14-06-2014 El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera (PRD), destacó que gracias a la participación ciudadana de jóvenes en redes sociales, en temas de democracia, se evitó la aprobación de reformas que no beneficiaban a la sociedad.

“Los tiempos están cambiando. Cuando se aprobó la reforma político-electoral nos metieron un dictamen a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los magistrados recibieran un retiro vitalicio.

Pensaron que todo era como hace 15 años, cuando la gente se enteraba por un canal televisivo y no decía nada. Esta vez llovieron en las redes sociales cuestionamientos por qué recibirían una pensión vitalicia cuando muchos mexicanos tienen una pensión menor a 2 mil pesos”, dijo.

Durante el foro “Ensayos y propuestas de reformas constitucionales”, recordó a los estudiantes de la licenciatura de Derecho de diversas Universidades, la aprobación de reformas estructurales en materia de telecomunicaciones, educación, el seguro universal de adultos mayores y de desempleo, así como la de competitividad y gratuidad de la primera acta de nacimiento, entre otras.

Sobre la democracia participativa, el diputado explicó que actualmente se reconocen diversas figuras de participación ciudadana como el plebiscito, referéndum, la iniciativa ciudadana y la consulta popular.

Comentó que otro tema de interés de los participantes es la educación superior, que hasta el momento no es reconocida como obligatoria. También tiene relevancia la competitividad entre ellos, debido a la actual situación económica del país.

Respecto a los derechos humanos, Moreno Rivera destacó los tratados internacionales que México ha suscrito en la materia y la reforma al amparo, el cual se robusteció al ampliarse la procedencia de este juicio respecto de cualquier norma general.

En este espacio se escucharon opiniones de estudiantes de Derecho sobre fuero, democracia participativa, derechos humanos, educación superior y competitividad.

Al respecto, la doctora Mirelli Rocatti Velázquez, abogada general de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), explicó que a partir de la reforma que elevó los tratados internacionales en materia de derechos humanos a nivel constitucional, se cambió el paradigma para interpretar todas nuestras normas.

Eso es favorable, enfatizó, ya que los tratados son más incluyentes que muchos los derechos contenidos en nuestra Carta Magna. “México ha suscrito todos, usualmente es de los primeros países en firmarlos”.

Gracias a este cambio, agregó, las políticas públicas, los programas, la administración pública y las autoridades tienen la obligación de difundir, proteger y reparar las violaciones a los derechos humanos.

La investigadora del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Xóchitl Garmendia Cedillo, señaló que antes de la reforma constitucional había un gran rezago en la atención a las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

En su ponencia “Derechos Humanos y Garantías Constitucionales”, sostuvo que el incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH tiene repercusiones económicas y ocasiona que se dejen de celebrar tratados comerciales con los países que los incumplen.

Resaltó que el Ministerio Público es el lugar donde voluntaria e involuntariamente se violan los derechos humanos. No dan la atención correcta al acusado y se presentan irregularidades en el proceso. Por ello, con el cambio constitucional, se garantiza un trato adecuado de la autoridad.

Pese a este avance en la legislación, apuntó, se requiere de la participación de la sociedad civil, para que los organismos funcionen correctamente y con pleno respeto de las garantías constitucionales.

Ana Valeria Portillo Delgado, de la Universidad de Colima, afirmó que el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado Mexicano, arrojaría grandes beneficios a nivel nacional e internacional.

En primera instancia, dijo, “si nosotros como país empezamos a cambiar la forma de actuar y procuramos que se cumpla cabalmente lo que dice la Constitución, social, política y culturalmente México va a dejar de ser el país de la impunidad”.

En segundo término, “dar seriedad a los derechos humanos, hará que la comunidad internacional voltee a ver a México como una nación ‘modelo a seguir’, donde se respetan y procuran las garantías individuales y se reparan los daños cuando las autoridades las violan”, sostuvo.

Asimismo, detalló la conveniencia de hacer comparecer ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la República a aquellos funcionarios que no cumplan las recomendaciones de la CNDH, para fundamentar sus motivos y determinar si son justificables.

En caso de no ser validos los argumentos, propuso, se determinará una sanción administrativa o bien, se obligará a ejecutar dicha recomendación en afán de hacer valer lo estipulado en la Constitución, en materia de reparación de daños.

Por otro parte, planteó que lo estipulado en el Apartado B del 102 de la Carta Magna (establecimiento de organismos de protección de los derechos humanos), puede ser sustituido con la creación del Artículo 29 bis para “dar coherencia y armonía”, pues en el Capítulo 1 de la Constitución, donde estaría dicho artículo, se fijan las máximas garantías a los derechos humanos.

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