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| Boletín N°. 4561 | Expresan diputados a comisionados del IFT preocupación por la falta de reglas para la portabilidad numérica |
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04-11-2014 Con el objetivo de analizar las actividades y evaluar el desempeño del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones sostuvieron reunión de trabajo con los comisionados del organismo creado en septiembre de 2013 por mandato de la reforma estructural en la materia.
Durante el encuentro, los presidentes de estos órganos legislativos manifestaron su preocupación por el tema de la portabilidad numérica, figura que abre oportunidades de competencia a los operadores de telefonía celular y beneficios a los usuarios, pero ante la cual el IFT no ha emitido las reglas aplicables a dos días de vencerse el plazo para ello.
El presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Federico José González Luna Bueno (PVEM), detalló que en la legislación secundaria de telecomunicaciones se estableció que la portabilidad numérica debería llevarse a cabo en 24 horas y que bastaría la manifestación de voluntad por parte del usuario para tal efecto.
Estas condiciones serían garantizadas por el IFT a partir del 6 de noviembre de 2014; empero, acusó que el documento sometido a consulta por parte del instituto, donde se plantea un plazo mayor al estipulado para cumplir su obligación, “es una manera indirecta de no dar cumplimiento a lo claramente establecido por el Poder Legislativo”.
Subrayó que se tuvieron 110 días a partir de la publicación de la ley para cumplir con las reglas de portabilidad. “El hecho de que el instituto sea autónomo –enfatizó- no lo exime del cumplimiento cabal de las leyes y de la Constitución”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Héctor Gutiérrez De la Garza (PRI), reconoció que el IFT nunca empleó como excusa la falta de leyes secundarias para procesar determinadas resoluciones que debía emitir, únicamente recurrió al marco constitucional para ello.
Sin embargo, se pronunció por emplear esa misma iniciativa para resolver las dudas que técnicamente serán difíciles de cumplir, pero que violentan la intención de los legisladores de proporcionar beneficios inmediatos a los usuarios de telefonía celular.
“De los plazos establecidos en los artículos transitorios, el que sigue es el del 6 de noviembre y, por consiguiente, requerimos una determinación muy clara sobre en qué consisten esas reglas administrativas”, abundó.
Al tomar la palabra, el comisionado presidente del IFT, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, subrayó que la portabilidad numérica se encuentra entre los temas que ocupan y preocupan a la instancia que encabeza, en afán de garantizar los beneficios de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión.
Por otra parte, explicó que en el primer año de trabajo del instituto, se determinó a los agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión, a quienes se les impuso medidas amplias para evitar que su magnitud tuviera un efecto negativo en la competencia.
Asimismo, comentó que se han iniciado procedimientos de investigación para determinar a los agentes económicos con poder circunstancial en el mercado de audio y video.
Para la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión, aclaró que el proceso iniciará entre el 18 y el 20 de noviembre con la recepción de las solicitudes y concluirá a más tardar el 19 de marzo de 2015 con el fallo correspondiente.
Refirió que 636 resoluciones y acuerdos se han consensado en las sesiones del IFT, entre las cuales destaca la emisión de cinco consultas públicas. Asimismo, se ha dado seguimiento a más de mil trámites que se encontraban pendientes, 473 en telecomunicaciones y 448 en radiodifusión, entre expedición de títulos, permisos, prórrogas, autorización de cesiones, entre otros.
Se heredaron 58 asuntos de la extinta Comisión Federal de Competencia; 78 asuntos en materia de competencia económica se han resuelto y actualmente 29 se encuentran en trámite, agregó.
Para cumplir con el mandato constitucional de la transición a TV digital, Contreras Saldívar refirió que una vez que se cumpla con el 90 por ciento de penetración de esta señal, el IFT estará en condiciones de apagar regionalmente la análoga, ante lo cual se han implementado campañas para informar a la gente al respecto.
De las tareas establecidas por ley pendientes o en proceso, detalló, se prevé la emisión de un proceso electrónico de gestión para tramitar convenios de interconexión, y la expedición de lineamientos para colaborar con las instancias de justicia.
También se tiene pendiente la eliminación de cargos por larga distancia; la instalación del consejo consultivo del IFT; el plan para la reorganización del espectro radiofónico, y la definición de los puntos de interconexión de los agentes preponderantes.
Además, los lineamientos para la multiprogramación; el estudio sobre la programación infantil; los términos para la transición de permisos a concesiones de radiodifusión y la determinación de los casos en los que no se precise contar con lenguaje de señas o subtitulaje en los programas de televisión.
