21-11-2014.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó un dictamen para reformar el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de ampliar las causas por las que no pueden ser discriminadas en ningún espacio público o privado.

Actualmente, la norma considera como motivos para no excluirlos la edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición social. Con la reforma se incluye el origen étnico o nacionalidad, discapacidad, condiciones de salud, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.

En reunión de trabajo, se dijo que actualmente existen en el mundo casi 700 millones de personas adultas mayores de 60 años y más, y se estima que para el 2050 esta población será de dos mil millones de personas, lo que representará un aumento del 20 por ciento de la población mundial.

El documento señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 27.9 por ciento de los adultos mayores ha sentido que la edad ha sido motivo para que no se les respeten sus derechos.

Asimismo, suelen sentirse desprotegidos y vulnerables contra el abuso de autoridad por origen étnico, preferencia sexual o condición de salud y enfrentan dificultades por exclusión laboral, en salud y por condición de incapacidad.

Por ello, destaca la importancia de garantizar y proteger a este sector de la población ante la discriminación que atenta contra la dignidad.

Los integrantes de este órgano legislativo también aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), a realizar los estudios y previsiones necesarias para crear nuevas casas hogar, albergues y residencias de día, públicos y gratuitos, para esa población de escasos recursos económicos que lo requieran, así como fortalecer la supervisión de los existentes para que cumplan la normatividad.

Asimismo, por llevar a cabo una campaña de difusión de amplia cobertura para inducir una cultura de reconocimiento, valoración y respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores.

El dictamen refiere que, según el INEGI, en 2013 existían 723 asilos y otras residencias para el cuidado de ancianos, sin distinguir si eran públicos y privados, y se le consideró una cifra insuficiente.

Añade que muchas personas de la tercera edad, dada su precaria situación económica y la de sus familias, no pueden ingresar a los centros asistenciales de carácter privado, los cuales en ocasiones cobran elevadas sumas de dinero.

Además, existen albergues o casas hogar que trabajan fuera de la ley y sin vigilancia y, a pesar de que cobran una mensualidad por la atención y cuidado de la persona adulta mayor, no la atienden e incluso atropellan sus derechos y dignidad.

La Comisión también avaló otro punto de acuerdo para exhortar a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno y al INAPAM para que implementen campañas de información y concientización del respeto a las personas adultas mayores.

El objetivo es inculcar valores cívicos encaminados a erradicar cualquier acto que atente contra la estabilidad física y psicológica de las mismas, como parte del reconocimiento a sus derechos humanos, induciendo en la familia, niñas, niños y adolescentes, una cultura de respeto y tolerancia.

El documento menciona que en México, 16 por ciento, es decir, más de un millón y medio de adultos mayores sufren maltrato o abuso, siendo las mujeres quienes más lo padecen. Sin embargo, también hay personas que omiten los actos que atentan contra su bienestar.

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