25-03-2014.- La Cámara de Diputados aprobó con 397 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones, en lo general, el dictamen que expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

Su objetivo es promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica donde se privilegie la equidad entre la autoridad y los agentes económicos.

El dictamen busca acabar con las prácticas monopólicas y demás conductas anticompetitivas que durante años han retrasado el crecimiento económico del país, mediante la regulación de un órgano autónomo, independiente e imparcial en materia de competencia económica.

Así también, mediante la generación de esquemas de libre competencia y libre concurrencia; la prevención efectiva de las prácticas monopólicas y las conductas anticompetitivas, y el establecimiento de sanciones a quienes atenten en contra de estos mecanismos.

El dictamen establece las normas generales bajo las cuales el Estado garantizará, protegerá y restaurará las condiciones necesarias para la libre competencia y libre concurrencia, mediante la eliminación, prevención, investigación de monopolios, prácticas monopólicas, estructuras de mercado monopólicas o monopsónicas, concentraciones prohibidas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Al fundamentar, el presidente de la Comisión de Economía, el diputado Mario Sánchez Ruíz (PAN), mencionó que perfilar una legislación de competencia económica moderna y efectiva, en donde el órgano regulador sea autónomo, permitirá salvaguardar la seguridad jurídica de los agentes económicos, lo cual favorecerá a los consumidores, además de impulsar el crecimiento económico, la multiplicación de las empresas y la generación de más y mejores empleos formales.

Expuso que en materia de competencia México en las últimas décadas ha crecido a una tasa de apenas el 2 por ciento, por lo que resulta evidente que no existe una sana competencia en la economía. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha señalado que los consumidores mexicanos gastan alrededor del 40 por ciento más en mercados con problemas de competencia.

Asimismo, reiteró que el reporte del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global 2013-2014, en el apartado titulado Efectividad de la Política de Competencia Económica, ubica a México en el lugar 114 de 148; detrás de países como Panamá, India, Zambia, Brasil, China, El Salvador, Colombia y Honduras.

Precisó que la comisión aprobó modificar más de 35 de los 130 artículos contenidos en la Ley con la finalidad de clarificar los alcances del órgano autónomo, garantizar a los agentes económicos un debido proceso y fortalecer finalmente a la productividad de las pequeñas y medianas empresas, así como del consumidor.

Explicó que entre los cambios más significativos a esta reforma se encuentra la de incluir una definición clara de barreras a la competencia y libre concurrencia, ya que estos términos no estaban contemplados en la iniciativa original.

En lo referente a la imposición por parte del Ejecutivo Federal de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, dijo que la comisión tendrá que determinar mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.

Por otra parte, se incrementó el plazo de 20 a 45 días para que los agentes económicos con interés jurídico manifiesten lo que a su derecho convenga. Además, se incorporó la figura de un comisionado ponente de manera rotatoria, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución al Pleno para su aprobación o su modificación.

También se otorga al probable responsable o denunciante el derecho de solicitar al Pleno una audiencia oral dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, con el objeto de realizar las manifestaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, se plantea que para determinar la existencia de insumo esencial, además de los criterios que contemplaba la iniciativa, la comisión deberá considerar si el insumo es controlado por uno o por varios agentes económicos con poder sustancial y las circunstancias bajo las cuales el agente económico llegó a controlar dicho insumo.

De igual manera, se especifica que en las visitas de verificación la autoridad procurará no afectar la capacidad de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, a efecto de evitar daños al agente económico y en consecuencia a los consumidores.

El legislador añadió que en relación al mecanismo previsto en el artículo 94, conocido como procedimientos especiales se determina que éste solo podrá iniciarse cuando existan elementos para suponer que no hay condiciones de competencia efectiva. Además, un extracto del acuerdo de inicio de la investigación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, modificación ésta, acorde a los tiempos de transparencia y de rendición de cuentas.

Indicó que el dictamen, a su vez plantea expresamente que los agentes económicos involucrados podrán proponer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en una sola ocasión, medidas idóneas y económicamente viables para eliminar los problemas de competencia identificados.

En tanto, la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del agente económico involucrado solo serán en proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos cuando, a juicio de la comisión, otras medidas competitivas no fueron suficientes para solucionar dicho problema.

Se determina que la Cofece podrá emitir disposiciones regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones.

Manifestó que la sanción por su incorporación sólo será aplicable cuando el infractor haya sancionado previamente y siempre que las resoluciones que impongan las sanciones hayan causado estado; y, al inicio del segundo o ulterior procedimiento, exista resolución firme previa y entre ambos no hayan transcurrido más de 10 años.