Al iniciar los cuestionamientos, la diputada Martha Gutiérrez Manrique (PRI), cuestionó sobre los avances en la desagregación de la red local del operador preponderante y el impacto que se espera en la competencia; así como el tipo de regulación que se implementará para atender a operadores extranjeros interesados en el mercado mexicano.
El priista Adolfo Bonilla Gómez solicitó la fecha del apagón analógico. Cuestionó sobre las reglas de contacto, como la entrevista con los agentes regulados. Además de la difusión de las reuniones, acuerdos y declaraciones del IFT, las cuales deben ser públicas y ¿cómo cumple con esta obligación?
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik refirió que es un tema fundamental la licitación de las dos nuevas televisoras abiertas, cuyo fallo se conocerá en marzo de 2015, porque “es uno de los grandes logros de la reforma de telecomunicaciones, ya que alentará gran competencia en el sector”.
La priista Landy Margarita Berzunza Novelo aseguró que la Ley de Telecomunicaciones ha tenido un buen inicio por el incremento en la demanda de los servicios en el segundo trimestre del presente año respecto al mismo periodo de 2013.
Por el PAN, el diputado Juan Pablo Adame Alemán refirió dos preocupaciones; una, relativa a los derechos de los usuarios como la portabilidad y la propuesta de que se diera después de 120 días, “no quisiéramos entrar a sospechas indebidas, y tampoco que el preponderante tuviera esas ventajas”. Pidió agilizar el proceso.
La segunda, por las facturas y recibos más caros que en el último mes fueron entregados a los usuarios de teléfonos móviles y fijos, debido a que el preponderante decidió cambiar las políticas del uso de datos sin aviso previo y a partir de ahí empezó un cobro de datos extras. Se pronunció por proteger los derechos de los consumidores.
Dijo que aunque es responsabilidad de la Profeco, el IFT tiene que llamar la atención sobre estas prácticas de algunas empresas que van en contra del bolsillo de los mexicanos y del espíritu de la ley que busca favorecer a los consumidores para que elijan lo que más les convenga.
La panista Patricia Lugo Barriga expresó su preocupación sobre la portabilidad numérica, en particular por la forma en que se garantizará su aplicación a partir del viernes. ¿Tienen alguna medida para sancionar a las compañías telefónicas que incumplan y, una compensación a los usuarios afectados por la tardanza?, preguntó.
Por el PRD, la diputada Purificación Carpinteyro Calderón consideró que se está en la época digital y “lo importante no es la interconexión entre redes sino el intercambio de tráfico de datos a través del internet, cosa que ni siquiera toca la Ley Federal de Telecomunicaciones”.
Preguntó a los comisionados qué piensan hacer en relación a la política para el intercambio de tráfico de datos en el interior de la República y cuestionó si ya se inició el proceso de los elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado de la producción y distribución de contenidos audiovisuales. Asimismo, quiénes han sido sancionados por prácticas monopólicas absolutas.
Por el PVEM, el diputado Federico José González Luna Bueno señaló que debido a la manera de operar de los mercados en nuestro país, no se puede pasar de tener un preponderante en telecomunicaciones a no tener nada. Cuestionó si el instituto considera llevar a cabo estudios en la determinación de los mercados de telecomunicaciones previamente a la autorización de cualquier plan de desincorporación de activos.
En su turno, la diputada Ana Lilia Garza Cadena (PVEM) mencionó que en el artículo 18 transitorio de la ley se refiere a la redistribución del espectro radiofónico, la transición de AM a FM, por lo que cuestionó cuál es el plan o proyecto que se lleva a cabo para enriquecer la competencia y las funciones de la radio.
Por su parte, la diputada Luisa María Alcalde Luján (MC) refirió que una gran cantidad de usuarios presentan quejas sobre el abuso en costos de servicio de operadores telefónicos, sin que la Profeco o el propio IFT resuelvan.
Pidió que los comisionados explicaran ideas alternativas para combatir el abuso y los sobrecostos, que sin justificación las compañías cobran al usuario. Refirió que el tema central de la reunión es la decisión del IFT de no oponerse a una acción de inconstitucionalidad respecto a la Ley de Telecomunicaciones, y dijo que los consejeros debieron defender sus facultades para evitar sospechas.
En su participación, la diputada Cristina Olvera Barrios (NA) señaló que si bien la reforma a las telecomunicaciones pretende mejorar la competencia entre los distintos actores y fortalecer la calidad de servicios, se deja un poco de lado a la población indígena.
También, preguntó respecto a las afectaciones a la salud, por la exposición a campos electromagnéticos y radiaciones, ya que de acuerdo al artículo 65° de la ley deben considerarse límites. Exhortó a los comisionados a exponer los criterios los midan, así como las normas precautorias para evitar problemas de salud pública.
