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| Boletín N°. 3281 | Aprueban diputados mayores controles en la creación y operación de cajas de ahorro y préstamo |
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27-03-2014.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que otorga certidumbre jurídica y económica a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como a sus usuarios, a fin de fortalecer al sector, promover la inclusión al sistema financiero de personas ubicadas en zonas marginadas, evitar fraudes a los ahorradores y tener mayor control sobre la creación de estas asociaciones.
Con la unanimidad de 416 votos, se avalaron en lo general cambios a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), y a la Ley para regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que en aras de vigilar la correcta regularización o salida de las sociedades cooperativas y el pago a sus ahorradores, se debe modificar la ley, como una medida para apoyar la sana conclusión del proceso de regularización del sector cooperativo de ahorro y préstamo.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado José Isabel Trejo Reyes (PAN), expresó que actualmente el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamos se encuentra en la fase final del proceso de regularización.
Mencionó que el dictamen busca apoyar a los socios ahorradores de las denominadas cajas o cooperativas de ahorro y préstamo con activos mayores a 2.5 millones de UDIs, es decir, 12 millones 850 mil pesos, que no han logrado su autorización o que se encuentran imposibilitadas por su precaria situación financiera a devolver el ahorro de sus socios.
Se busca, dijo, modificar el marco legal para ampliar los apoyos a cargo del fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Pago a sus Ahorradores conocido como el Fipago, acorde con las condiciones actuales del sector, que permitan su fortalecimiento y consolidación y al mismo tiempo reduzcan los daños al sector y a sus ahorradores.
Para alcanzar dicho objetivos, expresó, se modifica la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para permitir que los trabajos de consolidación que realizan las sociedades, que sean apoyadas por el Fipago, principalmente sociedades cooperativas que captan recursos de sus socios, se lleven a cabo por expertos en finanzas populares y no sólo por consultores internacionales con recursos provenientes de organismos mundiales.
Amplia el universo de sociedades sujetas al apoyo del Fipago en beneficio de los ahorradores; permite que, además de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operaciones de uno a cuatro, participen otras personas en la cesión de activos y pasivos de las sociedades cooperativas u otras sociedades objeto del apoyo del Fipago, con el fin de incrementar las posibilidades de que los ahorradores puedan recuperar el 100 por ciento de sus ahorros.
El diputado José Isabel Trejo añadió que la intención del dictamen es eliminar la obligación de realizar un trabajo de consolidación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo clasificadas en D, y que de esta manera agilicen sus procesos de apoyo.
También, fortalece el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación básico y concluir ordenadamente los procesos de regularización de aquellas con activos superiores a 2.5 millones de UDIs, contempladas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Añadió que se plantea que aquellas sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de UDIs que captan recursos de sus socios, para su posterior colocación, que entre éstos no hayan obtenido un dictamen favorable o no hayan obtenido apreciación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tengan la posibilidad de acceder a los esquemas de apoyo que otorga el Fipago, sin dejar de realizar operaciones de captación por un tiempo determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos.
Respecto a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, dijo que las modificaciones buscan que haya un mayor control sobre la creación de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y que los socios acrediten su identidad y ratifiquen su voluntad de constituir las sociedades cooperativas, exclusivamente ante notario público.
Se establece que los notarios públicos, ante los cuales se hayan constituido las sociedades, estarán obligados a informar al Comité de Supervisión Auxiliar, dentro de los 20 días siguientes a dicha constitución, puntualizó.
De igual forma, se plantea reducir el plazo para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nueva creación se inscriban en el Registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a cargo del Comité de Supervisión Auxiliar del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.
Además, se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ordene la medida precautoria de inmovilizar los recursos de las personas físicas o personas morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con el fin de salvaguardar los ahorros de los socios depositarios.