Destacó que el dictamen deja claro que cuando la Cofece ordene la desincorporación o la enajenación de activos sus resoluciones se ejecutarán hasta que resuelva el juicio de amparo, lo que es consistente con el artículo 28 constitucional que establece que todas las resoluciones definitivas de la comisión adoptadas bajo cualquiera de los procedimientos previstos en esta ley, deberán resolver las cuestiones efectivamente planteadas por la autoridad investigadora y por los agentes económicos.

Afirmó que con la aprobación de este dictamen permitiría impulsar la competencia económica, la cual es fundamental para que los consumidores tengan acceso a una gran variedad de bienes y servicios de calidad, mejores precios, pero también lo es para los pequeños y medianos empresarios que accedan a insumos competitivos e innovadores.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza) expresó que a 20 años de haberse creado la Ley General de Competencia Económica ésta no ha sido suficiente, por lo que es indispensable establecer las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica para regular el funcionamiento de los mercados, con un marco legal que promueva transparencia, equidad, así como participación responsable y eficiente del órgano regulador.

Indicó que los beneficiados con esta ley serán el consumidor y las micro, pequeñas y medianas empresas, que podrán acceder a mejores productos y servicios a menores precios, además de detonar procesos de innovación en la producción. “Los procesos brindarán mayor certeza, transparencia y eficiencia al sistema de competencia económica, y garantizará la innovación en los productos”.

Es necesario, dijo, contar con una legislación de competencia económica efectiva, que permita la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía; ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza y detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural.

Por el PT, el diputado Adolfo Orive Bellinger argumentó que con la aprobación de este dictamen México avanzará menos en materia económica, por lo que precisó que su grupo parlamentario impulsará el crecimiento de la economía para que haya mayor empleo y menor pobreza.

“Estamos a favor de medidas que erradiquen las prácticas monopólicas, por ejemplo en los medios masivos de comunicación, en las telecomunicaciones o en el sistema ferroviario, pero de eso a extender a toda la economía una Ley que va a contrapelo de los sistemas internacionales de competencia, es reducir aún más la tasa de crecimiento de la economía y aumentar las del desempleo y de la pobreza”, afirmó.

Aseguró que esta ley va en contra del crecimiento económico de México, ya que con esta Ley de Competencia Económica, empresas eficientes y productivas podrán ser penalizadas por emprender acciones totalmente acordes con la eficiencia económica y las leyes internacionales que le permitan tener un mayor porcentaje del mercado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) consideró que esta ley resulta un mero paliativo acotado, insuficiente y cortoplacista. “Nosotros votaremos en contra, pues es un ejercicio tibio, que no toca con profundidad la actividad económica concentrada; los grandes monopolios seguirán actuando a sus anchas”.

Agregó que México se encuentra frente a un modelo económico agotado, y ahora “se intenta profundizar en un modelo que ha demostrado no cumplir y ha empobrecido grandes sectores de la población, pues los jóvenes se encuentran sin empleo y sin alternativas; los hombres y mujeres de México están sufriendo los embates de un modelo económico que persiste en profundizar el proyecto neoliberal”.

En la vieja Ley de Competencia Económica, subrayó, se eliminaban monopolios, y en la que se pretende aprobar sólo previenen, investigan y combaten los monopolios, las prácticas y las concentraciones, pero no los eliminan.

A su vez, el diputado Rubén Acosta Montoya (PVEM) argumentó que la competitividad de un país es fundamental para alcanzar su desarrollo y crecimiento; sin embargo, es necesario forjar un sistema económico sólido, con herramientas que permitan que el Estado sea capaz de eliminar barreras a la libre competencia y concurrencia económica.

Detalló que la falta de competencia es una de las más grandes barreras en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y es un freno a la inversión y al crecimiento. Aclaró que para la aprobación de este dictamen se emprendieron foros y se lograron más de 100 modificaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal.

Este dictamen, dijo, tendrá un impacto positivo para el país, ya que permitirá conformar una nación más equilibrada económicamente, con un sistema de impartición de justicia especializado en el tema de competencia económica, poniendo fin a los abusos que la población enfrenta, incluyendo los micro y pequeños empresarios.

El diputado Carlos Augusto Morales López (PRD) precisó que es indispensable una ley con la que el Estado deje su papel de testigo indolente e indulgente ante las graves injusticias que día con día cometen las empresas monopólicas. “Es importante que estas prácticas abusivas que se cometen en contra de los que menos tienen, de manera ilegítima, puedan ser detenidas a través de la acción del Estado”.

Sostuvo que la presencia de las empresas monopólicas en México, que acaparan y controlan los mercados, obligan a establecer nuevas y mejores regulaciones que prevengan, combatan, investiguen y sancionen sus prácticas, sobre todo cuando se traducen en abusos que realizan utilizando su poder para imponer sobreprecios a los consumidores finales.

