12-11-2014.- La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, que preside la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD), aprobó un dictamen para que cooperativas pesqueras tengan un mínimo de 25 de socios.

Esta reforma, señala el documento, representará una medida disuasiva contra la explotación de mano de obra, favoreciendo el ordenamiento de la actividad pesquera.

Con una modificación a la Ley General de Sociedades Cooperativas se busca promover la constitución de agrupaciones de este tipo con verdadera vocación y un mejor seguimiento a sus operaciones, a favor de un óptimo ordenamiento de la actividad pesquera.

Actualmente, la legislación señala que este tipo de sociedades se deben integrar con cinco socios, como mínimo, “lo que ha derivado en un aumento de estas organizaciones y en un inadecuado seguimiento”, se subraya.

El dictamen explica que la redacción vigente propicia que particulares agrupados en una sociedad cooperativa pesquera contraten trabajadores asalariados, “contraviniendo ampliamente el espíritu que da sustento al cooperativismo y la propia la ley”.

Advierte que la esencia del cooperativismo y la economía social queda gravemente fragmentada ante la evidencia de que el esfuerzo de mano de obra contratada beneficia a particulares organizados en estas sociedades y no al colectivo que produce los bienes y servicios.

La modificación aprobada brinda a los pescadores contratados como mano de obra, la oportunidad de constituirse en organizaciones con verdadera vocación de beneficio colectivo.

Durante una reunión de trabajo, la Comisión también aprobó en sentido positivo la opinión respecto de la iniciativa que expide la Ley para Impulsar el Crecimiento de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, que concentra disposiciones vinculadas a las aspiraciones de lograr el desarrollo del país.

El punto de vista aprobado, considera necesario modificar la iniciativa para incorporar al sector social de la economía de manera explícita y con pleno reconocimiento de su importancia en la promoción de la productividad y competitividad.

El documento enviado por el Ejecutivo, señala, contiene deficiencias que impiden alcanzar los objetivos propuestos, pues no se asigna al Estado un papel protagónico, sino únicamente de regulador, coadyuvante. En cambio, continúa, el sector privado es puesto como actor fundamental del proceso de productividad y competitividad.

Además, omite la importancia del sector social de la economía como garante de la estabilidad, la productividad y la competitividad en la medida en que es un factor de armonización y eficiencia de gran importancia.

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