• En México, 15 millones de personas no tienen acceso al recurso natural

23-05-2014.- El diputado José Antonio León Mendívil (PRD), integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, sostuvo que la actual Ley de Aguas Nacionales no satisface la demanda social, tecnológica y de desarrollo sustentable en un México donde hay más de 15 millones de personas que no cuentan con el líquido vital, lo que atenta contra su salud y progreso.

Aseguró que diputados y senadores tienen el compromiso de emitir una Ley General de Agua e Infraestructura Hidráulica que garantice el acceso a este recurso, genere una descentralización de funciones y responsabilidades, defina procedimientos claros y evite remisiones a otros ordenamientos jurídicos.

“Esta comisión tendrá que dictaminar una ley que garantice el acceso al agua para todas y todos los mexicanos sin discriminación, ni despojos”, sentenció.

Durante una reunión de trabajo sobre “Fenómenos Hidrometeorológicos, el agua un derecho humano y fundamental en México”, el legislador precisó que dicho ordenamiento deberá considerar factores como el cambio climático, escasez y contaminación del agua y la situación geo hidrológica, además de contemplar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y los diversos sectores de la sociedad.

Dijo que en México existen diferencias en cuanto a la disponibilidad y demanda de agua. Aunque las zonas del sur cuentan con abundantes recursos hídricos, las aguas superficiales y subterráneas son, en su mayoría, sobreexplotadas y contaminadas, lo que genera insuficiente disponibilidad del líquido, reveló.

Destacó que se tienen que generar medidas preventivas ante los fenómenos meteorológicos y agilizar la entrega de recursos federales del Fondo de Desastres Naturales, para evitar que en el 2030 el 20 ó 30 por ciento de la población viva en estrés hídrico, según estimaciones.

El diputado federal por Veracruz detalló que Ley General de Agua e Infraestructura Hidráulica sancionará los subejercicios que se llegaran a presentar por negligencia o falta de cuidado; buscará fortalecer a la Conagua, pero también dará puntual seguimiento a los proyectos presupuestales para que se ejecuten adecuada y eficientemente en todos los estados, manteniendo comunicación permanente con el organismo.

Asimismo, la nueva norma establece que se destinaría una partida presupuestal específica, para proyectos de estudios de reinversión, de manera democrática y se crearía un monitoreo satelital permanente de los sistemas de distribución del agua para detectar fugas e identificar pozos regulares clandestinos, con de fin de contar con un censo actualizado.

León Mendívil aseguró que la norma actual, publicada en diciembre de 1992, “no está a la vanguardia y es discrecional, por lo que tendrá que ser abrogada necesariamente”.

En la nueva propuesta de Ley -formulada en armonía con postulados internacionales de derecho al líquido vital-, destaca la creación de un Consejo General de Derecho Humano al Agua, plural y democrático, donde el sector privado no sea representado por una sola empresa o sector, sino por varias.

Quedará prohibida toda discriminación y despojo de acceso al agua potable, además de señalarse las reglas del juego en los diferentes usos y aprovechamiento de la misma. Además rechazaría las intenciones de embargar las participaciones federales en materia hídrica, en caso de adeudo.

Comentó que se llevaron a cabo seis foros regionales en Tabasco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y dos en el Distrito Federal, donde recogieron importantes aportaciones e inquietudes de los ciudadanos.

Erik Vittrup Christensen, oficial Principal en Asentamientos Humanos de ONU HABITAT, mencionó que es fundamental realizar una planificación hidráulica en la zonas urbanas, toda vez que en esta región habita cerca del 70 por ciento de la población mexicana, se consumen el 75 por ciento de los recursos naturales y se produce el 70 por ciento de emisiones de carbono.

Añadió que la creación de la Ley permite una enorme oportunidad en el abastecimiento equitativo y de calidad del agua, pues se logrará la edificación de infraestructura concentrada, lo cual disminuye los costos en las inversiones públicas.

Subrayó que los nuevos sistemas de manejo deben trabajar en concientizar al consumidor final sobre el uso racional del agua, en un sistema de medición eficaz y en fijar tarifas de pago adecuadas, tomando en cuenta a las localidades vulnerables.

Resaltó que otro factor a atender es buscar una alternativa para el riego agrario y el uso de carácter industrial, ya que en la actualidad estos sectores utilizan agua potable, lo que genera el desperdicio del recurso natural para consumo humano y se deja de abastecer a las zonas urbanas.

En tanto, el director general de Odis Asversa, Francisco Fabián Yañez Carbajo, dijo que 205 millones de mexicanos están en riesgo de hambruna; existen entre dos mil y tres mil casos de desnutrición infantil por falta de nutrientes generados por el agua, mientras que cada año mueren 100 mil cabezas de ganado por falta de este líquido, ya que tan sólo en el 2012 cerca del 85 por ciento de la superficie del país se vio afectada por la sequía.

Dijo que si bien se cuenta con programas que combaten el hambre otorgando alimentos como arroz, frijol y maíz, olvidan un elemento importante que es el agua, por lo que sugirió garantizar el abasto del líquido de manera residual con fines de riego agrícola, que permita generar riqueza de alimentos y abasto.

Eduardo Reynoso Angulo, director general de Riesgos Naturales e investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, resaltó: para que la ley funcione de manera eficaz, es necesario diseñar un Atlas de Riesgo, con la finalidad de que la falta de agua no represente un peligro para la sociedad.

Agregó que la creación del Atlas de Riesgo tendrá que tomar como parámetro el tamaño de las consecuencias, en términos económicos y el número de heridos que se puede producir con cierto fenómeno natural. Esto permitirá diseñar políticas públicas y medidas de prevención de desastres adecuadas con el propósito de salvaguardar las vidas humanas y los bienes materiales, así como promover la cultura de la prevención y mejorar la gestión de respuesta en caso de una calamidad.

Jorge Tello Torres, director del Centro de Estudios Geoestadísticos e Informáticos KAB-GEO, sostuvo que México tiene el reto de desarrollar una infraestructura hidráulica adecuada para la contención de desastres, además de conformar bancos de información de todo lo que pueda significar un potencial riesgo.

“Es mucho más rentable invertir en actividades y políticas de prevención y mitigación, que gastar en resolver los desastres y dotar de servicios adecuados a la población o pagar los gastos médicos a las víctimas “, precisó.

Recomendó incluir en la propuesta de ley “observatorios ciudadanos hidráulicos” que monitoreen los fenómenos que puedan afectar la infraestructura del agua, así como registrar toda la información al respecto, como parte de un inventario nacional.

En representación de World Care México, Juan Carlos Hernández, señaló que al crearse una ley donde se cubre el rubro de desastres y accidentes, si no se cuenta con los presupuestos necesarios, no se resuelve sustancialmente este problema.

El tema de las pólizas de riesgos catastróficos por fenómenos naturales, consideró, tiene que ser una acción conjunta entre el sector privado y el sector gubernamental, pues cada uno tiene sus facultades, “el estado, el poder legal, mientras que el sector privado, es el que toma los riesgos de pago”.

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