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| Boletín N°. 3730 | Castigos ejemplares a actos de corrupción para desaparecer estas prácticas de Pemex |
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13-06-2014.- Diputados de la Comisión de Investigación de los Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos, sus Empresas Subsidiarias y Filiales de 2006 a la Fecha, coincidieron en enviar señales claras y contundentes a la población mexicana de que se trabaja para esclarecer los actos de corrupción dentro de la paraestatal.
Durante la comparecencia de Emilio Lozoya Austin, Marco Antonio de la Peña Sánchez y Daniel Ramírez Ruiz, director general, director jurídico y contralor de Pemex, respectivamente, los legisladores federales instaron a perseguir y dar castigos ejemplares a los funcionarios públicos que incurran en estas prácticas ilegales, de lo contrario, señalaron, la corrupción seguirá lacerando a la empresa.
El presidente de la comisión de investigación, diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD), reiteró que los contratos realizados por la paraestatal aún no han llegado a dicha instancia legislativa, por lo que solicitó su pronto arribo, a fin de analizar con elementos objetivos.
Señaló que los legisladores trabajarán sin simulación y con transparencia, porque ésto “es lo que ataca a la corrupción. La simulación va en sentido contrario, por lo que seguiremos insistiendo en este tema”.
Espinosa Cházaro precisó que las diputadas y diputados, independientemente de su grupo parlamentario, han demostrado una gran responsabilidad con la verdad frente a la ciudadanía, “basta ya que a Pemex se le saquee en los ductos, se le robe abajo, en medio, arriba y no haya consecuencias”.
En la ronda de cuestionamientos a los funcionarios de la petrolera, la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI) sostuvo que los problemas de corrupción en Pemex son de interés nacional y no se pueden repetir ya que, derivado de éstos, “colapsan las economías y se crean problemas en las ciudades que extraen y refinan crudo”.
También se pone en riesgo “la seguridad de los trabajadores y de los prestadores de servicios”, por lo que solicitó precisar las acciones que ha realizado el director de Petróleos Mexicanos para que no se vuelvan a repetir casos como los de Oceanografía, Hewlett Packard y Evya.
El diputado Kamel Athie Flores (PRI) consideró necesario llevar a cabo una reunión con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para “obviar” y “resolver” cuestionamientos, luego de que la paraestatal no detectó las irregularidades que se presentaron en las auditorías hechas desde el 2006 a la fecha.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en representación de Acción Nacional, detalló que las irregularidades de Oceanografía incluyen la construcción del muelle en la residencia de operaciones portuarias de La Paz, Baja California, donde no se cumplió con la entrega de las obras pactadas ni los tiempos estipulados, además de deficiencias en la planeación de otras obras en varias partes del país, como lo denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En este tenor, pidió referir las investigaciones y demandas a funcionarios que la paraestatal ha presentado; a cuántos servidores se han procesado; qué otras irregularidades se detectaron, y las acciones correctivas implementadas para resarcir los daños.
Su correligionario, diputado Ramón Sampayo Ortíz cuestionó si en el proceso de refinación, México cumple con los costos y precios a nivel internacional. También, enfatizó que el órgano de control debe evaluar signos externos de riqueza de los funcionarios Pemex para proceder a una investigación si exceden a la de sus ingresos.
Del PRD, el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena acusó que la corrupción está tan arraigada en México que muy difícilmente se puede encontrar una institución pública o empresa privada donde ésto no haya permeado, además de que “no se ha atacado este monstruo, y a veces se ha alimentado”.
Estos actos indebidos, dijo, “han confinado a 60 millones de mexicanos a la pobreza, como resultado de la caída del poder adquisitivo, salarios mínimos bajos, pérdida de trabajos, inseguridad y pérdida de tierras ejidales”.
Por tanto, requirió a los comparecientes explicaran cómo el Poder Legislativo puede ayudar a Pemex a fortalecer sus tareas en el combate a la corrupción, para entrar en competencia igualitaria con otras empresas, y preguntó hasta dónde el actual gobierno está dispuesto a investigar a las industrias envueltas en fraudes a la paraestatal.
Por su parte, el diputado Agustín Barrios Gómez Segués (PRD) mencionó los casos de corrupción que se dan en el interior de la paraestatal, por ejemplo avisar a las empresas qué días las inspeccionarán “para que tengan lista la mordida”.
De la misma fracción parlamentaria, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria preguntó al titular de Pemex si consideraría solicitar la renuncia del director corporativo de Finanzas de Pemex, luego de que cuenta con antecedentes negativos en contratos.
En tanto, Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) aseveró que el sello principal de la Reforma Energética tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas para que todos los mexicanos podamos estar seguros y certeros de lo que se va a firmar en los contratos.
En el marco del aseguramiento a la administración de Oceanografía, que ayudará a salvar el empleo a tres mil empleados de Campeche, cuestionó cuáles serán los beneficios de esta medida para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y, por ende, para la ciudadanía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) cuestionó al funcionario el control que lleva Pemex sobre sus proveedores o contratistas, cuántos contratos se firmaron con Oceanografía, cuántos terminaron satisfactoriamente en el tiempo establecido, cuántos se modificaron y con qué justificación.
