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| Boletín N°. 3746 | Urge Aureoles Conejo a reglamentar derechos a la alimentación y agua estipulados en la Constitución |
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18-06-2014.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Silvano Aureoles Conejo, urgió a los legisladores a aprovechar los meses que quedan a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados para reglamentar los derechos fundamentales de acceso a la alimentación y al agua, elevados a rango constitucional en años recientes.
De no lograrse, advirtió, el esfuerzo legislativo no habrá servido de nada y dejará sin instrumentarse a este importante avance de la Carta Magna.
En la inauguración del foro “Alimentación, Bienestar y Desarrollo Regional”, recordó que 53 millones de mexicanos, casi la mitad de la población, se encuentra en la franja de pobreza. De éstos, cerca de 28 millones están en condiciones de pobreza extrema, “es decir, no alcanzan a cubrir lo elemental de la alimentación”.
“Es un foco rojo, pues la pobreza y la alimentación tienen impactos negativos en otros ámbitos, ya que cuando hay deficiencias de nutrición, el impacto es directo en la salud y, en consecuencia, en la economía del afectado. Es una cadena. Si atendemos el asunto original, veremos buenos resultados en el resto de los factores que acompañan esto”, añadió.
El también coordinador del grupo parlamentario del PRD instó a las comisiones ordinaria de Recursos Hidráulicos y especiales de Asuntos Alimentarios y de Promoción del Desarrollo Regional, a tomar la rienda para formular una iniciativa de ley que garantice el derecho al agua y a la alimentación, que fija el Artículo 4 de la Constitución Política, en virtud de que los tiempos se agotan y para no dejar pendiente el tema.
Aureoles Conejo consideró que esto es de la mayor relevancia, ya que constituye una parte vital en el desarrollo de los ciudadanos, y de no ser resuelta la carencia alimentaria que sufren muchos, con ingenio, creatividad e inteligencia, los ideales de equidad y justicia no serán una realidad en nuestro país.
“Si en algo se puede reflejar la injusticia, es en la imposibilidad que tienen millones de seres humanos de acceder a la alimentación adecuada”, sostuvo.
Recordó que cerca del 12 por ciento de la población mundial no tiene este derecho elemental, lo cual debe ser una alta preocupación para los gobiernos, pues significa que mil millones de personas no tienen acceso a los alimentos.
Precisó que reglamentar el derecho a la alimentación en México permitirá dinamizar al sector rural y agropecuario, el cual se vincula estrechamente con la producción de alimentos.
Aclaró que este derecho constitucional no sólo implica la obligación del Estado de dar de comer, sino que tiene que ver con la producción, calidad, planeación y distribución de los alimentos, ámbitos que se detonarían si se reglamentan estos preceptos, en armonía con el desarrollo regional.
Por otra parte, opinó que nuestro país tiene el reto de poseer soberanía alimentaria o, por lo menos, seguridad, en virtud de que buena parte de los alimentos que consumen los mexicanos son importados.
Por su parte, el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta (PRD), presidente de la Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional, organizadora del foro, subrayó que el derecho a la alimentación es un interés que comparten todas las fracciones de la Cámara de Diputados, dada su relevancia en el desarrollo físico e intelectual de la sociedad.
“Cualquier problema relacionado al respecto, debería ser prioridad en todos los ámbitos de la sociedad, no sólo los gubernamentales”, dijo, y celebró que la Jucopo de la Cámara de Diputados, al igual que las comisiones legislativas, se preocupe por el tema.
En tanto, la secretaria de la Comisión Especial del Café, diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza), expresó que la inversión en nutrición “ es una necesidad, no un lujo", y ésta debe ser suficiente y sana, dado que el rendimiento académico del ser humano depende de una buena alimentación.
“La desnutrición de niños y niñas tiene que ser considerada un problema de alta prioridad y tomarse en cuenta para el desarrollo de programas sociales y educativo, ya que problema limita el potencial intelectual de la nación. Es fundamental que esto sea atendido en los primeros años de vida, de lo contrario, sus efectos pueden ser irreversibles”, enfatizó.
Enseguida, la diputada María Elia Cabañas Aparicio (PRI), secretaria de la Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional, hizo hincapié en la necesidad de implementar una cultura de alimentación sana desde la infancia.
Esto, dijo, ayudará al desarrollo físico e intelectual y a asimilar de mejor manera los aprendizajes adquiridos en la escuela. “Como legisladores, tenemos la obligación de velar por la alimentación sana y su alcance entre los mexicanos”, destacó.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, recordó que a nivel mundial persiste una proporción importante de población excluida de alimentación adecuada, que está marginada al no poseer los recursos necesarios para su bienestar.
Por tanto, “los gobiernos debemos hacer política pública para garantizar este derecho”, ya que se presenta como una necesidad básica y aseguró que se siguen empeñando recursos y esfuerzos científicos y organizativos, de cuya eficacia depende la vida de millones de personas.
El foro “Alimentación, Bienestar y Desarrollo Regional”, fue promovido por la Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional para conocer, analizar, discutir y evaluar los aspectos más importantes de la alimentación en México, como producción y distribución, además de los programas alimentarios impulsados para abatir la desnutrición y el hambre en el país.
Participaron expertos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
También representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y de los centros de estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), y para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados.
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