La nueva Ley Federal de Competencia Económica, afirmó, se convertirá en una herramienta indispensable para subsanar las enormes deficiencias que prevalecen en el mercado mexicano, y es un instrumento facilitador del desarrollo económico y de beneficio para la población.

José Arturo Salinas Garza, de la fracción parlamentaria del PAN, subrayó que estas enmiendas colocan en la balanza el desarrollo económico del país y lo abren al escrutinio de los mexicanos y de los órganos internacionales, pues estos actores, dijo, consideran que México no es eficiente en prácticas anti monopólicas y de competencia.

Coincidió en la necesidad de ajustar la Ley de Competencia Económica a la actual realidad, para abrir los mercados y beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de garantizar el acceso a precios, bienes y servicios más competitivos que, en consecuencia, serán más baratos.

En representación del Revolucionario Institucional, el diputado Adolfo Bonilla Gómez destacó el incentivo que esta reforma proporcionará a las innovaciones que generan las empresas para insertarse en los mercados locales y globales, “que son sumamente competitivos”.

Explicó que el efecto de las modificaciones legales no será “mágico o inmediato, pero la evidencia internacional advierte que la instrumentación de una buena reforma en competencia, podría elevar hasta en un 2.5 por ciento el Producto Interno Bruto y el empleo en nuestro país”.

“El fin último es promover la creación de riqueza y elevar la productividad y competitividad del aparato productivo que, junto con el tema de la energía, son claves para beneficiar a los consumidores y la economía de las familias”, concluyó.

A favor y en contra

En contra del dictamen, Lilia Aguilar Gil (PT) argumentó que una buena ley de competencia económica debería proporcionar bienes y servicios de mayor valor y menor precio, además de exceder con eficacia las necesidades de los consumidores. Asimismo, se opuso a la intervención del gobierno en el control de los precios del mercado y en los procedimientos que esta ley contempla.

En el mismo sentido, Ricardo Mejía Berdeja (MC) advirtió que millones de consumidores en el país sufren daños y perjuicios como resultado de las prácticas monopólicas. Esta reforma “sólo se limita a dirimir las reglas del juego entre los gigantes de la economía del país, pero nuevamente los consumidores salen maltrechos”, sostuvo.

El diputado Mario Rafael Méndez Martínez (PRD) se pronunció a favor de la iniciativa, aunque, señaló, algunos puntos deben fortalecerse con la finalidad de contar con un marco legal que permita generar certeza jurídica, como las sanciones, pues “no se estableció un catálogo de conductas que deben ser previstas como delitos” en materia de competitividad.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (PAN), a favor del dictamen, expuso que este no sólo es un esfuerzo de la LXII Legislatura, sino de anteriores que se propusieron combatir los monopolios. Por esto, afirmó, la reforma “reúne el trabajo continuo por darle a México una regulación que ponga en primer término el interés y el bienestar de los consumidores”.

El diputado Adolfo Orive Bellinger (PT) se pronunció en contra, pues se le otorga a siete individuos no electos facultades legislativas, ejecutivas y judiciales, además que se le ofrece a la Cofece las herramientas para interponer controversias Constitucionales en contra de los Poderes de la Unión, al establecer en el artículo 94 que estos individuos pueden emitir recomendaciones a las autoridades públicas cuando se determine la existencia de disposiciones jurídicas que indebidamente impidan la libre concurrencia.

En su turnó, la diputada Elvia María Pérez Escalante (PRI) mencionó que la aprobación de esta reforma contribuirá a dar certeza jurídica de los agentes económicos, a que no se inhiba la producción y mejorara la calidad y los precios de los bienes y servicios.

La diputada Verónica García Reyes (PRD) indicó que su voto sería a favor, pues la reforma refleja las propuestas de la izquierda y está orientada a impulsar la competitividad del país y terminar con las practicas desleales que fomentan el alza de precios y reducen el abasto, y eliminar a las empresas dominantes que afectan a los sectores de menores ingresos.

El diputado Guillermo Sánchez Torres (PRD) dijo que impulsar la competencia económica dará certeza de bienes y servicios de calidad a precios justos, lo cual permitirá beneficiar directamente a los consumidores finales, además que se terminará con las prácticas monopólicas.

Previamente, se aprobó un adendum presentado por la Comisión de Economía en la que se plantea modificar los artículos 3,32,49,52,60,66,67,75,90,94,113,120 y el 254 bis mismos que fueron aceptados por el Pleno.

Se reservaron para su discusión en lo particular los artículos 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 24, 25, 30, 31, 32, 35, 37, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60,61,62, 64, 65, 66, 71, 75, 78, 79, 80, 83, 91, 93, 94, 97, 100, 101, 102, 120, 123, 126, 127,129, 131, 254, 254 bis, así como el tercero transitorio y la adición de un artículo transitorio.

-- ooOoo --