Al iniciar los posicionamientos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) señaló que de manera recurrente se han conocido fraudes de las cajas de ahorro popular y de otros mecanismos de financiamiento que funcionan al margen de las grandes instituciones financieras comerciales; por ello, dijo, “debemos proteger el ahorro de las familias, sobre todo si existe el antecedente de la quiebra de los bancos en la década de los 90, cuando el Estado acudió a rescatar a los grandes inversionistas”.
Solicitó a las cajas de ahorro y cooperativas aprovechar esta reforma, para regularizar su situación bajo un esquema de legalidad y transparencia de sus cuentas, lo que dará certeza y certidumbre a los ahorradores, y se pronunció por fortalecer el sistema financiero mexicano, impulsando una cultura financiera.
Por el PT, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán indicó que este dictamen tiene su origen en la difícil realidad que sufren miles de socios de cajas de ahorro en diversos estados, sobre todo en lugares en donde no hay bancos comerciales, como el caso de Oaxaca donde de un total de 220 mil socios, al menos 50 mil ahorradores corren el riesgo de perder sus ahorros y en dónde se han interpuesto 143 causas penales en contra de 83 cajas de ahorro.
Subrayó que es necesario seguir adecuando la legislación para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tengan un marco regulatorio equilibrado, donde no sea el tamaño lo que importa, sino la capacidad, la eficiencia y sobre todo la confiabilidad en la institución.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) manifestó que este tema es, desafortunadamente, un mal que aqueja a las familias mexicanas de clase media y sobre todo de escasos recursos, y afirmó que el incremento en el número de fraudes financieros por parte de instituciones de ahorro y crédito se debe a la poca regulación y vigilancia de las autoridades responsables de velar por el patrimonio de los mexicanos.
Resaltó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las autoridades competentes deben vigilar el funcionamiento de estas cajas, para que no sigan defraudando a la gente más pobre. “Este dictamen vamos a apoyarlo, porque no podríamos estar en contra de ampliar los plazos para regularizar las instituciones; si no lo hacemos, podría ser en perjuicio de sus ahorradores o de la gente que confía en introducir o en depositar sus pequeños ahorros en estas cajas”.
A su vez, el diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) puntualizó que este 31 de marzo, vence el plazo para que las cajas de ahorro, en su fase final, se sometan a un marco normativo nuevo que dé cobertura a la transparencia, a la evaluación y atienda las demandas de los ahorradores defraudados.
Destacó que el dictamen busca regularizar y establecer una salida ordenada a las sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo, y atiende “las demandas de los ahorradores defraudados, aquellos que no tienen otra alternativa que tomar los pocos caminos para buscar esquemas de financiamiento”.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) argumentó que estas reformas representan una alternativa para darle una salida ordenada a una situación que se ha prologando por más de 13 años, y la da viabilidad financiera a varias sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. “Debemos garantizar la seguridad de los ahorros de amas de casa, de campesinos, de familias de migrantes, de pensionados y demás personas”.
Sostuvo que la solución de fondo para tener un sector social dedicado al ahorro y préstamo con finanzas sanas, es que cuenten con una normatividad apropiada y con mejores criterios, parámetros y sanciones. “Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo no pueden continuar siendo normadas como bancos. Estamos totalmente de acuerdo en que se sancione a quien hace un mal uso de esta figura y la ley así lo establece”.
De Acción Nacional, el diputado Ricardo Villarreal García señaló que hoy las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo están siendo supervisadas y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y actualmente ha logrado ya la autorización de 133, con activos por cerca de 80 mil millones de pesos, que ofrecen sus servicios a más de 4.8 millones de socios.
Manifestó que entre lo más relevante del dictamen es que establece la posibilidad de acceder a los esquemas de apoyo que otorga el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a los Ahorradores (Fipago), sin dejar de realizar operaciones de captación por un tiempo determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, con la finalidad de que se concluyan su esquema y resolución de salida.
