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| Boletín N°. 3288 | En abril podría aprobarse la ley que regirá al Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social |
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28-03-2014.- El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado José Alejandro Montano Guzmán (PRI), confió en que el próximo mes se apruebe la ley que regirá al órgano autónomo denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), legislación secundaria de la reforma político-electoral.
En el marco de la primera sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS), del cual es miembro, el legislador destacó la importancia del tema, que forma parte de la reforma político-electoral. “Hay varios asuntos que se están analizando y tenemos que darle el tiempo necesario para adecuar cada uno de ellos”.
Explicó que el Congreso de la Unión tiene “muchas iniciativas y todas son prioritarias, y si no echamos a andar las leyes reglamentarias, no vamos a poder operar las grandes reformas que se han hecho”.
Por ello, dijo, en la sesión de la CNDS se aprobó un acuerdo para prorrogar el periodo de los nombramientos de los investigadores académicos que integran el Comité Directivo y la Comisión Ejecutiva del ahora organismo público descentralizado, Coneval, que concluye el 31 de marzo, hasta en tanto la Cámara de Diputados designe a quienes integrarán el Consejo General del órgano constitucional autónomo que se creará.
“En cuanto se den los tiempos para poder integrar este proceso, se va aprobar en el Congreso y, por ello, se están viendo aspectos que son de alto contenido como esta prórroga que fue de un consenso de varios secretarios; es una petición, hay sensibilidad y creo que va en beneficio de mejorar a las partes que más lo requieran”, puntualizó.
Durante la reunión, realizada en un hotel de esta ciudad, la secretaria de Desarrollo Social, (Sedesol) Rosario Robles Berlanga, señaló que la reforma estableció que el Coneval sería un organismo autónomo.
Mencionó que la ley que reglamentará la constitución del Coneval como organismo autónomo, y definirá los procedimientos para elegir tanto a su presidente como la integración de su Consejo, “no ha sido discutida y por eso estamos en una circunstancia que nos obliga a ampliar el periodo de sus actuales consejeros, en tanto, se constituye este órgano autónomo”.
Reconoció que en estos momentos hay una agenda muy extensa y cargada en la Cámara de Diputados con temas relevantes, “y me preocuparía muchísimo que nos quedáramos acéfalos en cuanto al Consejo durante este periodo”, por lo que se pronunció a favor de aprobar dicho acuerdo de prórroga.
Conforme a la reciente reforma constitucional en materia político electoral, se mandata al Congreso de la Unión a expedir dicha ley dentro de los 120 días naturales de la entrada en vigor del respectivo Decreto, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero.
Asimismo, el Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá integrarse dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto. En caso de que en dicho plazo no quede integrado continuará en sus funciones el organismo descentralizado denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hasta que se integre el nuevo.
Cabe señalar que la Carta Magna establece que el Estado deberá contar con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social.
Además, emitirá recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá estar integrado por un presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular.
En su participación, la titular de la Sedesol aseguró que de los 53 millones de personas en pobreza, el 60 por ciento está en las ciudades y “ahí es donde se tiene conflictividad social derivada de la profunda desigualdad”.
Por ello, dijo, la prioridad de la política pública en materia social será el combate a la pobreza urbana, focalizando las localidades con más de 100 mil habitantes, ya que concentran casi el 50 por ciento de esta población y se podrá modificar indicadores por el volumen poblacional.
Robles Berlanga aclaró que se trabajará en las dos líneas de pobreza rural e indígena, pero también dándole su peso a la pobreza urbana porque “si no, no estaríamos resolviendo parte de los problemas que viven hoy nuestras grandes ciudades”.
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