Refirió que Oceanografía cedió los derechos de cobro de sus contratos con Pemex a Banamex, por lo que pidió saber qué acciones se tomaron para vigilar y prevenir que no perjudicaran los intereses de la petrolera. También denunció que no se ha recibido la información requerida sobre el caso Oceanografía.
Enseguida, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) pidió conocer cuántos contratos se celebraron en esta administración con esa empresa, cuántos están vigentes y si aún se tiene una relación contractual de prestación de servicios con ella.
Asimismo, manifestó su preocupación por declaraciones en el sentido de que al no haber engaño, no hay fraude. “¿Qué le van a decir al pueblo de estos actos de corrupción, que fueron consentidos?
Por Nueva Alianza, el diputado José Angelino Caamal Mena, exigió que se realice una investigación objetiva en la que prevalezcan hechos y argumentos jurídicos sobre el caso, para tener oportunidad de esclarecerlos y combatir la corrupción.
Preguntó qué medidas se deben implementar en el marco jurídico de Pemex en materia de transparencia y control de contrataciones y adquisiciones para evitar asuntos como el que se investiga.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) y el diputado del PRD, José Luis Muñoz Soria cuestionaron sobre las revisiones de la ASF sobre el muelle para Pemex, en La Paz, Baja California Sur.
Por separado, la legisladora cuestionó si dentro de las auditorías hechas por el Órgano Interno de Control de Pemex se detectó alguna irregularidad distinta a las identificadas por la ASF en la Cuenta Pública 2012, relacionada con el cumplimiento de los contratos adjudicados al consorcio constructor formado por Blastinaval de México SA de CV, Oceanografía SA de CV y Proyectos y Medio Ambiente de SA de CV; y, si es así, cuestionó, cuáles son.
Al dar respuesta, Lozoya Austin señaló que se trabaja para que estos hechos no sucedan en un futuro con acciones para garantizar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de obligaciones, en coordinación con las instancias pertinentes como la Procuraduría General de la República y las autoridades judiciales.
Señaló que se han fortalecido mecanismos de control; se incrementó la vigilancia sobre el cumplimiento del marco ético e institucional y se evalúa el nivel de concentración de prestadores de servicios, pues no es aceptable que Pemex dependa en exceso de un proveedor en alguna parte de la cadena de valor, no sólo en exploración y producción.
Explicó que se está efectuando un mecanismo denominado Bóveda Electrónica, a fin de que los contratos que Pemex celebre con cualquier empresa –y ésta tenga una relación bancaria—se puedan consultar en línea entre las tres entidades. Para su implementación se trabaja con la Asociación Mexicana de Bancos y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Añadió que también se ha impulsado que toda la documentación sea electrónica y pueda ser consultada por todos los funcionarios de Pemex y dejar la contratación por papel.
Explicó que para fortalecer a la paraestatal debe haber un piso parejo en la reforma e igualdad de circunstancias a fin de que haya transparencia total en los contratos, a partir de la apertura en exploración y producción.
Aclaró que aun cuando la reforma energética abrirá competencia y habrá más compañías, Pemex seguirá siendo la más grande y rentable.
Recalcó que la documentación requerida por los legisladores se entregó en tiempo y forma, los días el 5 y 9 de junio –con el oficio respectivo del subsecretario de enlace legislativo y acuerdos políticos de SEGOB, con el sello del subsecretario que envía la información; otra, el 10 de junio y el 13 de junio.
Reconoció que los problemas de Oceanografía generaron ciertas adversidades para Pemex, pero no ocasionaron una pérdida. Señaló que la paraestatal no sufrió daño patrimonial por las garantías contenidas en los contratos, que se ejecutaron en tiempo forma.
Lozoya Austín aclaró que se sigue trabajando con Oceanografía, porque cuando se inhabilitó la empresa, por parte de la Secretaría de la Función Pública, fue para los contratos futuros entre la paraestatal y este particular, por lo que esta inhabilitación no afectaba los contratos que existían en su momento. “De tal forma que la ley obligaba a la paraestatal a seguir trabajando con dicha empresa sobre los contratos que estaban vigentes”.
Precisó que durante esta administración se firmaron contratos con Oceanografía, porque ganaban las licitaciones y “nosotros no teníamos información sobre las presuntas irregularidades en cuanto a la documentación que le presentaban a las instituciones financieras”.
Agregó que fue a partir de la investigación que hizo Pemex respecto al desempeño de los contratos, que se inhabilita y “sale ante la opinión pública y las autoridades que había presentado documentación falsa y Pemex lo denunció”.
Afirmó que “no hay daño patrimonial que hayamos encontrado, ya que Pemex actúo de manera responsable, en particular la Dirección Jurídica y el organismo interno de control, fincando las multas a los proveedores que incumplieron los contratos en tiempo o en forma”.