La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI) expuso que si unas palabras describen a esta iniciativa, es seguridad y certeza para los ahorradores populares. “Seguridad en el ahorro, en el depósito del patrimonio de las sociedades cooperativas, es decir, es certeza para la gente de que el dinero que economizan está bien protegido, y que el Estado está vigilante de su buen resguardo y está atento a evitar riesgos”.
Añadió que esta reforma protege a los ahorros y el Poder Legislativo honra su mandato popular de defender el interés nacional y el popular, con la defensa de quienes han trabajado para ahorrar un modesto patrimonio y salir adelante en la vida. “Aprobemos esta reforma por unanimidad y cerramos las puertas a cualquier riesgo de defraudación en contra del ahorro popular”.
En pro del dictamen, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (Movimiento Ciudadano) expuso que la banca tiene que hacer su trabajo, “porque quienes más están sufriendo son los migrantes y aquellos que con mucho esfuerzo están trayendo recursos para sus familias, y que al no tener acceso a un banco, no pueden guardar el dinero en el colchón y acuden a estas sociedades”.
También de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja calificó esta reforma como positiva, pues el país cuenta con un sistema financiero y bancario inalcanzable para millones de mexicanos, ya que no llega a las comunidades más lejanas, porque es un verdadero viacrucis para alcanzar un crédito por las altas comisiones y tarifas que cobra el sistema bancario.
Previo a la votación en lo general, se conocieron propuestas de modificación de la Comisión, a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, mismas que en votación económica fueron aceptadas por el Pleno.
Con el cambio, el artículo 4 bis quedó: “Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa en términos de lo que al efecto dispone la Ley General de Sociedades Cooperativas y ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva exclusivamente ante fedatario público”.
En tanto, se reformó el artículo 13, tercer párrafo, a fin de que el fedatario público, ante quienes los socios hayan acreditado su identidad y ratificado su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, deberá dar aviso de ello al Comité de Supervisión Auxiliar a más tardar 20 días hábiles después de realizados dichos actos.
Votación en lo particular
Con la unanimidad de 406 votos, la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, las reservas propuestas por el diputado Carol Antonio Altamirano (PRD) a los artículos 8, fracción I, de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y al tercero transitorio.
El diputado Carol Antonio explicó que la propuesta de modificación al artículo 8, fracción I, se refiere a la solicitud de inscripción de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
Tal artículo quedó: “Haberse constituido legalmente antes del 31 de diciembre de 2002, o haberse inscrito en el registro a que se refiere el artículo 7 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo antes del 1 de febrero de 2014, o haberse constituido legalmente antes del 13 de agosto de 2009, y haber dejado de celebrar operaciones pasivas y activas antes del 31 de diciembre de 2012”.
Mientras que el cambio, en el artículo tercero transitorio, explicó, tiene la intención y objetivo de aclarar el plazo que tiene el Comité de Supervisión para revisar las solicitudes de dictamen.
Subrayó que el propósito es transparentar el marco normativo que propone aclarar que el periodo aplicable para emitir el dictamen es respecto de las solicitudes presentadas al 31 de marzo de 2014. Asimismo, con el propósito de que el Comité de Supervisión Auxiliar cuente con tiempo suficiente para resolver lo conducente, se propone establecer 180 días de plazo para que se emita el dictamen correspondiente, y plantea aclarar que el cómputo del plazo no sea suspendido por requerimientos de información a la sociedad.
Con la finalidad de dotar a la autoridad de instrumentos adecuados que permitan valorar la viabilidad de una sociedad en beneficio de los ahorradores, dijo, se propone que el plazo anterior pueda ser extendido por 90 días más cuando el Comité de Supervisión Auxiliar así lo solicite y a juicio de la comisión se justifiquen las razones para ello.
“Esta reforma representa una buena noticia para cientos de miles de personas que fueron defraudadas en las cajas de ahorro en todo el país. Se busca que las familias de Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Puebla y de todos los estados donde se sufrió la defraudación en las cajas de ahorro, tendrán una alternativa para recuperar una parte de su patrimonio”.
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