En respuesta a los cuestionamientos, el presidente del IFT, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, reiteró que su interés por dar lugar a una portabilidad efectiva lo antes posible y que sea efectiva en 24 horas”.
Refirió que esto, según se ha dicho en la consulta pública, requiere la implementación de sistemas informáticos, softwares, equipos de red y mecanismos. “La pregunta que tendríamos que hacernos es: Todo esto sería posible lograrlo el mismo día que se expida la regla o se requiere de un plazo razonable para modificar esos equipos”.
Asimismo, asegurarse de tener una regla que este, “no sólo bien escrita sino que sea eficaz en su cumplimiento, lo más rápido posible, para que esta portabilidad tenga lugar en las 24 horas que se han señalado”.
“Salimos a consulta pública con un proyecto de reglas que trabajaron los equipos técnicos. Derivado de ésta, se recibieron 40 observaciones. Algunas muy pertinentes se incluyeron el proyecto y se someterán a consideración del pleno del IFT, el cual aún no se ha pronunciado al respecto”, agregó.
Apuntó que la atracción de inversiones se basa en la reciprocidad. Los inversionistas, explicó, han expresado interés porque sienten que el mercado realmente está cambiando al ofrecer certidumbre y predictibilidad en el regulador.
“Lo más importante es que cualquier inversionista nacional o extranjero tenga certidumbre sobre la actuación del regulador y de lo que se espera del mercado. Se ha actuado decididamente a efecto de atraerlos”, afirmó.
Señaló que el noveno transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no impide el ejercicio del IFT para aplicar la Ley Federal de Competencia Económica, en cuanto a la definición de los agentes preponderantes.
Del apagón analógico, refirió que el primer estado de la República que se eligió para que esto ocurra es Tamaulipas; “será sin lugar a dudas, ver cómo resulta el primer ejercicio de este nuevo modelo. Lo que se pretende es obtener el mejor aprendizaje, para ver si es necesario ajustar algo”.
Asimismo, “con el primer apagón analógico, con base en el nuevo marco jurídico se revisará si ese es el camino a seguir andando y cumplir con lo que se planteó para el año que viene”.
Expresó que los razonamientos de cada consejero son públicos y expuestos para su consulta. Indicó que no existían principios de una afectación constitucional y afirmó que otros organismos actuaron anticonstitucionalmente y no hicieron nada.
Particularmente sobre el derecho de acción que otorga la Constitución al instituto, comentó que parte de un principio de afectación de competencias que a su parecer no existe.
Apuntó que la atracción de inversiones se basa en la reciprocidad. Aseguró que los inversionistas han expresado interés porque sienten que el mercado realmente está cambiando al ofrecer certidumbre y predictibilidad en el regulador.
“Lo más importante es que cualquier inversionista nacional o extranjero tenga certidumbre sobre la actuación del regulador y de lo que se espera del mercado. Se ha actuado decididamente a efecto de atraerlos”, afirmó.
El comisionado Mario Fromow Rangel dijo sobre la desagregación e impacto de no cobro de tarifas de terminación, que el IFT revisa el último documento técnico presentado por el agente económico preponderante y el entregado por los concesionarios solicitantes. Informó que a finales de este mes se emitirá una resolución al respecto.
Luego de la resolución definitiva, explicó, el agente económico preponderante presentará para su aprobación a la oferta de referencia en un plazo de 60 día naturales. Indicó que la desagregación es un insumo esencial, para que los nuevos operadores la utilicen para proporcionar servicios más eficientes y tendrá un gran impacto en la competencia en el sector.
Precisó que la emisión de radiaciones no ionizantes es un tema de relevancia para el instituto, el cual retomará proyectos previos en México y se basará en lo establecido por comités internacionales para así evitar complicaciones a la salud de los mexicanos, además de que se pondrá a su consulta dicho tópico.
Explicó que en México ya se propició el primer punto de intercambio de tráfico con algunas ventajas, “yo no me atrevería decir que pudieran ser solamente económicas sino, inclusive, de seguridad nacional y seguridad pública para calidad, servicio y mejor experiencia del usuario”.
De igual forma, Mario Germán Fromow reiteró que los posicionamientos de todos los comisionados son públicos y comentó que la controversia constitucional no es un medio para imponer visiones de políticas públicas o regulatorias, sino un mecanismo de defensa constitucional.
Aseguró que si bien las leyes se prestan a diferentes interpretaciones, cuentan con herramientas y criterios sólidos que el instituto puede hacer valer de forma integral para el pleno ejercicio de sus atribuciones en beneficio de los usuarios.
