Boletín N°. 3729 Cero tolerancia a los actos ilícitos en Petróleos Mexicanos: Emilio Lozoya
  • Presunto fraude contra Banamex no implica un daño patrimonial a Pemex ni a sus organismos subsidiarios

 

  • Se debe atacar frontalmente corrupción en la paraestatal: Espinosa Cházaro

 

13-06-2014.- Ante diputados de la Comisión de Investigación de los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha, el director general de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, señaló que desde el inicio de su administración estableció una política de tolerancia cero ante comportamientos fuera del marco legal, fomentando la transparencia y rendición de cuentas.

 

La intolerancia frente a la corrupción es y será, aseveró, un imperativo ético y legal para quienes tomamos decisiones sobre el patrimonio público.

 

Agregó que “de cara a la transformación de la industria petrolera, que supone la reforma energética, la rendición de cuentas no es sólo un imperativo ético, sino legal y económico”.

 

En este sentido, precisó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha puesto en marcha acciones para avanzar hacia un mejor sistema de control, por lo que instruyó desde el primer momento al Órgano Interno de Control a realizar una revisión exhaustiva de contratos.

 

“Pemex ha realizado un esfuerzo por identificar y hacer accesible el universo de documentos que le fue requerido por los legisladores, particularmente los relacionados con las empresas enumeradas por irregularidades”, refirió.

 

Al iniciar la comparecencia en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente de la Comisión Investigadora, diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD), precisó que en la coyuntura del debate de las leyes secundarias de la reforma energética, si la corrupción en Pemex anida en la opacidad y en la oscuridad, es indispensable que se debe atacarla frontalmente ventilando toda la información.

 

Precisó que en el sector energético hay una alta corrupción, asociada a actos donde los grandes capitales se ven favorecidos en detrimento de los intereses de la nación.

 

Destacó que la corrupción “debería avergonzarnos, pues este tema es dañino para la sociedad, toda vez que se asocia a una de las principales empresas públicas del país”.

 

Señaló que es importante conocer las acciones que desde la dirección general de Pemex se han llevado a cabo para combatir este delito, pues en las últimas fechas “nos hemos enterado de actos de corrupción que se han vinculado con la paraestatal, y si bien es cierto no son nuevos o recientes, y no podrían adjudicarse directamente a la actual dirección, sí es su responsabilidad haberlos combatido”.

 

Espinosa Cházaro cuestionó cuántos servidores públicos han sido sancionados o, peor, cuántas irregularidades ni siquiera han sido atendidas. “Parecería que el tema de la corrupción hoy en el país toma un tono de normalidad; parece que hablar de ella es un tema más y ya ni causa escarnio”, afirmó.

 

La paraestatal, dijo, debería ser el parteaguas para un nuevo modelo de transparencia y de rendición de cuentas. “Es la oportunidad para que ella pase como la administración que combatió la corrupción o quién predestinó a este organismo a su desaparición”.

 

Enseguida, el director jurídico de la paraestatal, Marco Antonio de la Peña Sánchez, y el titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública ubicado en Petróleos Mexicanos, Daniel Ramírez Ruiz detallaron a los diputados los contratos celebrados por este organismo con las empresas Oceanografía, Grupo Evya y Hewlett-Packard del periodo del 2006 al 2013.

 

De la Peña Sánchez afirmó que en el caso de Hewlett-Packard, Pemex ha hecho llegar al Ministerio Público los contratos y toda la documentación. “Estamos atentos a los resultados de la investigación. No obstante, se ha reservado el derecho de ejercitar las acciones legales, en caso de que se afecten sus derechos patrimoniales”.

 

Aseguró que Pemex atiende el mandato de transparencia y rendición de cuentas y coadyuva en forma permanente con autoridades federales y locales en las indagaciones relacionadas con ilícitos, “actuando con estricto apego a derecho en la defensa de los intereses y del patrimonio con responsabilidad”.

 

Con Hewlett-Packard, indicó que se establecieron 57 contratos que implicaron mil 400 millones de pesos, sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

 

Ante los supuestos sobornos para obtener contratos, aseguró que el Órgano Interno de Control inició la investigación administrativa; a nivel jurídico presentó una denuncia de hechos ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo) de la PGR.

 

El Ministerio Público se encuentra desahogando las diligencias para esclarecer los hechos, el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad.

 

En el caso Oceanografía, precisó que Pemex no es garante ni responsable solidario de la empresa en su relación de crédito con el Banco Nacional de México e indicó que el presunto fraude contra Banamex “no implica un daño patrimonial a Pemex ni a sus organismos subsidiarios”, ya que las estimaciones que Pemex pagó a Oceanografía, son las autorizadas por el organismo y las requisitadas en el sistema.

 

No obstante, y derivado de que el medio comisivo del delito y de la conducta delictuosa fue la presentación a dicho banco de estimaciones y documentos falsificados de Pemex Exploración Producción, éste organismo presentó el 11 de marzo pasado, ante el Ministerio Público, su denuncia por el presunto delito de falsificación y uso de documentos falsos, abundó.

 

En el desarrollo de esta investigación, destacó, Pemex ha coadyuvado en la integración de la averiguación previa, desahogando todas las pruebas documentales, testimoniales, inspecciones ministeriales e informes contables, y estará atento a las diligencias que les sean requeridas.

 

Refirió que de los 82 contratos celebrados en ese lapso, 80 fueron licitados y dos por adjudicación directa, en 2009 y 2012.

