27-03-2014.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a emprender un estudio para determinar el porcentaje mínimo de personas con discapacidad que podría laborar en la administración pública y difundir los resultados.

El documento señala que según un estudio del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad del 2008, en las unidades centrales de la administración pública federal menos de uno por ciento de los empleados son personas con discapacidad.

De acuerdo con el INEGI, 5.1 por ciento de la población tiene alguna discapacidad.

Refiere que la política de establecer cuotas mínimas de personas con discapacidad en el sector público es practicada por diversos países y existen múltiples regulaciones con opciones sensibles a la naturaleza de cada trabajo.

La comisión considera que es obligación de los poderes ejecutivos de los tres niveles de gobierno emprender acciones con el fin de ampliar y asegurar un piso de derechos que favorezca a los grupos vulnerables en general y a las personas con discapacidad en lo particular. Sin embargo, cualquier política pública debe ser viable y ejecutada por la autoridad responsable y emprenderse con la mayor racionalidad posible para asegurar su éxito.

Enfatiza que las políticas públicas para la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral, así como las discriminaciones positivas que privilegien su contratación, son, además de acciones de justicia social, elementos que coadyuvan al desarrollo social y económico de la nación.

En reunión de trabajo, la comisión también aprobó otro punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a llevar a cabo las acciones necesarias para impulsar, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, la creación de una Convención para proteger los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Señaló que la discriminación por motivos de edad es inaceptable, por lo que se requiere una Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores para hacer visibles los problemas a que hace frente este grupo social en el ejercicio de sus derechos humanos.

Esto representaría, añadió, un sólido instrumento para combatir estereotipos predominantes y generar imágenes positivas y realistas sobre el proceso de envejecimiento.

La comisión recalcó que en la medida en que se logre instituir dicha convención, se garantizará, a través de los países, que todas las personas del orbe puedan envejecer con seguridad y dignidad, fortaleciendo sus derechos como ciudadanos y promoviendo una cultura de respeto a este sector de la población.

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