Aclaró que de los contratos, sólo dos fueron por adjudicación directa y todos los demás se ganaron en licitaciones públicas internacionales.
Explicó que la sesión de derechos de cobro es una práctica común en la industria financiera, es una forma de factoraje que permite a “nuestros proveedores obtener recursos frescos para poder cumplir con sus contratos. Pemex está comprometido no sólo con la Banca de Desarrollo sino con la Banca Comercial en facilitar la obtención de créditos de tal forma que las empresas obtengan esos créditos a las menores tasas posibles y el mayor financiamiento posible”.
Refirió que en este año se creó la Dirección Centralizada de Procura, la cual lleva a cabo un trabajo de investigación de precios y estudio de mercado, para poder contratar a los mejores términos, incrementar la transparencia y generar ahorros en esta medida.
Lozoya Austin resaltó que en 75 años la paraestatal no ha enfrentado un reto más importante que la Reforma Energética, la cual, dijo, “ofrece grandes oportunidades y es este tipo de diálogo lo que fortalece a Pemex y nos coloca en una senda de mayor transparencia”.
Es realmente algo que apreciamos, continuó. Este tipo de espacios “nos permiten explicar a la ciudadanía la situación de Petróleos Mexicanos”.
Asimismo, Marco De la Peña Sánchez, director jurídico de Pemex, informó que se entregaron 68 contratos de Evya con fichas y los datos de cada contrato. Dijo que los contratos de Hewlett Packard están en averiguación y no se pueden entregar, pero se enviaron fichas, así como con Oceanografía, respecto a la cual, de 82 contratos que se tienen, 40 no están en averiguación previa.
Informó que se han presentado 192 denuncias desde 2006, 66 de ellas son procesos contra servidores públicos de Pemex por abuso de autoridad, cohecho, indebido del ejercicio de funciones y peculado, entre otros.
Subrayó que Pemex tiene relación jurídica con Oceanografía por los contratos vigentes con anterioridad a la inhabilitación. “Después de eso, no ha habido un solo contrato; incluso ha habido penas convencionales de alrededor de 488 millones de pesos; se han rescindido cinco contratos y uno está en proceso de recisión por incumplimiento”
Del año 2006 a la fecha, continuó, hay 82 contratos con esa empresa, 39 vigentes “y tuvieron 15 modificatorios”, los cuales alcanzaban un monto contratado de 10 mil 418 millones de pesos, ampliados en 308 millones.
Afirmó que las declaraciones de que no hay más delitos que perseguir “no obstan para continuar las indagatorias”. Explicó que en el caso de Oceanografía, la averiguación previa en la PGR “es muy compleja, tiene actividades qué atender donde puede haber acumulación real de delitos; entre ellos, el más importante que se ha identificado es contra el sistema financiero mexicano, que tiene implicaciones con el banco y representantes de la empresa”.
Respecto a la cesión de derechos de cobro, sostuvo que se cuidó a PEMEX. Indicó que de los 39 contratos vigentes, 31 están cedidos, de ellos 25 a Banamex y se ha cuidado que la paraestatal no aparezca en los convenios como responsable solidario ni garante de la empresa que cede los derechos de cobro.
Marco Antonio De la Peña Sánchez señaló que a todas las acciones de fiscalización que se han realizado y que le han dado vista, la Dirección Jurídica de Pemex ha procedido a actuar en consecuencia.
En el caso de Oceanografía y de Hewlett Packard, indicó, “nosotros dimos conocimiento de inmediato a la autoridad de los ilícitos que se estaban perpetrando de carácter penal y hemos dado todos los documentos, las probanzas y los dictamines que están en nuestro alcance”.
El daño causado, dijo, fue a Banamex; no obstante, “en el momento en que conocimos que había documentos falsificados por parte de representantes de la empresa, se presentaron las denuncias de hechos para cuidar los intereses de Pemex”.
Afirmó que se ha estado atento a todas las diligencias y “la PGR ha dejado desgloses abiertos, porque no estamos hablando de un solo delito, sino de distintos ilícitos que pueden tener un concurso real en el tiempo”.
Daniel Ramírez Ruiz, contralor interno de Pemex, señaló que las revisiones que ha llevado a cabo la ASF sobre los muelles de La Paz corresponden a una auditoría del 2011, de las cuales se determinaron tres observaciones relacionadas con planeación, programación y presupuestación.
Además, continuó, se generaron tres recomendaciones, una solicitud de aclaración y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y en el 2012 se llevó a cabo otra revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en las cuales se encontraron seis observaciones, una aclaración y un programa de responsabilidades administrativas sancionatorias.
Sin embargo, precisó que el estado físico en el que se encuentra la obra es de alrededor del 75.40 por ciento. “Lo que quedó pendiente corresponde a los trabajos de control contra incendios, el circuito cerrado de televisión y la operación de brazos de carga, entre otros”.
Al concluir la comparecencia, Espinosa Cházaro informó que las preguntas pendientes se enviarán por medio de la comisión a la paraestatal, para que no queden dudas al respecto.
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