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| Boletín N°. 3171 | En México, la impunidad sigue siendo un problema serio |
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11-03-2014.- La Cámara de Diputados recibió el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, Christof Heyns, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, resultado de su visita a México del 22 de abril al 2 de mayo de 2013.
Heyns reconoce que el gobierno ha emprendido una serie de iniciativas positivas para reformar la protección de los derechos humanos de las personas vulnerables; sin embargo, sigue produciéndose un número alarmante de violaciones y la impunidad continúa siendo un problema serio, tanto a nivel individual como sistémico.
Los problemas de la protección del derecho a la vida en México, menciona en el informe, se deben a diversos factores, entre ellos las deficiencias del sistema jurídico; el aumento de la delincuencia organizada y el narcotráfico; la falta de disposición o de capacidad de la policía y los fiscales para iniciar investigaciones; la desconfianza de la ciudadanía hacia el poder judicial, y la falta de rendición de cuentas por las violaciones cometidas.
El documento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, remitido por la Secretaría de Gobernación a esta cámara, propone promulgar la legislación federal y estatal pendiente de aprobación, para hacer efectiva la reforma constitucional sobre los derechos humanos y acelerar la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal oral y acusatorio a nivel federal y estatal.
Plantea que la Procuraduría General de la República sea completamente autónoma; crear una institución nacional de servicios forenses; constituir una base de datos pública sobre los homicidios desglosados por estado, municipio, sexo, edad y otros criterios; que las ejecuciones extrajudiciales y las masacres cometidas durante la llamada “Guerra Sucia” sean investigadas, procesadas y juzgadas.
Asimismo, propone adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las autoridades alteren las escenas de delitos y rindan cuentas y enmendar el Código de Justicia Militar para que todas las violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por militares sean objeto de investigación exhaustiva, procesamiento y juicio por autoridades civiles.
Sugiere disminuir la participación del Ejército en las actividades policiales; velar por que los militares acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles y no militares, y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden en todos los niveles de gobierno.
De igual modo, recomienda enmendar la Constitución para aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza -en particular durante las manifestaciones y los arrestos- a que se aplique a todas los cuerpos de seguridad federal, estatales y municipales, y modificar la Ley federal contra la delincuencia organizada para que el homicidio esté entre los delitos que pueden estar ligados a estas bandas.
Busca que México colabore con los países de América Central para establecer bases de datos compartidas con información sobre huellas dactilares, DN, genética y personas en paradero desconocido, y una más sobre restos no identificados.
Recomienda iniciar con prontitud investigaciones exhaustivas, imparciales y diligentes de los homicidios de mujeres, periodistas y defensores de los derechos humanos, niños, reclusos y detenidos y personas LGBT; tipificar el feminicidio en todos los códigos penales, y crear un corredor seguro para los migrantes en tránsito.
El documento turnado a la Comisión de Derechos Humanos resalta que las autoridades mexicanas no han abordado adecuadamente el problema del autogobierno en las cárceles y se mantienen al margen, por temor o complicidad, mientras que los reclusos recurren a la violencia y utilizan armas mortales, en algunos casos con la complicidad directa de las autoridades.
Por ello, el Relator Especial recomienda que se aborde la falta de rendición de cuentas en los diferentes niveles del sistema carcelario. Para proteger el derecho a la vida de los reclusos y los detenidos, señala, “es imprescindible que las autoridades asuman su responsabilidad de proteger a las personas privadas de libertad”.
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