será responsable de auditar al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y no un ente externo, como se ha propuesto, Salcedo Aquino respondió que la instancia que representa tiene la facultad de auditar a todo órgano que ejerza recursos públicos, independientemente de su personalidad jurídica, como actualmente se hace con universidades autónomas, institutos y secretarías de Estado.

Salcedo Aquino precisó que todos los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la ASF tienen la obligación de denunciar los actos de corrupción; empero, consideró que para mejorar el desempeño de ambas instancias es menester fortalecer las tareas de la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de ejecutar las penas y perseguir los ilícitos.

En el mismo sentido, opinó que para optimizar el gasto público, los presupuestos deben vincularse a diagnósticos basados en estadísticas y números concisos, ya que sólo se indican objetivos generales, como “derecho a la vivienda digna”, lo que implica no alcanzar las metas o invertir el presupuesto de forma inadecuada.

Por último, explicó que la SHCP y a la SFP aprueban los indicadores sin consultar uno con el otro o hacer reuniones para acordarlos. “Hay una aprobación tácita cuando se suben al presupuesto, pero no una expresa como lo dice la ley, mediante un acta”, y la Cámara de Diputados los ratifica de la misma manera, señaló.

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