 

A la fecha de la inhabilitación de Oceanografía estaban vigentes 39 contratos, de los cuales 31 fueron cedidos sus derechos al cobro a bancos acreedores, 25 a Banamex. Además, 15 tenían convenio modificatorio, con un aumento promedio de 15 y 16 por ciento.

 

Con Exxon, dividida en grupo Evya (Especialista en Vidrio y Aluminio) y Representaciones y Distribuciones Evya, se han celebrado 68 contratos; tres con el primero y 65 con la segunda. Asimismo, 45 se adjudicaron por licitación pública, 13 por invitación a por lo menos tres y 10 por adjudicación directa. Actualmente están vigentes 17 contratos. Del total, 39 cuentan con convenios modificatorios, de los cuales 10 están vigentes. Los montos globales para Grupo Evya fueron de 576 millones de pesos, y para la segunda 10 mil 847 millones de pesos.

 

En los dos contratos involucrados, los bienes fueron entregados, y la paraestatal pagó las cantidades establecidas.

 

A su vez, el titular del Órgano Interno de Control, Daniel Ramírez Ruiz, precisó que del 2013 a 2014, se programaron 291 auditorías, a los rubros de adquisiciones, obra pública, administración, comercialización, logística, finanzas, mantenimiento, seguridad, almacenamiento, tecnologías de la información e inversión, en donde hasta la fecha en esta administración se han recuperado mil 118 millones de pesos, en materia de responsabilidades.

 

Detalló que Pemex celebró 82 contratos con la empresa Oceanografía SA de CV, en el periodo del 2006 al 2013, que ascendieron a 45 mil 74 millones de pesos.

 

Los procedimientos de contratación fueron mediante la adjudicación de contratos y sólo 2 por adjudicación directa; 46 por licitación pública nacional, 7 por licitación pública internacional, y 27 por licitación pública internacional bajo cobertura de tratados. De este universo de contratos, se han auditado 43, a través de 4 auditorías, en las que se detectaron pagos en exceso por trabajos ejecutados, obras no ejecutadas e inconsistencia en la presentación de garantías de cumplimiento, así como la entrega con montos menores al aportado.

 

De las auditorías realizadas por el órgano interno, se recuperaron 285 millones de pesos por concepto de penas convencionales y pagos en exceso. En cuanto al monto recuperado, por la regulación de cantidades en las garantías de cumplimiento de contrato, asciende a 5.4 millones dólares, que equivalen a 70 millones de pesos.

 

Mencionó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) verificó 14 contratos detectando convenios modificatorios realizados de manera extemporánea y sin modificación, falta de penalizaciones, pagos realizados sin contar con el acta de entrega de los trabajos y variaciones en los precios unitarios en los contratos.

 

En el área de auditoría, se revisaron nueve contratos que no se encontraban debidamente garantizados.

 

Como resultado de las irregularidades detectadas, precisó, se sancionó a la empresa de Oceanografía inhabilitándola para celebrar contratos por un periodo de un año 9 meses y 12 días y una multa de 24 millones 31 mil pesos. En cuanto a las irregularidades atribuibles a los servidores públicos involucrados, se impusieron sanciones como la suspensión, destitución e inhabilitación para desempeñar su cargo.

 

En el caso de Grupo Evya, dijo, celebró un total de 3 contratos por un monto de 577 millones de pesos y la empresa Representaciones y Distribuciones Evya, 65 contratos que ascendieron a 10 mil 847 mdp.

 

Ramírez Ruiz informó que se realizaron ocho auditorías, seis concluidas y dos en proceso, en donde se detectaron atrasos y falta de aplicación en penas convencionales; equipos no suministrados en su totalidad y falta de autorización en la contratación.

 

La ASF, en tanto, llevó a cabo tres auditorías a esta empresa cuyas problemáticas fueron las irregularidades en el procedimiento de recisión, falta de documentación comprobatoria y falta de acreditación de gastos no recuperables.

 

Con Hewlett-Packard, continuó, se han celebrado 57 contratos por la cantidad de mil 426 mdp; sin embargo, mencionó que en el mes de abril de este año se publicó una nota periodística donde se mencionó que existe un fraude por parte de esta empresa a Pemex, por lo que se generó una visita de inspección, misma que se encuentra en proceso.

 

Por otra parte, declaró que del 2006 al 2013 se realizaron mil 374 auditorías, de éstas, 593, que equivalen al 43 por ciento, se refieren a revisiones de contratos de adquisiciones y obra pública; el resto, 781, es decir 57 por ciento, se han enfocado a otros rubros como son recursos humanos, presupuesto e inventarios, entre otros.

 

Al inicio de 2006, las observaciones en proceso de atención eran 571. Al 2013 se generaron cinco mil 757 adicionales, para dar un total de seis mil 328, de las cuales se atendieron cinco mil 886, que representó aproximadamente el 93 por ciento de las mismas y que, con motivo de estas revisiones, en este periodo se generaron recuperaciones a favor de Pemex por cinco mil 107 millones de pesos.

 

En el rubro de servidores públicos, señaló, se impusieron 3 mil 997 sanciones, entre suspensiones, amonestaciones, inhabilitaciones, sanciones económicas y destituciones; a las empresas licitantes, proveedores y contratistas se aplicaron mil 90 sanciones.

 

De igual modo, se recibieron, del 2006 a 2014, 9 mil 541 quejas y denuncias, donde mil 244 fueron por irregularidades en contrataciones públicas; 3 mil 237 por negligencias administrativas; mil 586 por maltrato y 3 mil 474 por robo de productos, negligencias médicas y manejo indebido de recursos humanos.

 

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