Respecto a la portabilidad, el comisionado Fernando Borjón Figueroa aseguró que el IFT cumplirá con la emisión de las reglas administrativas que eliminen barreras administrativas y requisitos, que puedan retrasar e impedir la portabilidad numérica, a través de medios electrónicos, a fin de cumplir con el mandato constitucional.
Apuntó que se plantean 55 reglas para llevar a cabo estos cambios. También modificar el Plan Técnico Fundamental de Numeración y Señalización, para que a través de un número telefónico, se propone que sea el 051, las llamadas puedan ser analizadas y se lleve a cabo la portabilidad. Siguiendo las mejores prácticas internacionales, se busca eliminar al operador cedente y eso requiere cambios técnicos en la numeración y en el administrador de la base de datos.
Indicó que se establecerá un sistema interactivo y automático de voz para lograr la migración de números en 24 horas o menos.
Respecto a la reorganización del espectro radiofónico, refirió que 500 estaciones transitaron de AM a FM; sin embargo, quedaron lugares en la república donde esto no se pudo lograr.
“No hemos llegado a la final de la reorganización del espectro. El gran reto es conjuntar este programa de reorganización radiofónica con el de licitación de frecuencias anual, que deberá precisar las que podrán participar para fines comerciales, así como las que se oferten para uso social”, explicó.
Comentó que hay aspectos controversiales desde la reforma constitucional y, por ello, convertir las expectativas de la reforma de telecomunicaciones.
Aseveró que la reforma será la guía que orientará a interpretar la ley en sentido pro competitivo, pro servicio y pro derechos de usuarios. La capacidad de interpretar la ley en sentido positivo, podrá dar la base para cumplir expectativas reales, dijo.
La comisionada Sofía Labardini Inzunza apuntó que “no se obstaculizará la portación de número. Todos queremos una portabilidad eficaz, gratuita y eficiente que, junto con el desbloqueo, alentará competencia y movilidad geográfica, sin demeritar la calidad de los servicios”.
Sobre las quejas por facturación de servicios adicionales, por tarifas no regionales o cualquier otra, comentó que los costos no registrados son una infracción a la ley, en caso de que el preponderante no informe al usuario. Recomendó una atención integral para proteger los derechos de los usuarios.
Afirmó que el IFT no ha ejercido acciones penales en contra de personas que hagan uso ilícito del espectro radioeléctrico; sin embargo, ha detectado más de 15 casos donde se emitían señales radiofónicas sin contar con permiso o concesión alguna, lo cual obligó a aplicar las sanciones correspondientes.
“No podemos permitir que se prolifere el uso ilegal del espectro, pero tampoco que se cierre la puerta para acercarse al instituto para obtener concesiones legales”, aclaró.
Apuntó que “no se obstaculizará la portación de número. Todos queremos una portabilidad eficaz, gratuita y eficiente, que junto con el desbloqueo alentará competencia y movilidad geográfica, sin demeritar la calidad de los servicios”.
Asimismo, manifestó que el instituto y la ley, no sólo son relativas a las telecomunicaciones, sino a la libertad de expresión, un tema en deuda con los pueblos indígenas.
Puntualizó que la reforma será un parteaguas en materia de acceso a información, pues reconocerá derechos lingüísticos, además de incluir concesiones de uso social. Se abrirá la puerta para que el Estado respete a cabalidad los derechos de comunidades indígenas.
En tanto, la comisionada María Elena Estavillo Flores dijo que en el momento que se reciba, porque aún no ha ocurrido de manera formal, un plan de desincorporación por parte del agente económico preponderante, la preocupación principal será analizar si éste produce condiciones de competencia efectiva. También se tendrían que verificar otras cuestiones como reducir la participación en el sector.
Afirmó que lo principal “sería ver si se producen condiciones de competencia y esto lo haríamos bajo el marco de la Ley Federal de Competencia Económica, que es la especializada”. Para ello, dijo, se trabaja en muchas líneas paralelas y una de las tareas por desarrollar es la de las disposiciones regulatorias de dicha ley. Además, uno de los temas que se deben incluir son los criterios para definir la competencia efectiva.
Por último, el comisionado Adolfo Cuevas Teja admitió que la normativa no puede anticipar todas las prácticas lesivas de las operadoras de telefonía celular en cuanto a contratos y cobro de servicio, por lo que precisó la colaboración del Congreso de la Unión, los órganos reguladores y las autoridades para generar sistemas de protección a los usuarios.
Por otra parte, refirió que se han establecido mecanismos de cooperación con Profeco para superar las trabas y rezagos legales. “La colaboración institucional es muy necesaria para ir afinando la legislación periódicamente, la dinámica de las industrias y actualización del mercado”, acotó.
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