• La corrupción destruye a la nación; no es un mal moral, sino una práctica que desalienta a la ciudadanía: Monreal Ávila

• Inaceptable que un gobierno la tolere y obstaculice la transparencia: Mejía Berdeja

03-11-2014.- Diputados, académicos e investigadores llamaron a generar y sentar las bases para contar con una efectiva política contra la corrupción que contenga medidas de prevención, detección y sanción, pues este problema, alertaron, afecta la estabilidad económica, política y social del país.

Al inaugurar el foro “Rumbo a una política efectiva anticorrupción”, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Monreal Ávila, expresó que este mal destruye a la nación, porque la codicia, los sobornos y el fraude devoran al Estado en su interior y lo hacen débil y vulnerable al exterior.

Indicó que la corrupción no es un mal moral, sino una amenaza práctica que desalienta a la ciudadanía y, en el peor de los casos, la hace presa de la cólera y la incita. Abundó que el país está situado al borde de un precipicio peligroso con la corrupción.

Monreal Ávila precisó que es “paradójico que quienes la han promovido ahora convoquen a construir un ente anticorrupción; por ello, dijo, se requiere un gobierno justo, el cual esté fundado en un sistema de supervisión y equilibrio”.

“Necesitamos sacudir al país, para tener una nueva clase de gobernantes y una mejor política”, afirmó.

El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Mejía Berdeja, destacó que hoy se vive una emergencia nacional en términos políticos, económicos y de seguridad pública, donde la “base negativa de esa crisis está en la corrupción”.

Una política efectiva al respecto, sostuvo, parte de cuatro elementos: prevención, disuasión, detección y sanción. De ahí que sea inaceptable permitir que un gobierno tolere la corrupción, obstaculice la transparencia y vaya contra el Estado de derecho que tanto se anhela.

Aseguró que esta práctica en México va desde las “mordidas” hasta las grandes operaciones como las de Oceanografía, el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o “la extraña adjudicación” del Tren México-Querétaro.

Mejía Berdeja denunció que un gran foco de descomposición está en la minera. “Es inadmisible la actitud de los funcionarios de la Secretaría de Economía, quienes otorgan por amistad y compadrazgo concesiones mineras, certificados de yacimientos inexistentes y han brindado apoyos económicos sin cumplir con la normatividad”.

Se manifestó para que desde el Congreso, la academia y la sociedad, se impulse una política que permita enfrentar este cáncer; de lo contrario, advirtió, “los problemas van a seguir, pues temas como el de Iguala tienen que ver con la corrupción de los cuerpos policiacos, de los alcaldes, de tantos recursos que se destinan a nivel federal en materia de seguridad y no sirven para nada”.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (MC) señaló que un elemento central en este deterioro es la impunidad, porque queda sin sanción el delito que comete la persona que se corrompe y que constantemente se beneficia del puesto que ocupa.

Indicó que el país enfrenta una cuestión crítica que de alguna manera no sólo está vinculada con el tema salarial, sino también con una serie de incentivos que pueden generar que un servidor público esté en la legalidad y no tomar la otra vía.

A su vez, Gerardo Villanueva Albarrán, diputado de Movimiento Ciudadano, argumentó que es necesario avanzar hacia reformas que frenen estos delitos, impulsar la cultura de la legalidad y de la aplicación del derecho. “Vivimos en una sociedad que se escandaliza de la corrupción, pero a la primera que puede lo hace”.

Del Instituto para la Defensa del Interés Público, Ernesto Gómez Magaña señaló que el combate a este problema necesita bases y esquemas, así como herramientas y procesos específicos para enfrentarlo. Propuso retomar el diagnóstico sobre los riesgos de corrupción, como una necesidad y obligación de los diferentes entes públicos.

José Luis Estrada, consultor del Colectivo “Yo Contra la Corrupción”, dijo que en nuestro país muchas cosas se hacen más rápido a través de la dádiva y existe un mal diseño institucional porque no se fomenta la conducta ética. Enfatizó que existe corrupción en todos los ámbitos, y estimó que el problema se debe entender desde una visión preventiva, sistémica e integral y no solo punitiva.

En tanto, Judith Galván Rodríguez, socia de la empresa Práctica de Servicios de Asesoría Financiera-Forensic de KPMG en México, detalló que es necesario tener un programa integral anticorrupción, el cual contemple mecanismos de prevención y detección, que den respuesta a la falta de consecuencias, porque eso es lo que genera este problema.

El jefe de la Oficia de Combate a la Corrupción en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, Edgar Saldaña Ángel, planteó atacar ese vicio desde distintos frentes, no solamente el legal. Sin embargo, aclaró que su proceso de combate será gradual, porque es un problema muy arraigado. Propuso cerrar espacios susceptibles de corrupción a través de la simplificación de trámites y sumar esfuerzos ciudadanos para aprovechar la trasparencia y rendición de cuentas.

Óscar Arredondo, investigador del área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, consideró que algunos pendientes legislativos son fortalecer a la Secretaría de la Función Pública, controlar el gasto público de estados y municipios, y la regulación de la deuda pública. Además, dijo, existen varios huecos normativos en materia de fiscalización, ya que la Auditoría Superior de la Federación está limitada para auditar los recursos, por lo que se requiere reformar la Constitución Política, de manera que la fiscalización sea más expedita.

En tanto, Edgar Martínez Ugalde, subdirector de Investigación y Análisis Sociopolítico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), sostuvo que es fundamental hacer leyes más expeditas que se cumplan y tramites más sencillos, además de la transparencia y rendición de cuentas, “porque se pueden crear todas las normas que se quieran, pero si no transparentamos en qué se gasta el recurso, no se va a poder combatir la corrupción”.

Edna Jaime Treviño, directora general de México Evalúa, recalcó que se tiene un problema de efectividad en los controles anticorrupción, por lo que planteó analizar qué falta para solucionarlo y fortalecerlos. “Creo que si logramos eso, no necesitamos un órgano anticorrupción, y vamos a tener algo mucho más potente de lo que hay actualmente”.

Del Colectivo “Yo Contra la Corrupción”, José de Jesús Sosa López, manifestó que no basta con transparentar la corrupción, si no se consideran medidas de corrección y se constituyen instituciones efectivas. “De nada sirve combatir a los corruptos si no alteramos sus causas; no queremos saber cuántos hay, sino cómo ya no habrá”.

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